JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Red de ONG pide apresen a los demás dirigentes
Militares y autoridades de Chiapas evitan detención de paramilitares
Ť Hay 30 órdenes de aprehesión contra miembros de Paz y Justicia
Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales Ť Existe en la procuraduría de Justicia de Chiapas más de 30 órdenes de aprehensión en contra de militantes de Paz y Justicia que no se han ejecutado por la protección de que gozan los presuntos paramilitares, tanto de autoridades estatales como de altos mandos militares, revelaron fuentes oficiales.
Estas órdenes se derivan de 1995, 96 y 97 en la zona norte de Chiapas, donde se registró la muerte de al menos 46 indígenas pro zapatistas en manos de militantes de Paz y Justicia (los cuales no incluyen la matanza de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997), según consta en 12 expedientes penales; en contraparte, el grupo paramilitar asegura que a ellos les han asesinado a unos 60 miembros.
Según información oficial, desde el 14 de marzo de 1995, fecha en que un comando de Paz y Justicia ejecutó a cuatro indígenas choles en el municipio de Salto de Agua, iniciaron en la zona norte de la entidad las acciones del grupo paramilitar.
Las emboscadas, ejecuciones y desalojo de cientos de personas que en algún momento pertenecieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o fueron evangelizadores de la diócesis de San Cristóbal y que habitan los municipios de Sabanilla, Salto de Agua, Tila y Tumbalá se sucedieron con mayor crudeza durante los dos años siguientes.
En Sabanilla, del 8 de agosto de 1995 al primero de junio de 1996 se sucedieron 13 muertes violentas. Pero fue en Tila donde se concentraron las acciones del entonces recién creado grupo paramilitar.
En las comunidades de la zona baja de ese municipio se estableció una especie de estado de sitio a raíz de la muerte de 26 personas. El 3 de septiembre de 1995 fueron muertos los indígenas Nicolás López López, Nicolás López Ramírez y Pascual López Torres; un día después Rogelio Jiménez López fue ejecutado. El 11 de julio de 1996 se registró otra matanza de pro zapatistas de dicho municipio.
Según se documentó en su momento por la prensa y centros humanitarios, esos homicidios fueron acompañados del desalojo de unas 6 mil personas de la región, quienes ante el temor de la llegada de comandos armados de Paz y Justicia vivieron durante meses en las montañas en condiciones extremas.
En la Procuraduría estatal se encuentran expedientes penales de 1995 a 1999 iniciados en los juzgados mixtos de esa misma región. En ellos se señala al menos a 32 personas causantes de los hechos violentos contra quienes se giró la orden de aprehensión correspondiente, sin que a la fecha se haya efectuado.
Ello pese a que las personas sindicadas, todos militantes de Paz y Justicia, fueron plenamente identificadas y localizadas en sus lugares de origen. Incluso algunas de ellas ocuparon u ocupan puestos públicos en sus municipios.
En otro orden, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos pidió a la Procuraduría General de la República que ejercite acción penal contra los demás dirigentes y miembros del grupo Paz y Justicia que están acusados de haber participado en acciones paramilitares.
Señaló que un caso concreto es el del alcalde priísta de Tila Carlos Torres López que "se desempeña como secretario de Paz y Justicia y utiliza su función pública para compensar al grupo paramilitar con programas y recursos del municipio".
La Red mencionó también a Joaquín Pérez López y Rodolfo López Pérez, líderes de Paz y Justicia, quienes el 16 de octubre mataron a Juan López Gómez, del comité municipal del PRD en Tila.
Balean a familia en San Andrés Larráinzar
El subprocurador de Justicia Indígena, Mariano López Pérez, informó que a las ocho horas de este miércoles en la comunidad Pontewitz, ubicada cerca de Oventic, la familia conformada por Sebastián Díaz Ruiz, su esposa Andrea Ruiz Hernández y sus hijos Lorenzo y Felipe Díaz Ruiz fueron baleados y heridos
Los cuatro llegaron al panteón de la comunidad cuando cuatro hombres abrieron fuego sobre ellos. Sebastián presenta impactos de bala y se encuentra grave en un hospital de San Cristóbal de las Casas.
Agentes estatales permanecen en la comunidad de Pontewitz para evitar más hechos de sangre.