SABADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2000

 

Ť Miguel Concha Ť

Por fin ahora

El pasado viernes 27 de octubre fueron detenidas 11 personas ligadas al grupo paramilitar Paz y Justicia, incluyendo a varios de sus dirigentes "históricos", por la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de la República.

Desde la aparición de Paz y Justicia en la zona norte de Chiapas, en 1995, han muerto más de 150 personas en diversos hechos de violencia. Este grupo es responsable del desplazamiento de miles de personas en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua y Yajalón, y de la destrucción y el saqueo de propiedades de comunidades que huyeron del terror. Desde las primeras denuncias se señaló a Marco Albino Torres, en aquel entonces regidor de Tila, y a Samuel Sánchez, hoy ex diputado del PRI, detenidos en Cerro Hueco, como fundadores y promotores de este grupo armado. La impunidad con que ha actuado ha sido evidente, pues numerosos actos delictivos se realizaron con la complicidad del Ejército y de la Policía de Seguridad Pública.

Acciones como las que acaba de realizar la PGR fueron demandadas desde hace cinco años por numerosos organismos de derechos humanos, y habían sido largamente esperadas por las comunidades choles. Luego de esta larga espera, las comunidades agraviadas y los organismos que las apoyaron no pueden sino congratularse de que por fin se hayan atendido sus denuncias. Sin embargo, esa espera también plantea una serie de preguntas: Ƒpor qué hasta ahora?, Ƒpor qué actúa la PGR cuando ya sólo le quedan unas semanas de gestión?

La respuesta que da la PGR es que hasta ahora tuvo elementos sólidos para actuar contra Paz y Justicia, y que éstos le fueron proporcionados de pronto por el desalojo violento de un grupo de campesinos, a quienes los miembros de Paz y Justicia les disputaban un predio en el municipio de Yajalón. La fotografía de uno de los agresores, uniformado y armado, que se publicó en diversos diarios locales y nacionales, habría sido la pista y la evidencia que le permitió actuar.

Otras posibles explicaciones señalarían los nuevos aires que soplan en Chiapas y en el país, después de las elecciones de julio y agosto; o quizá simplemente el reacomodo de grupos de poder. Sea lo que fuere, el hecho es en sí positivo y ojalá no se detuviera ahí, sino que continuara hasta lograr el pleno desmantelamiento de Paz y Justicia, así como de los demás grupos de corte similar, como los Chinchulines de Chilón, el MIRA en Oxchuc y Ocosingo, y los paramilitares de Chenalhó, responsables de la matanza de Acteal y de la existencia hasta hoy de desplazados en este municipio.

De hecho, la impunidad es constante y permanente. En el caso de los paramilitares de Chenalhó, algunos de ellos han sido encarcelados. Sin embargo, ni los autores intelectuales de la masacre de Acteal han sido detenidos, ni el grupo paramilitar que opera allí ha sido desarmado ni desarticulado, a pesar de la numerosa presencia militar y policiaca en la zona.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en sus informes Ni paz ni justicia, Camino a la masacre y Acteal, entre el duelo y la lucha, analiza la formación de los grupos paramilitares, y, con base en una sólida argumentación, concluye que son resultado de una estrategia de "guerra de baja intensidad", recomendada y puesta en práctica por el Ejército Mexicano. El inicio de esta estrategia coincide por cierto con la gestión del general Mario Renán Castillo como comandante de la séptima Región Militar en el estado de Chiapas. El general Renán Castillo ha sido mencionado con insistencia en las últimas semanas como posible secretario de la Defensa del gobierno foxista. Sería éste un buen momento para que se aclarara antes la relación de dicho general con los líderes de Paz y Justicia, hoy encarcelados por terrorismo y asociación delictuosa.

Quizá sea mucho pedirle a la actual PGR que continúe sus investigaciones hasta aclarar también la relación de los paramilitares con las más altas esferas de los gobiernos federal y estatal. Pero ojalá continuara en el tiempo que le queda su trabajo de desarticular localmente a los paramilitares. Y el gobierno de Vicente Fox tendría una excelente oportunidad para desenredar la madeja hasta el último cabo, si de veras quiere la paz en Chiapas.