DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Miguel Angel de los SantosŤ Ť
Paz y Justicia, en el banquillo
La detención de 11 integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia puede representar la punta de la madeja que ponga en claro las instituciones, las dependencias y los funcionarios públicos que se encuentran también involucrados.
Desde su aparición en 1995, el grupo mostró su carácter beligerante. Desapariciones, secuestros, homicidios y daños son sólo algunos de los ilícitos de los cuales se le puede responsabilizar. Desde ese año hasta la fecha mantiene el control en una región de lo que se conoce como la zona norte. Ninguna persona que no sea allegada a Paz y Justicia puede transitar por el camino que atraviesa el ejido Miguel Alemán, municipio de Tila. Esta y otras cercanas han sido los lugares en donde han sido atacados periodistas, defensores de derechos humanos y los obispos de San Cristóbal, Samuel Ruiz y Raúl Vera. Algunos de estos ataques dejaron al descubierto la complicidad de Paz y Justicia con policías de Seguridad Pública, puesto que los primeros actuaban a muy poca distancia de donde se encontraban los segundos.
Las evidencias recolectadas por varios grupos que defienden los derechos humanos, indican que Paz y Justicia fue creado para atacar a los opositores al Partido Revolucionario Institucional, y en esta tarea han sido apoyados por funcionarios del gobierno del estado y ese partido político, y cobijados por la Procuraduría de Justicia del estado. Desde 1995 a la fecha decenas de indígenas choles, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han sido detenidos de manera arbitraria. Muchas de las detenciones fueron realizadas por los mismos miembros de Paz y Justicia ante la complacencia de las autoridades de procuración de Justicia. Las averiguaciones previas en contra de zapatistas de la zona norte se integraban en tiempos extraordinariamente rápidos, como el caso Emiliano Zapata, en el que el agente del Ministerio Público investigó los delitos de rebelión, asonada o motín, violación y secuestro, en 24 horas con 50 minutos. La averiguación se inició en la capital del estado, los hechos supuestamente ocurrieron en una comunidad de la zona norte.
Resulta curioso que durante las declaraciones ministeriales que acusan a las bases de apoyo zapatistas, los acusadores dejan en claro, como si fuera requisito indispensable para proceder, que pertenecen al grupo Paz y Justicia y son militantes del PRI, y las personas a quienes acusan son simpatizantes zapatistas o militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Desde 1995 han sido detenidos decenas de bases de apoyo zapatistas. Varios de ellos han sido liberados luego de que se han desvirtuado las acusaciones. A la fecha todavía permanecen en prisión por lo menos 20 indígenas choles en los penales de Cerro Hueco y Yajalón. Desde entonces no había sido detenido uno solo de los integrantes de Paz y Justicia pese a las múltiples denuncias que existían en su contra.
En agosto de 1996 Marcos Albino Pérez, entonces primer regidor del Ayuntamiento de Tila, dijo a Human Rights Watch (Deberes incumplidos. Responsabilidad oficial por la violencia rural en México) que Paz y Justicia era una asociación civil con el nombre completo de "Desarrollo, Paz y Justicia, AC", que su objetivo era la "concientización" y que la organización tenía planes para programas que generaran ingresos en Agua Fría (cría y venta de ganado) y en Nuevo Limar (piensos para animales). Reconoció que entre las funciones del grupo se incluía la defensa de sus comunidades, por no haber otra alternativa, ya que "no podemos estar siempre en cada comunidad con agentes de seguridad pública".
Samuel Sánchez, entonces diputado local por el PRI, habló también con Human Rights Watch, y describió la génesis del grupo en claros términos de autodefensa. Cuando le cuestionaron por qué en varias comunidades coincidía la presencia de Paz y Justicia con la salida forzada de simpatizantes del PRD, señaló: ''sí, pero es justificable por una sencilla razón. Estos (del PRD) no quieren abandonar su actitud beligerante''.
Marcos Albino y Samuel Sánchez, junto a otras nueve personas, han sido detenidos seis años después de conformar Paz y Justicia. Enfrentan diversos cargos, de los cuales esperamos la Procuraduría General de la República cuente con los elementos de prueba suficientes para arribar al castigo. La justicia no termina donde empieza; concluye con el castigo a los responsables de los diversos delitos y violaciones a derechos humanos.
La detención de los integrantes de Paz y Justicia, no debe impedir que se continúe investigando el origen y destino de los fondos que recibían, la participación que tuvieron funcionarios del gobierno del estado y del Partido Revolucionario Institucional al cobijarlos con la impunidad durante seis años, y convertir en servidores públicos y representantes populares a quienes se encontraban involucrados en grupos armados.
Ť Abogado representante en Chiapas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos