VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Obligada la arquidiócesis a cumplir con las leyes de un Estado laico, dice
La Iglesia convocó a la marcha antiaborto: Garduño
Gabriela Romero Sánchez y Bertha Teresa Ramírez Ť En respuesta al extrañamiento que el cardenal Norberto Rivera hiciera a la administración que encabeza Rosario Robles, el director general de Gobierno, Francisco Garduño Yáñez, ratificó que existen pruebas de que la Iglesia Católica, desde el púlpito, convocó a los ciudadanos a participar en la marcha contra el aborto que se realizó el domingo pasado.
Luego de resaltar que el Gobierno capitalino nunca le ha negado a los ciudadanos su derecho a la movilización, Garduño Yáñez se defendió: "lo que yo dije fue nombres y apellidos, además tenemos datos de que hasta los propios dirigentes del PAN del DF dijeron que ellos no se sumaban al llamado del cardenal".
El funcionario rechazó que se pueda hablar de un enfrentamiento entre autoridades de la administración capitalina y la Iglesia católica. "Creo que los purpurados están conscientes de que son épocas de conciliación y de reconciliación, y de que no hay que abrir heridas de épocas cristeras".
Entrevistado antes de iniciar la comparecencia del secretario de Gobierno, Leonel Godoy, ante el pleno de la ALDF, en relación con el extrañamiento de la arquidiócesis de México, Garduño manifestó que como autoridad está obligado a cumplir con la ley, que establece un Estado laico.
"Como individuo cristiano y guadalupano, le pido al señor que lo perdone, porque no sabe lo que dice, en su interdicto que emitió el día de ayer", acotó.
Comentó que, en su opinión, hace falta que las autoridades federales, que tienen la obligación de hacer cumplir el artículo 130 de la Constitución, le hagan un llamado a la Iglesia para que se siente a la mesa y de esta manera evitar volver a la época cristera.
La coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Ana María Hernández, señaló que contrariamente a lo que asegura el subsecretario de Asuntos Religiosos de Gobernación, Humberto Lira Mora, la alta jerarquía del clero católico ha violado el artículo 130 constitucional.
Recordó que esta disposición impide a los ministros de culto asociarse con fines políticos, realizar proselitismo político y, en reunión pública, en actos del culto o de propaganda o en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.
Sin embargo, el diario Nuevo criterio, órgano oficial de la arquidiócesis de México, publicó en su contraportada -en su número 347- una invitación a la marcha Por la vida que realizaron el domingo pasado diversas organizaciones, en contra de las disposiciones legales en materia de aborto aprobadas por la ALDF el 18 de agosto, expuso la coordinadora de esa agrupación feminista.
Hernández, cuya agrupación participa con otras 40 organizaciones feministas en la Campaña por el Acceso de las Mujeres a la Justicia, y que impulsaron las reformas al Código Penal del DF, señaló que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por las fracciones parlamentarias de PAN y PVEM ante la Suprema Corte de Justicia, tiende a consolidar una estrategia de largo plazo para restablecer la penalización del aborto en todo el país.
Advirtió sobre un posible atentado a la laicidad del Estado, ya que "existe una clara vinculación entre esos partidos, las organizaciones que marcharon el domingo pasado en contra del aborto y la jerarquía de la Iglesia católica".
Señaló que las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales no atentan contra la Constitución mexicana "ni mucho menos constituyen una reforma que no haya sido discutida a nivel nacional".
Recordó que por motivos eugenésicos está permitido el aborto en 11 entidades, mientras que por violación y grave riesgo a la salud de la mujer en ocho estados, sin que hasta el momento se hayan presentado recursos de inconstitucionalidad en esas entidades, donde el PAN cuenta con una importante presencia en los congresos locales. Las reformas, dijo, simplemente homologaron la legislación del DF con la de otros estados en donde las mujeres cuentan con esos derechos.