SABADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Propondrá la creación de una secretaría, sostiene un anteproyecto
Busca Fox llenar vacíos en seguridad pública
José Galán Ť La dispersión, la desarticulación y la falta de coordinación de las autoridades en materia de seguridad pública, así como la falta de instituciones adecuadas, hacen necesaria la constitución de la secretaría de seguridad y servicios a la justicia, sostiene el anteproyecto de reformas legislativas para la creación de esa institución, elaborado por el equipo de transición de Vicente Fox, entregado esta semana a los diputados federales del PAN, en una labor de cabildeo en el Congreso de la Unión.
El presidente electo tiene en revisión el anteproyecto que, en principio, está aprobado a condición de que la creación de la dependencia no signifique la erogación de más recursos. Según el anteproyecto, en poder de La Jornada, la dependencia tendrá como función primordial "velar por la coherencia y armonía del orden jurídico mexicano", puesto que la garantía de certeza jurídica de los gobernados constituye, "sin duda, un servicio a la justicia que, pese a los esfuerzos, hasta ahora no se ha consolidado".
El anteproyecto fue distribuido entre los panistas por los diputados Felipe Calderón Hinojosa y Armando Salinas Torre, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al equipo de transición en seguridad y justicia informaron que la próxima semana Fox se reunirá con miembros de la bancada panista, porque pretende introducir en el Congreso el tema este 1o. de diciembre.
Entre las consideraciones del anteproyecto se señala que la crisis en la aplicación y la obediencia al derecho mexicano encuentra "parte de sus orígenes" en la "enorme complejidad de la normatividad federal vigente", que ha vuelto "virtualmente imposible conocer el enorme cúmulo de leyes, reglamentos y circulares que la integran, con sus reformas y adiciones respectivas".
"Esta incertidumbre generalizada respecto al derecho positivo vigente se ve agravada por la continua expedición de normas jurídicas que carecen del respaldo constitucional, debido a que resultan francamente violatorias de los principios establecidos en la ley fundamental", añade el documento. "Por ello, la nueva institución -la secretaría de seguridad y justicia- tendrá la obligación de asegurar la coherencia y armonía de la política del Ejecutivo en materia de justicia, así como de ofrecer al público una visión completa y ordenada del orden jurídico mexicano".
Constelación de atribuciones
El documento señala que "sería una grave irresponsabilidad política pretender que todos los problemas estructurales que inciden en la crisis de seguridad pueden resolverse de un día para otro", aun cuando en seguridad pública "se han invertido enormes recursos", debido a que la agenda respectiva "se ha superpuesto con temas que producen inevitables disfunciones de las estructuras institucionales existentes, sobre todo cuando corresponden a la agenda política".
"Este hecho ha impedido, por una parte, que las instituciones de seguridad pública actúen sobre la base de criterios característicos de esa función. Por la otra, ha obstaculizado que éstas evolucionen sobre la base de criterios técnicos y científicos.
"El nuevo mapa político mexicano y los avances de la cultura democrática exigen que las instituciones de seguridad pública estén completamente desvinculadas de la agenda política, por lo que deberá separarse toda la constelación de atribuciones que hoy ostenta la Secretaría de Gobernación y trasladarlas a una institución especializada, que será la secretaría de seguridad y servicios a la justicia".
El anteproyecto de ley señala que la institución integrará, ordenará y diseñará la política federal para la prevención del delito sobre tres criterios rectores: alta especialización de los recursos humanos, transparencia y rendición de cuentas a la población, y modelos de participación comunitaria para la prevención del delito.
Contempla "una revisión" de la forma en que ha operado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de que "puedan concretarse propuestas de políticas aplicables a todo el país para la creciente homogeneización de los servicios de seguridad pública", y subraya: "La nueva secretaría tendrá un papel fundamental en esta tarea".
Dentro de sus funciones concentrará las atribuciones principales que el orden jurídico mexicano confiere al Ejecutivo en materia de auxilio a la justicia, y se encargará de conducir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los poderes judiciales federal y estatales porque, argumenta, si bien la eficacia del estado de derecho depende "en buena medida" del Poder Judicial -principalmente mediante el control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de los demás poderes-, condición necesaria para el ejercicio de las garantías constitucionales por parte de los gobernados, "esta circunstancia no agota en sí misma las exigencias de un auténtico régimen de derecho".
"La limitación del poder público por el orden jurídico requiere, además, de la garantía eficaz del principio de certeza jurídica (subrayado en el original). El estado de derecho no puede subsistir si no hay estabilidad y uniformidad en la aplicación de las leyes".