VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Luis Javier Garrido Ť
El reacomodo
Los intereses más conservadores incrustados en el próximo gobierno, en vez de desmantelar al sistema priísta buscan, en una nueva ofensiva, el desmantelamiento de la Constitución de 1917, y a pesar de la gravedad, muy pocos parecen darse por aludidos.
1. La pretensión del gobierno que encabezará Vicente Fox de modificar sustancialmente la Constitución y expedir otra que sustente al nuevo régimen, tal como hizo público Porfirio Muñoz Ledo en nombre de la mesa de reforma del Estado, constituye un escándalo no sólo por la vía antidemocrática que se pretende seguir para imponer cambios fundamentales al país, sino por el probable contenido de los mismos dada la composición de la citada mesa, y que ya se anuncia olvidándose que el próximo gobierno se ha asumido como de transición y que no tiene legitimidad alguna para hacer un cambio de estas dimensiones.
2. El mecanismo propuesto es muy preocupante ya que, según informaciones, los tres académicos que redactaron el proyecto, carentes de la mínima cultura jurídica proponen modificar previamente el artículo 135 para suprimir la intervención de las legislaturas estatales en el proceso de reformas a la Constitución, a fin de que sean los partidos políticos en una negociación cupular con el gobierno los que en "una nueva comisión" aprueben los cambios que serían enviados al pleno de las Cámaras, mismos que, sin discusión pública, se presentarían a la ciudadanía para ser convalidados, culminando así ese mecanismo elitista que fortalecerá la tendencia a la partidocracia, a la que tanto acudieron Salinas y Zedillo ante el proceso de descomposición del PRI.
3. La soberanía nacional reside en el pueblo, según el artículo 39, pero para los autores de esa propuesta la soberanía debe residir en las elites políticas y empresariales de México, que pretenden arrogarse el derecho de modificar la Constitución a su antojo borrando de unos cuantos plumazos la historia nacional.
4. La Constitución, parece olvidarse, es a pesar de todas las limitaciones que tuvo de origen y de las más de 400 modificaciones que le hicieron 16 gobiernos en poco más de 70 años, producto de nuestras luchas sociales, y su contenido no puede manosearse impunemente como hicieron esos 16 gobiernos sustentados en el partido de Estado, que le impusieron a espaldas de los mexicanos múltiples cambios desafortunados cuando no verdaderas contrarreformas.
5. Los partidos políticos no tienen legitimidad para meter mano a la Constitución en arreglos cupulares y a espaldas del pueblo, como hicieron a lo largo de los sexenios de Salinas y de Zedillo, ni mucho menos para producir una nueva Constitución, como pretenden hacer, y para lo cual sus legisladores no fueron electos. Diputados y senadores del PRI y el PAN votaron casi sin excepción todas las contrarreformas neoliberales de los sexenios de Salinas y de Zedillo, y los del PRD no se quedaron atrás en casos trascendentes: como la contrarreforma al artículo 3Ɔ de 1990 por la cual se buscó abrir la vía para privatizar las universidades públicas.
6. El aspecto más curioso de este proceso que la burocracia gobernante llama "transición mexicana" no lo constituye el que ésta se halla en manos de representantes del "antiguo régimen", que en los últimos años negociaron la reconversión neoliberal del Estado, sino que parece que se busca profundizar la reconversión neoliberal del Estado, es decir, acentuar las políticas monetaristas de desregulación impuesta por los organismos financieros internacionales. No es de extrañar que, de acuerdo con lo que se ha informado, la mayor parte de las propuestas de los notables de esta mesa sean para modificar, además de algunos principios de contenido político, los artículos 3Ɔ (educación) y 27 (tenencia de la tierra). Tras una aparente reforma política democrática aparece la tendencia de sentar las bases para legitimar al Estado neoliberal.
7. El nuevo gobierno no puede tener consenso para hacer nuevas contrarreformas, pues si bien el gobierno de Washington y los sectores conservadores del país pretenden que se promulgue aquí un marco constitucional neoliberal, amplios sectores de mexicanos defienden una carta constitucional que consigna los derechos individuales y sociales de los mexicanos, busca sean rectificadas las contrarreformas salinistas y se someta a los gobernantes al control de la sociedad y a la fuerza de la Ley.
8. La iniciativa de Fox para modificar la Constitución pone de relieve algo que muchos han querido desconocer, y que ni PAN ni PRD tuvieron durante la campaña de 2000 ni tienen ahora: un proyecto de transición, y que a) como partidos políticos funcionales al FMI y al Banco Mundial han aceptado seguir modificando las leyes mexicanas para facilitar la preminencia de las trasnacionales y mantener el mismo modelo económico, además de que b) acostumbrados a los arreglos y componendas por debajo de la mesa, en lo político sólo plantean una recomposición del "sistema" de dominación política que garantice los intereses económicos dominantes y en el que sólo hubiera un reacomodo de los actores políticos.
9. La supuesta transición "de terciopelo" queda en un simple reacomodo de los grupos tradicionales al pretender desconocerse, por la conveniencia de intereses existentes, que en el caso de México las estructuras antidemocráticas se han sustentado esencialmente no en el régimen constitucional, sino en un sistema político y económico de facto, por lo que es prioritario desmantelar ese sistema antes que pretender modificar las leyes: prohibiendo al Partido de Estado, acabando con el corporativismo, estableciendo tribunales independientes, revisando las privatizaciones de los dos últimos sexenios, recuperando para la nación lo que está en manos del salinismo, aplicando la ley y enjuiciando a cientos de criminales de Estado, retirando al ejército de las comunidades indígenas de Chiapas, terminando con las prácticas de corrupción de siete décadas.
10. El proyecto de una "nueva Constitución" redactada en petit comité por académicos y empresarios ignorantes y reaccionarios que pretenden relegar a los ciudadanos al triste papel de aprobar ese paquete de cambios, es contrario a nuestra historia y al reclamo social de los últimos años en el sentido de que todo debe ser discutido desde la base de la sociedad por los pueblos y las comunidades de México entero: por la soberanía nacional, que no reside en los partidos.