SABADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Había caos y los generales no tenían control sobre el ejército, señala el fallo
Absuelve jurado a los dos militares salvadoreños
Ap, Dpa, Afp y Reuters, Miami, 3 de noviembre Ť Un jurado federal del estado de Florida absolvió este viernes a dos ex altos mandos militares salvadoreños de toda responsabilidad en el asesinato de cuatro religiosas estadunidenses en El Salvador, el 2 de diciembre de 1980, perpetrado por hombres bajo su mando, con el argumento de que los oficiales "no tenían el control suficiente sobre su tropa".
Los generales José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex director general de la Guardia Nacional salvadoreña en el momento de los hechos, eran demandados por familiares de las víctimas ante un tribunal de West Palm Beach, en Florida.
Ambos ex militares, residentes desde 1989 en Estados Unidos, fueron absueltos por un jurado de 10 miembros, quienes consideraron que cuando se perpetraron los asesinatos El Salvador estaba en plena guerra civil y "vivía en estado de caos, la ley marcial había sido declarada. No vemos cómo en esas circunstancias los generales puedan ser declarados responsables", como lo señaló a la prensa Bruce C. Schnirel, presidente del jurado.
El punto central de este proceso civil era determinar la eventual "responsabilidad jerárquica" de los dos generales, en tanto que eran superiores de los guardias, autores materiales de los asesinatos.
Estos hombres, cinco guardias nacionales y un sargento, fueron juzgados y condenados a 30 años de prisión en su país luego de numerosas presiones internacionales, pero ningún alto mando castrense había sido procesado por estos crímenes.
Las víctimas, las monjas Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Hazel y la misionera laica Jean Marie Donovan, vivían en El Salvador en plena guerra civil y eran consideradas simpatizantes de la causa de la guerrilla por los escuadrones de la muerte, que asolaron el país centroamericano durante la guerra civil, entre 1980 y 1992.
Sus cadáveres mostraban evidencias de tortura y violación.
La sentencia, tras casi cuatro semanas de proceso civil, representó una aplastante derrota para los allegados de las víctimas que aseguraban que los generales eran, en última instancia, responsables de los asesinatos.
Los familiares de las religiosas exigían, de acuerdo con la prensa estadunidense, una indemnización de 100 millones de dólares por daños y perjuicios.
Mientras, en San Salvador el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar, aseguró que en las mismas condiciones de guerra civil que el jurado apuntó, era imposible que guardias cometieran un asesinato como el de las religiosas sin conocimiento, y encubrimiento, de sus superiores.