MIERCOLES 1o. DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Carlos Montemayor Ť
Los documentos de Gutiérrez Barrios
Fernando Gutiérrez Barrios fue el eje de varios procesos políticos y policiacos claves del México moderno; también, de la estrecha relación diplomática del gobierno mexicano con el de Cuba desde los días anteriores al embarcamiento del Granma. Gutiérrez Barrios actuó con eficiencia cuando tuvo en sus manos el poder de seguridad nacional y la represión política quizás porque no se le impuso límite. Pero actuó con cordura y disciplina cuando fue remplazado y bloqueado; cuando el Cisen se propuso, más que la modernización de las tareas de seguridad nacional, el remplazo político y generacional de la policía política en México. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 25 años, el Cisen no pudo igualar la eficacia del pasado que se proponía superar y cancelar.
No estoy del todo seguro que con su muerte se pierda en su totalidad la memoria que él poseía de esas facetas políticas y criminales de la represión en México. En nuestra historia reciente ha resultado más fácil matar, desaparecer y cremar a perseguidos políticos que desaparecer documentos militares y policiacos. Es seguro que el informe que leyó recientemente ante el Senado de la República a propósito de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco no haya sido el único documento que tuviera archivado.
El resguardo de esa posible documentación debemos considerarlo como un hecho lógico. Era necesario conservar una memoria de documentación a lo largo de muchos periodos. Primero en las represiones de los gobiernos de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines contra los henriquistas. Luego en la represión de ferrocarrileros y de médicos. Más tarde en la represión y masacre del 2 de octubre de 1968. Después en la barbarie desplegada por la Brigada Blanca durante la década de los 70. Posteriormente, durante la penetración del narcotráfico en las esferas políticas de México y en la ruptura y cancelación de la Policía Federal de Seguridad.
Una vez creado el Cisen, su reacción discreta, ponderada, institucional, le valió su permanencia en el sistema como un elemento útil en nuevos planos políticos: en Caminos y Puentes Federales y en el gobierno del estado de Veracruz. Su retorno a la Secretaría de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari ocurrió en un periodo fuertemente marcado por un hecho inusitado: el bloqueo a la secretaría misma por parte del entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, y del asesor presidencial, José Córdoba Montoya. Tales bloqueos en el campo del quehacer político y de seguridad nacional no podían pasar desapercibidos a un individuo como él, conocedor de lo que tales cambios y bloqueos significaban como concepción general del Estado. Nueva información y nuevos análisis habrá sabido resguardar y aclarar para mejores o, al menos, futuros tiempos.
Además, no le era fácil aceptar que el secuestro de que fue objeto se originara en un circuito de delincuentes puros; que delincuentes comunes lo secuestraran en el estacionamiento de un restorán a plena luz del día, sin preocuparse de imponderables policiacos en avenidas como Miguel Angel de Quevedo, Pacífico, División del Norte y calzada de Tlalpan. Quizás no bastaban para explicar el secuestro los posibles enlaces de su chofer habitual.
Creo que la documentación del México que él protagonizó llegará, tarde o temprano, a ser accesible. Pero no tenemos la certidumbre ahora por una razón que ya he mencionado antes: porque en México los secretos de Estado son considerados patrimonio personal. No hay entre nosotros una conciencia institucional en el ejercicio del poder. La corrupción se encubre al igual que gran parte de la toma cupular de decisiones económicas, políticas o militares. Los mexicanos debemos comprender que las tareas de gobierno, en todos niveles, no pueden ser vistas como patrimonio personal de nadie; deben registrarse como memoria institucional y no como dádiva personal.
A lo largo de cinco décadas ha sido imposible descubrir a cabalidad los motivos irrazonables de la masacre de henriquistas, de la masacre de Tlatelolco, de asesinatos de centenares de perredistas, de las masacres de Aguas Blancas, de Acteal o de El Boque, porque en nuestro sistema político se confunde la tarea del gobernante con una especie de privilegio privado que él puede ejercer en cualquier circunstancia y momento. Las tareas públicas y el poder no son patrimonio personal. No puede estar la memoria histórica, institucional, de México, a merced del capricho, buena disposición, valentía o generosidad privada. ƑPor qué aceptamos que las tareas de seguridad nacional permanezcan supeditadas a los intereses de los grupos de poder en turno? Deben estar clara e institucionalmente delimitadas para servir al país, para que los secretos de Estado dejen de ser patrimonio personal y sean patrimonio de la nación.