BOLIVIA: CONVULSION QUE NO CESA

Por segunda vez en este año, Bolivia se encuentra en un estado de convulsión social cercano a la ingobernabilidad. A un prolongado paro nacional del magisterio se unen las movilizaciones de los cultivadores de hoja de coca, quienes se resisten a la destrucción de sus plantíos ancestrales; las demandas generalizadas de incrementos salariales; las protestas por una ley depredatoria de los recursos hidráulicos y el rechazo a la construcción de cuarteles militares adicionales en las regiones de Chapare y los Yungas.

En el primer semestre de este año, una movilización campesina contra las pretensiones de privatizar el servicio de agua potable, en la región de Cochabamba, culminó en una paralización casi completa del país; en esta ocasión, las protestas de profesores y campesinos cocaleros han sido el detonador de una nueva oleada de malestar ciudadano generalizado.

El desasosiego social tiene, como correlato político, la creciente debilidad del gobierno que preside Hugo Bánzer Suárez, ex dictador militar con un pasado cruento y represivo, quien llegó al poder por segunda vez por la vía electoral. Tal coartada no ha evitado las comparaciones entre Bánzer y sus colegas en desgracia de otros países del Cono Sur, especialmente desde la detención del chileno Augusto Pinochet, en Londres, en 1998, y desde la reactivación de los procesos penales contra los cabecillas de la tiranía militar argentina por secuestro de bebés. En el contexto internacional presente, Bánzer resulta tan impresentable como el propio Pinochet, como los argentinos Videla y Galtieri, y como el actual presidente del Congreso guatemalteco, el genocida Efraín Ríos Montt.

Lo anterior es indicativo de las asignaturas pendientes de la institucionalidad política boliviana: el restablecimiento de la democracia formal en los años 80 no sólo no ha resuelto la marginación ancestral y lacerante de vastos sectores de la población, las desigualdades y la desintegración social, sino que más temprano que tarde terminó en manos de los antiguos golpistas.

En ese contexto, casi cualquier movimiento de descontento es capaz de catalizar los múltiples agravios que padecen las mayorías y conducir al país a situaciones de ingobernabilidad como la presente.

Es claro que en muchas de nuestras naciones, el contrato social debe redefinirse. América Latina no podrá transitar a la modernidad -a pesar de los esfuerzos de sus modernizadores, tan cosmopolitas como ajenos a las realidades del subcontinente- con la mayor parte de su población en situación de hambre, marginación, insalubridad y opresión, y menos aún con ex gorilas impunes y reciclados para la democracia.