SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Mal uso de los recursos públicos, el cargo, señala el oficial mayor del GDF
Procesados, 8 mil funcionarios en la actual gestión: Pascoe
Ť La mayoría de los casos corresponden a las áreas de seguridad y procuración de justicia
Susana González G. y Josefina Quintero Ť Durante los tres años que el PRD ha gobernado el Distrito Federal, unos 8 mil funcionarios públicos han sido procesados por diversos actos de corrupción, reveló el oficial mayor del Gobierno capitalino, Ricardo Pascoe Pierce.
La mayoría de los casos detectados por las autoridades locales corresponden a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, precisó el funcionario luego de inaugurar un seminario sobre el combate a la corrupción organizado por la Oficialía Mayor en colaboración con la embajada de Estados Unidos y el Colegio de México.
Indicó que del total de servidores públicos que han sido procesados, 3 mil pertenecen a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En tanto, información de la Procuraduría capitalina indica que sólo de enero a julio del presente año, 2 mil 828 servidores públicos han sido "consignados", de los cuales 60 por ciento pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública -mil 700 casos-, mientras que la PGJDF concentra una tercera parte, con 943 expedientes, y los 185 restantes corresponden a otras dependencias del Gobierno capitalino.
El oficial mayor señaló que los procesos contra servidores públicos que han incurrido en delitos demuestran que el Gobierno del DF "ha actuado con mucha energía y no le ha temblado la mano pensando que afectaría intereses, porque el único interés que defiende es el de la población en general".
En tal sentido, elogió la labor efectuada al respecto por los titulares de la PGJDF y la SSP, Samuel del Villar y Alejandro Gertz Manero, al considerar que ambos "han actuado con gran rectitud y mucha fuerza personal".
Sobre los funcionarios procesados, señaló que se les acusa por diversas causas, como firmar contratos sin cumplir con un procedimiento fijado en la normatividad interna, pero aclaró que corresponde al Ministerio Público o a la Contraloría General del DF llevar a cabo la investigación respectiva y emitir un dictamen.
El oficial mayor recomendó a los funcionarios que pretendan enriquecerse con su trabajo optar por el sector privado: "los servidores públicos deben conducirse con corrección frente a la población. Ese es su compromiso, y si quieren tener mucho dinero, ahí está el sector privado, hay muchas opciones. El sector público no es para enriquecerse, es para atender y servir a la población, y si uno no tiene ese compromiso debe irse a otra cosa".
Indispensable, la confianza
Ante los asistentes al seminario, Pascoe Pierce expresó que resulta "indiscutible" que la gobernabilidad y la credibilidad no pueden existir "si no hay confianza en los funcionarios públicos y en su relación con el uso y orientación de los recursos".
Subrayó que es indispensable que la sociedad sepa y perciba que las autoridades actuales de la capital del país actúan de manera distinta a los gobiernos anteriores.
"Podemos hablar de una avanzada importante en el combate a la corrupción, en una determinación y voluntad política para avanzar firmemente por el rumbo de la consecución de gobiernos legítimos basados en la credibilidad y en la confianza de la gente".
No obstante, reconoció que el camino en la materia todavía "es largo", ya que no puede haber logros por decreto; mencionó que deben reforzarse los mecanismos de vigilancia, y se mostró confiado en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador proseguirá con las tareas que al respecto ya emprendió esta administración.
Agregó que existen "otros puntos sensibles" del gobierno local donde se han cometido irregularidades, y como ejemplo mencionó el manejo que se hace de los desechos sólidos.
Calificó como "resultado palpable" de las tareas anticorrupción emprendidas por el gobierno de Rosario Robles, al conflicto reciente con el Sindicato Unico de Trabajadores del DF en torno a la entrega de uniformes: "demostramos que se pueden modificar conductas". Y sostuvo que afortunadamente las autoridades han encontrado algunos líderes del gremio que están de acuerdo en que las cosas han cambiado.
Mencionó que las normatividades internas de la administración pública son muy importantes para erradicar esas prácticas, pero destacó que las organizaciones sociales, las asociaciones cívicas y ciudadanas que pudieran abocarse al papel de la vigilancia juegan un papel muy importante en el tránsito político de un gobierno cerrado y autoritario a uno abierto, transparente y accesible a la sociedad. "El ojo público es quizá la contraloría más importante que hay en la ciudad de México en este momento", afirmó. Toda falta, por menor que sea, dijo, tiene que ser castigada y corregida.
Descartó que la corrupción se origine en los bajos salarios de los funcionarios públicos, y la atribuyó a prácticas y tradiciones del pasado, utilizadas como forma de hacer política. Añadió que el combate a la corrupción no es un tema para legislar, sino para promover el acatamiento de la ley por parte de servidores públicos y de ciudadanos en general. Puntualizó que las autoridades actuales han promovido una cultura al respecto.