MIERCOLES 1o. DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Descartan Green y Robledo que el caso Punta Banda afecte las relaciones

Los estadunidenses desalojados, víctimas: Departamento de Estado

Ť No estaban incluidos en la demanda ante la SCJN, señala

Notimex, Washington, 31 de octubre Ť El Departamento de Estado calificó hoy como ''víctimas de una disputa entre dos grupos mexicanos por la tenencia de la tierra'', a los estadunidenses desalojados de sus propiedades en Punta Banda, Baja California.

El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, señaló que el desalojo de sus connacionales fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, y dijo que esperaba se llegara a un arreglo del problema.

''Ellos (los estadunidenses) no estaban directamente incluidos en la demanda, por eso el fallo técnicamente no fue en su contra'', dijo Boucher.

Elementos de la Policía Federal Preventiva llegaron el lunes pasado a Punta Banda, ubicada al sur de Ensenada, para restituir a los verdaderos propietarios 18 hectáreas de terreno en diputa.

Esa acción cumplió con el fallo de la SCJN de regresar a sus verdaderos dueños los terrenos de Punta Banda, por lo que los residentes del lugar, en su mayoría estadunidenses, tuvieron que ser sacados de la propiedad.

El desalojo se llevó a cabo de manera pacífica, luego de un arreglo entre los agentes judiciales y los ejidatarios del predio Coronel Esteban Cantú, que se oponían a que los primeros ingresaran a Punta Banda.

''Esperábamos esta mañana que los ciudadanos estadunidenses propietarios, y los nuevos dueños de los terrenos, pudieran llegar a un arreglo permitiéndoles a estas personas regresar a sus casas'', subrayó el vocero del Departamento de Estado.

Hubo asistencia consular

Para el desalojo, el gobierno de Estados Unidos envió asistentes consulares para vigilar que se respetaran los derechos de sus ciudadanos, pero sin intervenir en la decisión que tomó la Corte mexicana.

El Departamento de Estado apuntó que no hubo actos de violencia en la acción y que los estadunidenses cumplieron con la prórroga de cinco horas que les dieron las autoridades para salir de los terrenos.

''Las familias estadunidenses han empezado a empacar sus pertenencias, tenemos funcionarios consulares en el lugar para asistir en todo lo que sea posible a los ciudadanos de nuestro país'', puntualizó Boucher.

Doscientos extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos, fueron desalojados de los terrenos que adquirieron en arrendamiento con los ejidatarios, en los cuales permanecieron más de 12 años y que ahora perdieron ante la máxima autoridad judicial del país.

Hace más de una década el complejo turístico ubicado al sur de California empezó a ser negociado con extranjeros, sobre todo estadunidenses jubilados, los que a su vez invirtieron más de 48 millones de dólares para construir el área residencial.

A los extranjeros desalojados se les dio un plazo no mayor de 30 días para tratar de llegar a un arreglo con los dueños, a fin de que no pierdan sus casas; si no lo logran, automáticamente perderán todo. ''Estamos listos para asistir a los involucrados de una manera apropiada'', dijo el portavoz.

La empresa Punta Estero señaló que no podrá respetar el contrato de arrendamiento, y pide hasta 150 mil dólares para respetar los contratos.

Ť Se cumplió con la ley, asegura el titular de la SRA; los nuevos dueños de los terrenos deberán renegociar con los extranjeros

Matilde Pérez, Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal Ť Mientras los representantes legales de los estadunidenses desalojados de Punta Banda responsabilizaron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de engañar a sus clientes al no alertarlos de que el terreno estaba en litigio y anunciaron demandas contra las autoridades mexicanas por excesos en el operativo de la Policía Federal Preventiva, funcionarios del gobierno federal sostuvieron que este asunto no afectará las relaciones binacionales.

Eduardo Robledo Rincón, titular de la SRA, afirmó que sólo cumplió con la ley, y ahora el hotel, los siete lotes, ocho casas en construcción y las 12 ya terminadas, pasarán a Purúa Punta Estero con cuyos dueños, dijo, deberán renegociar los extranjeros.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, rechazó que el desalojo de ejidatarios y de los residentes oriundos de Estados Unidos pueda convertirse en un conflicto internacional. Insistió en que los arrendatarios sabían que el lugar estaba en litigio y dio a conocer que antes de la acción sostuvo conversaciones con diplomáticos de la embajada de ese país en México, solicitándoles colaboración para la ejecución de la sentencia.

Tanto Green como Robledo establecieron que el dispositivo fue concretado en acatamiento a una disposición jurídica dictada por la Suprema Corte y no hubo ningún incidente que lamentar, para quedar como un asunto entre particulares.

Sin embargo, el cónsul de Estados Unidos en Baja California, Richard Rodríguez, advirtió escuetamente que las autoridades de su país ''se encuentran muy preocupadas por la situación que atraviesan sus ciudadanos".

A su vez, el gobernador de Baja California, el panista Alejandro González Alcocer, felicitó a las instancias federales por ''la limpieza'' con que se desarrolló el desalojo de las 18 hectáreas de terrenos de la lengüeta arenosa de Punta Banda, y expresó que ''fue la única solución al cumplimiento de la ley''.

Descartó que el incidente ahuyente las inversiones extranjeras o provoque la salida de los miles de extranjeros que ocupan las costas de Baja California. ''Hay seguridad y no creo que se lesione a las inversiones. La verdad es un caso aislado, único y que fue ocasionado por actos no muy ortodoxos que digamos; una situación que se dejó correr mucho tiempo y no creo que sea una situación general en el estado, es un caso de excepción''.

Por otra parte, en conferencia de prensa, el titular de la SRA, Eduardo Robledo, expuso que una copia del contrato firmado por los estadunidenses, en agosto de 1996, con el ejido Coronel Esteban Cantú -en papel membretado y con los sellos de la organización campesina-, aclara que Punta Banda no formaba parte del ejido y que ''todas las mejoras que se realicen en el predio quedarán en beneficio del arrendador''. También establece que no se podrá subarrendar la propiedad ni traspasar los derechos sin el permiso previo del mismo.

Precisó que el contrato tenía una vigencia de 9 años y 11 meses, pero conforme a la ley agraria anterior a 1992, la legalidad vigente era de 3 años y previa autorización de las autoridades. En la acción de restitución fue identificada una persona que representaba a diez subarrendatarios.

Respuesta a críticas

En respuesta a las críticas de la Confederación Nacional Campesina, de que actuó con excesivo rigor y no agotó el diálogo con los ejidatarios, Robledo Rincón mencionó que en octubre del año pasado se intentó restituir la propiedad a Purúa Punta Estero, pero hubo resistencias y por ello, en diciembre, ''personalmente acudí a Ensenada para instalar una mesa de negociación; el esfuerzo de conciliación sí se agotó...''

Reveló que en esa misma zona la SRA inició la entrega de 52 hectáreas que, también por resolución judicial, serán retornadas a Nueva Ensenada SA; Carlos David y Germán Malamut Rusett; Esteban, Carlos, Leslie y Karen Pedro Arena, quienes tienen 32, 12 y 8 hectáreas, respectivamente, y en cuya superficie hay 282 casas. Insistió en que sólo acató la resolución de la Corte y por tanto no puede ''calificar la acción de ejecución''. Resaltó que no se violaron los derechos de los estadunidenses y ejidatarios.

Luego, entrevistado en el Senado de la República, a donde llegó para asistir a la sesión solemne en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez al filósofo Leopoldo Zea, el funcionario dijo que su participación en el desalojo sólo tuvo como propósito el de entregar la propiedad a los legítimos dueños, de acuerdo con el resolutivo de los magistrados. Explicó que a los nuevos propietarios les corresponderá hacer cualquier trato posterior con los particulares afectados con el dictamen de la Corte.

El secretario de la Reforma Agraria recordó que el 8 y el 11 de octubre de 1999, la dependencia a su cargo trató de dar cumplimiento a la sentencia de los jueces, pero no fue posible debido a la posición de la gente.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte, Humberto Román Palacios, informó que hasta el día de ayer, el máximo tribunal no ha recibido notificación oficial de la SRA en la que le informe sobre el cumplimiento de la sentencia.

Explicó que una vez que el pleno de ministros reciba la notificación, se hará el pronunciamiento respectivo en el que dictaminará si existe o no el cumplimiento y, en caso afirmativo, se archive como concluido.

Las secuelas

En tanto, en el puerto de Ensenada, se informó que la mayoría de los cerca de 300 agentes de la Policía Federal Preventiva que participaron en el desalojo regresaron a la capital del país. No obstante, en la lengüeta arenosa de Punta Banda aún permanecen unos cuantos agentes de seguridad que resguardan el lugar para evitar que los estadunidenses o los propios ejidatarios intenten invadir las propiedades.

Por su parte, Dennis Payton, representante legal de algunos de los extranjeros afectados, aseveró que legalmente los funcionarios mexicanos incurrieron en irregularidades al proceder hace dos días, toda vez que la ley los obliga a dar un plazo de al menos tres días tras la entrega de la notificación de desalojo, para que los afectados retiren sus pertenencias.

Payton acusó a la Secretaría de la Reforma Agraria de ser la entidad responsable del problema generado en Punta Banda, pues -según él- desde que se inició el proceso de venta de los terrenos las autoridades agrarias sabían que eran tierras de conflicto y no alertaron sobre el caso.

También Daniel Peter, abogado de otra parte de los estadunidenses afectados, declaró que la acción de la justicia mexicana contra sus clientes se excedió, atropelló los derechos y la dignidad humana de los extranjeros, y en consecuencia procederá a demandar en su país al gobierno de México y las principales instancias involucradas en el conflicto.

Estadísticas agrarias

De acuerdo con información de la SRA, en 1973 una resolución presidencial dotó al ejido Coronel Esteban Cantú con más de 15 mil hectáreas en beneficio de 60 familias campesinas. El acto de entrega se realizó en 1987. Ese mismo año, 32 particulares reclamaron derechos sobre los terrenos e interpusieron diversos juicios de amparo que involucraron mil 108 hectáreas.

En 1991, los juicios de amparo fueron resueltos por los jueces de distrito. En 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de los particulares en siete casos y ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria la modificación de la superficie entregada a los campesinos y la devolución de 301 hectáreas a quienes ganaron los amparos.

Dos años después, se realizó un esfuerzo de conciliación y por ello se restituyeron 231 hectáreas que se disputaban a través de cinco juicios. Para 1999, se trató de entregar las 70 hectáreas en litigio restantes, acción que ocurrió a partir de los primeros días de la semana en curso.