SABADO 30 DE SEPTIEMBREDE 2000
Ť Beneplácito de organizaciones de derechos humanos por la decisión
Acuerda España solicitar a México la extradición de Cavallo
Ť "Un paso adelante" en la persecución de genocidas y en la lucha contra la impunidad: ONG
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 29 de septiembre Ť El gobierno español decidió hoy tramitar a México la petición de extradición del ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), Ricardo Miguel Cavallo, acusado ante la Audiencia Nacional de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).
El juez instructor del caso, Baltasar Garzón, giró el auto judicial el pasado 12 de septiembre, si bien el Ejecutivo español, a cargo del conservador José María Aznar, no había dado su beneplácito para la continuación del proceso de extradición, lo que provocó la puesta en marcha de una campaña internacional en la que se le exigía el acatamiento de las decisiones judiciales sin más "demora".
En el seno de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las asociaciones de las víctimas de la represión militar se valoró "muy positivamente" este "nuevo paso adelante" en la persecución de los genocidas y en la "lucha contra la impunidad".
El ministro de Justicia español, Angel Acebes, decidió hoy finalmente "elevar la solicitud" del juez Garzón ante el Consejo de Ministros, que aprobó de forma colegiada entregar al gobierno mexicano el auto judicial en el que se documenta la implicación de Cavallo en 423 actos delictivos durante el régimen represor impuesto por los militares argentinos.
El gobierno de Aznar comunicará hoy mismo a las autoridades mexicanas la petición de extradición a través de las vías diplomáticas habituales, es decir, la embajada de España en México entregará el auto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que ésta a su vez haga llegar oficialmente el documento al tribunal que instruye el proceso de extradición de Cavallo. En este documento judicial, de 231 páginas, se acredita en primer lugar la identidad del presunto genocida, también conocido en la causa como Miguel Angel Cavallo. Garzón aporta pruebas y dramáticos testimonios que revelan el grado de implicación de Cavallo en el régimen de terror impuesto por los militares, al participar "en forma directa y activa y con pleno conocimiento". Señala el magistrado que el apodado también Sérpico, "dado su grado de oficial y la responsabilidad jerárquica que ostenta, es claro que participa en todo el sistema de represión, desaparición y eliminación de personas, delitos contra la propiedad, allanamientos ilegales y falsedades que se desarrollaron en la Esma".
Garzón destaca, asimismo, las tareas de espionaje desarrolladas por Marcelo-Sérpico-Cavallo cuando se puso al frente del Centro Piloto de París, así como en la participación directa de 227 secuestros y en 16 casos de mujeres embarazadas a quienes, por orden de Cavallo, les fueron arrebatados sus hijos.
Entre los testimonios recopilados por el magistrado destaca la del periodista argentino Juan Gasparini, que presenció el asesinato de su esposa. Hoy mismo, el juez Garzón tomó declaración a dos víctimas de los sanguinarios métodos de Cavallo, se trata de Cecilia Gaglietto de Testa y de María Beatriz Cerutti; la primera conoció a Cavallo "profundamente", ya que mientras tenía secuestrada a su hija acudía algunas noches a dormir en su casa, bajo la amenaza de que mataría a la menor. Mientras que Cerutti fue víctima de la desaparición de su esposo y de su padre y del robo de bienes por más de 10 millones de dólares.
Carlos Slepoy, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina en Madrid y abogado de la acusación particular y popular, explicó a La Jornada que se encuentran "satisfechos, pues estábamos un poco expectantes con el proceso, al no haberse tramitado el viernes pasado. Esta decisión es producto de miles de comunicaciones que se han enviado al Ministerio de Justicia por parte de mucha gente en el mundo, que dio cuenta al gobierno de que es un tema que si no lo hubiera resuelto hoy, hubiera habido protestas de muchos organismos y personas. Celebramos la decisión, es la adecuada y era la única que podía adoptar el gobierno, además que se da un espaldarazo a la acción de la justicia española".
En cuanto a las previsiones sobre el proceso de extradición que se iniciará en México, Slepoy afirmó que "hasta ahora las actitudes de todos los actores del proceso han sido correctas; se están respetando los términos que establece el tratado de extradición, por lo que creo que hay plena conciencia de que son crímenes de persecución internacional y, en este sentido, creemos que el proceso de extradición no debe tener ningún sobresalto".
Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, señaló a La Jornada que la posible extradición de Cavallo a España "significa una pequeña lucecita que se prende y que nos hace ver que estos asesinos no van a poder salir del país porque siempre habrá alguien dispuesto a condenarlos, así que estamos muy satisfechas que el trabajo de tantos años tenga pequeñas luces, que son un motivo para seguir peleando contra la impunidad de estos asesinos".
Bonafini señaló que espera que "la justicia mexicana proceda como corresponde y que lo extradite a España, y que no entre en negociaciones espurias con el gobierno argentino, que lo que menos quiere es que lo extraditen; así que esperamos y aspiramos a que México haga lo que tiene que hacer, pues nosotros ya conocemos bastante lo que es la injusticia y nos daría mucha preocupación y pena que se negociara en México el envío de este asesino a Argentina".
Bonafini criticó la postura del presidente argentino Fernando de la Rúa, que defiende el principio de territorialidad en este proceso, a lo que manifestó que "De la Rúa fue de los que aprobaron la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, es un militarista y tiene con él a asesinos en el poder, así que no confiamos en este gobierno para nada.
Entregaron carta a Fox
"Nosotros sólo confiamos en los tribunales internacionales y en las presiones que podamos ejercer desde cualquier parte del mundo". Carlos Iriarte, vocero de la acusación popular, informó que entre las acciones que se llevarán a cabo los próximos días destaca la entrega de una carta dirigida al presidente electo mexicano, Vicente Fox, para que se dé "el máximo respeto a las decisiones de la justicia y que no haya la menor injerencia del Ejecutivo mexicano en esta cuestión, que deberá ser resuelta por los tribunales". Esta petición será entregada la próxima semana, en la visita de Fox a España.
Manuel Olle, abogado de la acusación particular y popular, también hizo una valoración "positiva" de la decisión adoptada por el gobierno español, si bien acotó que "era lo esperado, salvo que el gobierno español hubiera querido interferir en el Poder Judicial, y por tanto invadir una esfera que no le correspondía; es decir, el gobierno ha hecho lo que tenía qué hacer, pues tenía el imperativo de realizarlo. También es de agradecer que no hayan puesto ningún pero, y conforme llegó la demanda de extradición, vía judicial, el poder político haya cumplido con su obligación".
En cuanto a la solidez del auto de extradición, el jurista español, que es un especialista en este tipo de procesos, explicó que "la demanda de extradición es absolutamente sólida. Yo, muy gráficamente, veo a Cavallo en las plataformas donde salen maletas de los aeropuertos, desembarcando de Barajas con la bola y la cadena al pie. Esa es la imagen que tenemos ahora todos los que estamos luchando para que se acabe la impunidad en el mundo y para que estos criminales estén a buen recaudo".