MIERCOLES 1Ɔ DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Bernardo Bátiz Vázquez Ť
La ley hoy
Entre la tupida maraña de noticias que recibimos todos los días, no es fácil encontrar rápida y fácilmente los puntos esenciales de lo que sucede. Los árboles no nos dejan ver el bosque; sin embargo, es necesario hacer un esfuerzo para dar con las pistas que nos indiquen hacia dónde se dirige este sufrido país nuestro.
Tres hechos, motivo de primeras planas, reportajes y comentarios de expertos, me permiten encontrar una conexión entre ellos y una referencia común a un tema fundamental en estos días de cambio; me refiero a los centros nocturnos llamados antros, al bono sexenal y al fallecimiento del senador Fernando Gutiérrez Barrios.
Don Fernando, como le decían obsecuentes quienes revoloteaban a su alrededor, fue el símbolo del poder extralegal que tenían los hombres destacados en la política nacional. Su fama era la de quien tiene en su poder los archivos, la información, los expedientes de todos y cada uno de los demás mortales, y por tanto sabe debilidades y flancos vulnerables de todos, y con esa información se convierte en una especie de poder superior al servicio solamente del presidente en turno.
La ley era el centro de su actividad, pero sus verdaderos poderes se encontraban en esa zona velada que otro secretario de Gobernación denominó "facultades metaconstitucionales", eufemismo para disimular el hecho contundente de que hay fuera, y por encima, de la ley poderes informales.
La muerte del senador es de alguna manera el signo de unos tiempos que acaban y otros que empiezan. Nos toca, a partir de la democracia, establecer un verdadero imperio de la ley.
El tema del bono sexenal toca también este dilema de la legalidad o la ilegalidad. La ley, esto es, el Presupuesto de Egresos, aprobado el año pasado con la anuencia de todos los líderes de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y sin protesta de nadie, suprime ese pago extraordinario que recibían los burócratas como una nota de privilegio frente a los demás trabajadores del país; sin embargo, por encima de esta ley, y a pesar de ella, los mismos trabajadores exigen que se les entregue.
Las autoridades tendrán que decidir entre la aplicación estricta de la disposición legal o la vuelta a los arreglos metalegales y los acomodos políticos fuera de la norma.
Finalmente, el tema de los antros tiene que ver también con leyes y reglamentos que no se cumplen, o se cumplen a medias, y con leyes, como la de amparo, que se manipulan y se retuercen para beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la ciudad.
Tuvo que suceder una catástrofe para que sociedad y autoridad pusieran atención especial en estos lugares en los que lo menos que sucede es que se esquilme, explote y corrompa a la juventud.
Independientemente del cumplimiento de reglamentos y horarios, de salidas de emergencia y medidas preventivas de accidentes y desastres, los lugares a que me refiero domestican de tal manera a los muchachos y muchachas que ahí van, que pierden paulatinamente su dignidad y su autoestima.
Son tratados ahí como ganado al que hay que sacarle el mayor provecho posible. Vigilantes de las puertas, meseros, guardias de seguridad, todos los tratan con órdenes groseras, empujones y golpes si es necesario; a cambio de un aturdimiento pasajero aceptan la humillación y la anulación de la propia individualidad. Estos lugares compran autoridades y violan la ley, pero así lo han hecho por décadas y no es fácil romper estructuras sociales tan arraigadas.
Las autoridades de la ciudad que están terminando su duro camino de tres años en el cual se empezó a revertir el proceso de la ilegalidad para avanzar hacia la legalidad, y las nuevas autoridades, que tendrán que darle seguimiento a esta tarea, tienen frente a sí un reto formidable, una gran labor, que no es fácil, pero que alguien debe afrontar y es el establecimiento del pleno imperio de la ley.
Personajes como el recientemente fallecido no pueden estar ya en el centro de la política nacional, es necesaria la transparencia en las acciones políticas; los trabajadores al servicio del Estado deben ser dignamente remunerados y, a cambio, tendrán que trabajar duramente, y por último, los centros y lugares de diversión han de cumplir no sólo con las leyes y reglamentos vigentes, sino con un nuevo sentido de salud mental y de respeto a la dignidad de las personas, especialmente de los jóvenes que buscan esos lugares para su distracción y entretenimiento.