JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Firmaron el convenio para el desembolso de mil 300 millones de dólares
Washington y Bogotá ponen en marcha el polémico Plan Colombia
Ť Reafirma EU su compromiso en la lucha antidrogas Ť Ha sido un acto histórico: Fernández de Soto
Ap, Afp, Dpa y Reuters, Santafé de Bogotá, 27 de septiembre Ť Colombia y Estados Unidos formalizaron hoy la puesta en marcha del controvertido Plan Colombia, una estrategia militar antidrogas, al firmar un convenio general para el desembolso y la inversión de los mil 300 millones de dólares de que consta el programa.
El acuerdo fue signado entre canciller colombiano, Guillermo Fernández de Soto, y la embajadora estadunidense en Bogotá, Anne Patterson, quien reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha antidrogas con el país sudamericano.
A su vez, Fernández de Soto refirió que "ha sido un acto verdaderamente histórico. Hoy, con la suscripción del convenio marco y los acuerdos que van a permitir instrumentar la ejecución de los programas, damos comienzo al Plan Colombia".
Los programas serán implementados a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que al comienzo entregará 95 millones de dólares, y según Patterson los recursos serán para apoyar la "democracia", una reforma judicial, los derechos humanos y la paz.
En medio de este anuncio, el gobierno del presidente Andrés Pastrana desestimó la decisión de congresistas de Estados Unidos de suspender la ayuda a dos brigadas colombianas acusadas de violaciones a los derechos humanos, al considerar lo ocurrido como un "malentendido".
Al mismo tiempo se conoció que un análisis del FBI puso en entredicho una versión de los militares colombianos de negar su responsabilidad en la muerte de 16 civiles en 1998, al comprobarse que la bomba detonada en Santo Domingo correspondía a municiones entregadas por Washington a la fuerza aérea colombiana.
El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, dijo que la suspensión temporal de la ayuda estadunidense a las brigadas 12 y 24 del ejército, que operan en los departamentos de Caquetá y Putumayo, una zona cocalera, "no se trata de una sanción, se trata de preguntar de casos antiguos y en qué estado se encuentran".
Niegan asistencia al ejército
El legislador Christopher Dodd dio a conocer este día en una audiencia de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado que las citadas dos brigadas del ejército colombiano no recibirían asistencia ni entrenamiento de Estados Unidos, "como resultado aparente de violaciones contra los derechos humanos".
Ramírez atribuyó esta cuestión a "un malentendido", y explicó que el informe en que se basaron los congresistas para dichas acusaciones habla de avance de investigaciones de casos antiguos que seguramente no conocía la embajada estadunidense.
El fiscal Alfonso Gómez señaló que es incorrecto inculpar a toda una unidad ya que las violaciones a los derechos humanos son responsabilidades penales "individuales".
El segundo jefe del ejército, general Néstor Ramírez, dijo que se trata de casos "trasnochados" ocurridos hace más de cinco años, y que forman parte de "una campaña en la que están empeñadas organizaciones y personas contrarias al Plan Colombia".
En cuanto al informe del FBI, que desmiente que la bomba haya sido arrojada por las guerrillas, el comandante de la fuerza aérea, general Jairo García, insistió en que los rebeldes plantaron los fragmentos de la bomba en el lugar de la tragedia.
Sin embargo, existen testimonios de los pobladores y sus abogados de que la fuerza aérea dejó caer una bomba en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, que mató a 16 personas, incluso varios niños.
El informe del FBI, entregado desde mayo a Bogotá, asienta que los fragmentos hallados en el lugar corresponden a una bomba AN-M41 de nueve kilos diseñada en Estados Unidos, la que fue concebida para ser lanzada de 120 metros de altura.
Por ese caso, tres miembros de la fuerza aérea encaran posible cargos de homicidios ante un tribunal militar.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresaron su voluntad de proseguir los diálogos de paz, pero acusaron al gobierno de utilizar el caso del aeropirata (que se refugió en la zona sur que ocupa) como excusa para aplazar la discusión sobre el canje de rebeldes presos por militares y policías en su poder.
El vocero rebelde, Andrés París, reiteró que en definitiva las FARC "en ningún momento van a entregar" a Arnubio Ramos, el aeropirata guerrillero, ya que éste "no es canjeable ni negociable".
En Brasilia, un juez de Río Grande do Sul decidió suspender la deportación del vocero en Brasil de las FARC, Francisco Antonio Cadena Collazo, tras la presentación en su favor de un habeas corpus. En paralelo, Brasil puso en marcha el Plan Cobra para reforzar sus fronteras con Colombia y así evitar el ingreso de traficantes y drogas de esa nación como efecto del Plan Colombia.
El Plan Cobra comprende 200 combatientes que se coordinarán con el ejército y costará 5 millones de dólares, el cual coincide con otras medidas de salvaguardia adoptadas por Perú y Ecuador.
Mientras, una tensa calma prevalecía en la frontera amazónica entre Ecuador y Colombia, al implantarse un riguroso control militar en la ciudad fronteriza de Lago Agrio con motivo de la reunión que sostendrán allí los presidentes Andrés Pastrana y el ecuatoriano Gustavo Noboa.
La preocupación es porque a pocos kilómetros de la zona tienen lugar enfrentamientos entre fuerzas de las FARC y paramilitares de derecha.