MIERCOLES 1o. DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Si es necesario daré nombres, advirtió

Funcionarios de Chiapas lideran a Paz y Justicia: Samuel Sánchez

Ť Entablará querella penal contra La Jornada, dijo

Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de octubre Ť El líder de Paz y Justicia Samuel Sánchez Sánchez, actualmente procesado por los hechos de Yajalón, señaló que "si Paz y Justicia se dividió es porque algunos quieren seguir en el desmadre, en el desorden. Actualmente a Paz y Justicia la están liderando algunos presidentes municipales, algunos funcionarios del gobierno estatal. No quiero dar nombres pero si es necesario en alguna ocasión los vamos a proporcionar. Porque precisamente de ahí viene todo este rejuego..."

Dijo que su relación con funcionarios de gobierno siempre ha sido de "un trato institucional. Ni somos amigos ni somos enemigos, simplemente somos dos instituciones. Nosotros no sólo exigimos al gobierno, también proponemos, tenemos propuestas porque sabemos que el camino es sinuoso".

Además advirtió que una vez que "salga de ésta" entablará una querella penal contra el diario La Jornada, y otras casas editoriales de la entidad, porque consideró colaboraron en su detención y en las de otras diez personas.

Lo anterior porque en el expediente penal iniciado en su contra constan como parte de las pruebas acusatorias las pruebas documentales y gráficas que registró este diario el pasado 4 de agosto, cuando un comando armado presuntamente enviado por el ex legislador priísta colaboró en el desalojo de unas 90 personas que habitaban el predio Paraíso.

"Algunos medios han distorsionado la información. Tú te has cargado hacia una posición política ideológica. Lo respeto pero ojalá y algún día nos encontremos...", acusó Samuel Sánchez, visiblemente molesto por las denuncias que La Jornada ha recogido de grupos que se han visto afectados por las acciones de Paz y Justicia, al que consideran paramilitar.

Abordado en la sala del juzgado federal, mientras esperaba junto con los otros detenidos la llegada de las personas que los inculpan en los hechos -para carearse-, el máximo líder de Paz y Justicia subrayó: "A todos los corresponsales nacionales y extranjeros que han documentado nuestra participación en hechos ilícitos pido su comparecencia en este espacio para los desahogos.

"Pero no es ninguna amenaza, simplemente ya estamos aquí y vamos a aportar todas las pruebas necesarias para desmentir todo lo que se haya dicho..."

En el expediente penal 188/2000, además de las denuncias de unos 20 campesinos que acusan directamente a Samuel Sánchez, al legislador Raymundo Hernández Trujillo y Marcos Albino de haber proporcionado al comando armado que participó en el desalojo, se encuentra la información que sobre los hechos publicó La Jornada y al menos otro diario de circulación local.

Estas pruebas consisten en el testimonio de los propios reporteros sobre el grupo armado que encontraron al llegar al predio que fue desalojado. Además de haberlos visto lograron tomar algunas imágenes gráficas de ellos, lo que permitió identificar a uno de los armados y localizar la localidad de donde provienen.

"Lo que puedo adelantar es que fueron algunos periodistas los que prácticamente están haciendo la denuncia. Yo espero que una vez que salga de ésta, se desahoguen todas estas declaraciones que se han hecho. No se trata de establecer una guerra contra quienes no coincidimos, sino que se...

Un poco más calmado, Samuel Sánchez negó que los abogados defensores que hoy fueron adscritos a su caso estén siendo pagados por la secretaría del Gobierno del estado y que cuente con el apoyo político de los actuales diputados del PRI, como confirmaron fuentes oficiales a este diario.

"Somos una organización grande que estamos en ocho regiones económicas. Ellos (los militantes) se han hecho cargo de esta defensa. Y espero que todos nuestros aliados y amigos aporten para nuestra defensa", subrayó.

La audiencia prevista para este día se canceló porque los indígenas que los acusan no llegaron para carearse. Cuestionado sobre la posibilidad de una venganza contra estas personas, Samuel Sánchez reconoció: "Hay riesgos, en todo hay riesgos. Pero precisamente nosotros tenemos que trabajar... por eso insisto, después de lo ocurrido en 1994 hay que regresar todos a la mesa de diálogo y gradualmente podemos tomar decisiones".

De manera automática, el líder de Paz y Justicia empezó a tratar lo referente a la militarización que existe en los municipios donde su organización tiene presencia y donde desde 1995 han ocurrido múltiples emboscadas y enfrentamiento entre sus militantes e indígenas pro zapatistas.

"Nosotros no necesitamos que nos cuide el ejército en las comunidades. Ni la policía ni nadie. Pero hoy por hoy es un mal necesario porque disminuye la posibilidad de confrontación. Pero pues como se dice, yo creo que nuestra detención ya es un síntoma de acercamiento (del gobierno federal) con el EZLN. Yo celebro que efectivamente ojalá esto sea".

Cuestionado sobre si su detención se podría considerar como una venganza del PRI o de algunos funcionarios de gobierno con quienes ha tenido confrontaciones porque se han negado a apoyar sus posturas, Samuel Sánchez arremetió contra los partidos.

"Venimos luchando porque sean los indígenas de la región quienes decidan. Por eso a veces las contradicciones con los partidos. Son los partidos políticos quienes han utilizado a los indígenas (...) Los partidos políticos son una especie de cosas chiquitas que no resuelven la problemática social porque están en lucha por el poder".

En tanto, la dirigencia del grupo Paz y Justicia se deslindó de Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres, líderes "históricos" detenidos junto con otras nueve personas el vienes pasado por la PGR y acusados de ser paramilitares.

En un comunicado firmado por sus actuales líderes Cristóbal Gómez Torres y Diego Martínez Martínez, Paz y Justicia aseguró que los once indígenas detenidos "pertenecieron a nuestra organización, pero hace unos años fueron expulsados por las acciones que emprendieron durante su permanencia en la dirigencia de la agrupación".

Paz y Justicia aclaró que esa organización "no es paramilitar y prueba de ello es que los problemas intercomunitarios se han acabado en la zona norte desde que los ahora detenidos fueron expulsados".