,MIERCOLES 1o. D E NOVIEMBRE DE 2000

Ť Llama a equilibrar solicitud y concesión del recurso

Se ha abusado del juicio de amparo, reconoce Silva Meza

Ť Se planteará en el congreso privilegiar la actuación de jueces

Ť La reunión, acto espurio; disfraza intereses políticos: Burgoa

Jesús Aranda y Gustavo Castillo Ť El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció ayer que se ha abusado del juicio de amparo, por lo que una de las tareas del próximo congreso nacional jurídico será la de establecer un justo equilibrio "entre la demanda de protección y el otorgamiento de esa medida cautelar". Adelantó también que se analizará privilegiar la actuación de los jueces para que cuenten con mayores elementos cuando les sea solicitada la suspensión provisional.

Al ofrecer ayer, junto con el ministro Humberto Román Palacios, una conferencia de prensa sobre la trascendencia del congreso nacional jurídico, en el que la próxima semana se discutirá el proyecto de nueva ley de amparo, Silva Meza aseveró que dicho proyecto responde precisamente a la necesidad de adecuar la ley en la materia para que defienda de una manera más efectiva los derechos fundamentales de la gente frente a los actos de las autoridades, y que en el caso de quienes han criticado la iniciativa -como el maestro emérito Ignacio Burgoa Orihuela-, "como toda rama del conocimiento, nadie es poseedor ni depositario de la verdad absoluta". Además, agregó, una premisa en la elaboración de esta iniciativa fue que "todo aquel que tenga algo que decir, que lo haga".

Por su parte, en conferencia de prensa, Ignacio Burgoa Orihuela, quien también es presidente del Instituto Mexicano del Amparo (IMA), afirmó que el congreso nacional de juristas "es espurio", y que las reformas planteadas a la Ley de Amparo son "totalmente" deleznables, además de que la comisión de ocho juristas que elaboraron el proyecto -entre éstos los ministros Silva y Román, así como magistrados, académicos y abogados litigantes-, "son improvisados" y que junto con el presidente de la Corte, ministro Genaro David Góngora Pimentel, "disfrazan sus intereses meramente políticos" porque pretenden modificar una legislación sin conocer a fondo el tema del amparo.

Argumentos de magistrados

Por otra parte, en la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de la Corte, Silva Meza dijo que al menos tres de los integrantes de la comisión que elaboró el proyecto -él, Román y el magistrado César Esquinca-, tienen una experiencia de 33 años en el Poder Judicial de la Federación, "o sea, más de 30 años en contacto con la Ley de Amparo". Esto, aseguró, independientemente de las más de 230 ponencias que presentaron sobre el tema jueces, magistrados, abogados litigantes y académicos, quienes con su participación hicieron posible que por primera vez la comunidad jurídica nacional tome parte en la confección de una legislación, lo que finalmente le dará "legitimidad social" al proyecto.

Agregó que aun cuando hay quienes han dado a conocer su rechazo a la iniciativa y que no asistirán al congreso jurídico -pese a que fueron oportunamente invitados por la Corte-, quienes han manifestado su desacuerdo con la iniciativa "ya están dentro del análisis, ya están aportando su punto de vista".

Y remató: "El doctor Burgoa tiene un lugar en la judicatura nacional, es un experto, es una persona dedicada al juicio de amparo, tiene una opinión, es una persona dedicada al juicio de protección de la justicia, pero como en toda rama del conocimiento, nadie es poseedor ni depositario de la verdad absoluta".

Respecto al abuso que se ha hecho del recurso de amparo, Silva Meza dijo que, si bien los instrumentos jurídicos son a veces complicados, lo cierto es que también las autoridades administrativas deben asumir su responsabilidad. En alusión a la controversia generada por el incendio de la discoteca Lobohombo, el ministro hizo un llamado a que "cada quien revise sus propias cuestiones, que cada quien asuma sus responsabilidades y que cada quien considere sin cerrarse, sin desconocer...", que todos los involucrados analicemos nuestra participación en un juicio de responsabilidad y en consecuencia, se ponga un remedio "serio" en la ley.

Agregó que en el proyecto de la nueva legislación se plantea otorgarle mayores elementos al juez para que resuelva una suspensión provisional, para que resuelva "no tan a ciegas", sino que tenga la oportunidad de allegarse elementos adicionales a la documentación que presente el quejoso. Comentó por ejemplo que el juzgador podría enviar incluso a sus actuarios a lugares en los que sospeche se trata de algún establecimiento en situación irregular.

Román Palacios añadió que en el congreso, a realizarse la semana próxima en Mérida, Yucatán, se discutirán cuestiones como precisar las causas por las cuales se concede el amparo, el cumplimiento inmediato de las ejecutorias, ampliación de plazos para interponer ese recurso, cuestiones de procedimiento, así como la inaplicación de leyes que sean declaradas inconstitucionales en esos juicios, es decir, modificar la famosa fórmula Otero, que establece que los amparos que se conceden en contra de leyes ilegales sólo benefician a quien solicitó la protección de la justicia federal.

Si hubiera participado en el proyecto no tendría postura crítica: Burgoa

En entrevista, al término del coloquio sobre la Ley de Amparo que se realizó en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Burgoa Orihuela reconoció que de haber sido invitado a participar en la elaboración del proyecto de reformas, no tendría la misma postura crítica. "Y quizá, no es ninguna petulancia, no hubiera resultado un proyecto tan nefasto, tan aberrante como éste que no se va a discutir, se va a homologar en el congreso de Mérida".

Afirmó que quienes tienen la verdad sobre amparo en México son: "los expertos en la materia, porque tienen nada menos que el conocimiento profundo y para adquirirlo requirieron de toda una vida. Quienes poseen esto son los jueces de distrito, los postulantes en el tema y los docentes en amparo. Esos son los autorizados, no personas improvisadas como las que integran la famosa comisión de la que surgió este mal proyecto llamado nueva ley de amparo. Esa iniciativa la hicieron los improvisados, no los capaces ni conocedores".

Señaló que los ministros de la Suprema Corte, Juan Silva Meza y Román Palacios, dos de los integrantes de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto, "son respetables como ministros, pero ni Juan Silva Meza ni Román Palacios han dedicado su vida al estudio y la práctica del amparo, porque no basta ser ministro de la Corte para conocer ese recurso. Para eso se necesita estudiarlo desde el punto de vista histórico, jurisprudencial, doctrinal, legal y dedicarle toda una vida".

Burgoa Orihuela criticó que sólo Héctor Fix Zamudio, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, haya sido llamado a colaborar en la elaboración del anteproyecto de reformas, pero reconoció que "es el único que goza de fama pública de ser especialista". Sin embargo, al referirse a los tres ministros antes mencionados, señaló que "no son especialistas en amparo".

Rechazó que él o los profesores de la Facultad de Derecho de la universidad tengan intereses políticos para rechazar una reforma a la actual legislación de amparo, pero sí responsabilizó a los ministros Góngora Pimentel, Román Palacios y Silva Meza de tener intereses políticos en este tema, que disfrazan de "una supuesta intención de dar una buena ley de amparo a México".

A la pregunta de por qué no asistirá a Mérida a plantear sus puntos de vista respondió: "Sería tanto como convalidar un congreso espurio. Mi presencia ahí convalidaría y además iría como invitado de piedra, porque ciertamente me invitó Góngora, pero nada más como asistente. Los que van a intervenir en este congreso no son amparistas, y van a esperar a la muchedumbre que va a aplaudir, va a ovacionar y que va a decir sí a todo como si se tratara de un mitin político. No va a ser un acto académico, va a ser un acto político este congreso".

Piden docentes investigar posible peculado

Roberto Terrazas Salgado, docente de la UNAM, y a quien le fue confirmada por la Suprema Corte su destitución como magistrado de circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) "debe investigar de oficio si los ministros que promueven el congreso incurrieron en el delito de peculado".

Insistió, al igual que Héctor García Vázquez, director de comunicación social del IMA, en la posibilidad de que 10 millones de pesos del presupuesto asignado a la Suprema Corte "pudieron haber sido desviados de alguna partida. Al menos, deben preguntar de dónde sacaron esos recursos para pagar hospedaje y transporte de los invitados al congreso", advirtió.