DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2000

La política rural que viene

El campo según el Rey del Ajo

A partir del 1o. de diciembre dos serán las palabras que definan el trato del gobierno federal a los millones de campesinos mexicanos: productividad y eficiencia. Los ejidos, las comunidades, los campesinos pobres, están amenazados por el programa agrario del equipo de Fox. Este modelo ya se aplicó en Guanajuato. Y para el estándar foxista el saldo fue muy positivo: negocios, muy buenos negocios...

Alberto NAJAR

Un negocio rentable.

Así es como el presidente electo Vicente Fox Quesada cree que debe ser el campo mexicano.

Lo dijo en abril pasado en Zacatecas, durante su campaña electoral. Fue línea de su gobierno en Guanajuato. Es proyecto en ciernes para los próximos seis años.

El campo como negocio, espacio donde "los campesinos emprendedores" aprovechen "las oportunidades y los retos que nos trae la globalización", y en el que tengan la posibilidad "de vender, rentar, hipotecar o dar en garantía su propiedad".

Una propuesta que, apenas formulada, causó revuelo en el medio rural del país. Académicos y líderes agrarios advirtieron del riesgo de supeditar los recursos para el campo a criterios de eficiencia y productividad, sobre todo en un país donde 20 millones de campesinos viven en condiciones de extrema pobreza.

En campaña, Vicente Fox trató de aliviar la tempestad al comprometerse a mantener los programas de asistencia social, como Progresa y Procampo, así como desterrar corporativismo, burocracia y corrupción.

Pero el viento de la incertidumbre no amainó. Y cuando en agosto el presidente electo designó al empresario Javier Usabiaga Arroyo como responsable de la comisión de transición del sector agropecuario, la tormenta se convirtió en huracán.

Las dudas se volvieron certezas.

* * *

La designación de Usabiaga Arroyo en el equipo de transición no es casual.

Conocido como El Rey del Ajo, porque controla casi todas las exportaciones mexicanas del condimento, el empresario es amigo y socio de la futura familia presidencial desde hace 50 años.

Por décadas los Fox y los Usabiaga controlaron 90% del mercado de ajonjolí del país, fundaron una empacadora de papa y trataron sin éxito de montar una empresa para comercializar sus productos a través de Internet.

Quienes lo conocen cuentan que El Rey del Ajo aprendió en Estados Unidos los secretos de la agroindustria, donde en su juventud trabajó en varias empresas exportadoras.

Fueron años de aprendizaje y de entablar relaciones que, a su regreso a México, le sirvieron para fincar un negocio que no se limita a la distribución de ajo, sino que incluye la importación de canela de Ceylán o la venta de jitomate y cebolla.

Pocos tropiezos existen en su curriculum. Uno de ellos es la batalla que perdió contra bodegueros del Valle de Toluca, cuando El Rey del Ajo pretendió ingresar al mercado del altiplano. Según la versión que se cuenta en el mundo agroempresarial, los toluqueños le cerraron el paso al guanajuatense y virtualmente lo echaron de la zona.

Como quiera que sea, el tropezón no afectó la marcha de sus negocios. Su imperio se extiende sobre 10 mil hectáreas, donde laboran 5 mil personas.

Conseguir estas tierras no es difícil: el empresario suele rentar ejidos completos hasta por cinco años, a cuyos propietarios generalmente seduce con la promesa de construir pozos de agua.

Pero en la historia del emporio no todo lo que brilla es oro.

Y es que el tipo de cultivo que se promueve requiere el uso intensivo de agua y plaguicidas, lo cual afecta seriamente al suelo donde se aplica.

Así, al término del contrato los ejidatarios se encuentran con que sus tierras están contaminadas... Y los pozos de obsequio no tienen agua.

El método causa inconformidad. "Es rapiña" -define el investigador leonés Jesús Batta-. Sacan el agua y nunca generan las fuentes de reabastecimiento".

Resultado: cada vez en mayor medida, las tierras de Guanajuato se consumen en la aridez. "Cuando era niño se podía encontrar agua a los tres metros de profundidad, ahora tienen que excavar hasta 360 metros. Los mantos freáticos están agotados".

Pese a estos antecedentes, cuando Vicente Fox asumió la gubernatura nombró a Javier Usabiaga como responsable de la nueva Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que no existía en Guanajuato. Allí, recuerda Batta, "acumuló más poder que Romárico en la Secretaría de Agricultura" (Sagar).

*No al arroyo

Como secretario de agricultura, El Rey del Ajo fue un buen empresario.

"Aplicó una política neoliberal -dice Arturo Hidalgo, de la asociación Desarrollo Rural de León-. Se privilegió al sector con potencial productivo, y a los que tienen bajo rendimiento (que en Guanajuato son 80% del total de productores) les aplicaron programas que el mismo Usabiaga dice que son para dar y, por lo mismo, de menor inversión".

Es decir, actos de caridad.

Y es que en el Guanajuato de Fox y Usabiaga, añade Evelyn Sinquin, del Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío, para conseguir apoyo estatal los campesinos deben cumplir con ciertos requisitos: justificar el proyecto, formular una proyección financiera y de ventas del negocio, garantizar el pago del crédito y, sobre todo, tener visión empresarial. Si no se cumple con ellos, era -y es- imposible conseguir apoyo del gobierno estatal, sin importar que los proyectos que se planteen sean buenos.

La red es una muestra.

Hace un par de años solicitaron apoyo para echar a andar un despacho de asesoría y capacitación empresarial de organizaciones campesinas, un proyecto que parecía muy acorde con la filosofía agropecuaria que impulsaba el gobierno panista.

Pero no. El proyecto recibió cientos de elogios... Y ni un solo centavo.

"No dejo de preguntarme cómo le puede hacer un grupo de campesinos con muy buenas ideas y proyectos, pero que no tienen asesoría para elaborar la proyección financiera que pide el gobierno estatal -lamenta Evelyn-. Así es muy difícil que prosperen o que reciban apoyo".

Tal vez por eso es que, como dice Rodrigo Ibarra, de la Asociación Civil Acámbaro por la Paz con Justicia, en materia agropecuaria hay dos Guanajuatos: el de unos cuantos productores ricos, con tecnología y recursos "de primer mundo", y el resto de los campesinos con pequeñas extensiones de tierra y recursos escasos.

Ciertamente, esta situación se repite en otros estados del país, pero en este caso la diferencia es que, comenta Arturo Hidalgo, los primeros reciben la mayor parte de los recursos que para el campo destinaba el gobierno de Fox ("creemos que hasta 80%"). Y los demás se disputaban el resto que, por cierto, no era mucho: en 1998, cuenta el investigador Batta, el secretario Usabiaga dejó sin ejercer 30% del presupuesto asignado al campo.

"Ellos sí creen que los campesinos se van a acabar algún día. Y lo que están haciendo en Guanajuato no es otra cosa que encaminar las cosas para ese rumbo".

No son sólo palabras.

Desde el inicio de su gobierno Fox promovió la desconcentración de empresas maquiladoras hacia comunidades rurales, afectadas por un profundo desempleo.

La idea, que en teoría parece favorable, tuvo en realidad consecuencias aparentemente inesperadas. "La gente dejó el campo, lo cambió por un empleo. Perdió el arraigo por la tierra", cuenta Hidalgo.

Así, la ecuación se simplifica: campesinos sin apoyo que para sobrevivir se emplean en las maquiladoras, pierden el interés por la tierra y que por lo mismo, se vuelven susceptibles de rentarla a grandes empresarios agrícolas.

La estrategia tuvo éxito.

*Rancho grande

Si esta es la experiencia agropecuaria de Fox al gobernar en un estado de la República, Ƒqué puede pasar cuando se encargue de un rancho más grande como es el resto del país?

Hasta ahora todo parece indicar que la intención es repetir la experiencia de Guanajuato.

Desde que recibió su encargo en el equipo de transición, Javier Usabiaga se ha reunido en privado con algunas organizaciones campesinas, a las que dejó en claro la columna vertebral de la política agropecuaria que viene.

Ha dicho por ejemplo que el Tratado de Libre Comercio no se va a renegociar ("tengo que convencerlos de ello", repite), y que la política social a la que considera un fracaso tendrá que modificarse.

Usabiaga insiste en que la propiedad social de la tierra es un obstáculo, y se pronuncia en cambio porque los campesinos tengan absoluta libertad para decidir lo que hagan con este recurso.

Según el empresario, el ejido debería dejar de ser una propiedad inembargable, como ocurre ahora, y permitirse que los agricultores la utilicen como garantía para obtener créditos o consolidar proyectos productivos.

Tampoco ha mostrado mucha fe hacia las organizaciones sociales que, a su juicio, están dispersas y no sirven para nada. Incluso anunció que en el próximo gobierno se hará hincapié en su reestructuración, y se privilegiará el trato con aquellas que tengan un carácter eminentemente productivo.

Curiosamente El Rey del Ajo revela una posición favorable a la distribución en el país de productos transgénicos, a los que considera una fuente de riqueza importante.

Según el empresario, la controversia sobre el riesgo de su consumo obedece fundamentalmente a la presión de Greenpeace y otras organizaciones europeas. Nada más.

Por lo pronto anuncia que el tema será uno de los primeros que se discutan en el nuevo gobierno. De hecho en la primera semana de diciembre se realizaría un foro para fijar la postura del país sobre el tema, y en febrero se planea otro con los socios del TLC.

La posición de Usabiaga ha generado controversia incluso al interior de la comisión que preside.

Mario Rechy, integrante del equipo foxista, reconoció en el seminario Estrategias para el Cambio en el Campo Mexicano, de la Universidad Autónoma de Chapingo, que lo más difícil es conciliar las diferentes posturas.

"Están quienes creen que sobran los 20 millones de campesinos pobres y que deberíamos sacarlos del medio rural, y están otros que dicen que la atención a aquéllos es lo más importante y por lo mismo deben recibir todo el apoyo".

Rechy dice que la propuesta de política agropecuaria todavía no se define. Pero las evidencias que trascienden indican que los focos rojos que encendieron académicos y organizaciones campesinas tienen razón de ser.

*Esquina, bajan

Para los foxistas son tres las clases de productores que existen en México.

Según un documento de trabajo de la Comisión de Transición del Sector Agropecuario, en las estrategias para generar ingresos y obtener "los satisfactores indispensables para el desarrollo de la gente del campo" se distinguirán "tres grandes segmentos de productores":

Los del grupo A, "con escasos recursos, en sistema de autoconsumo, imposibilitados para transitar por sus propios medios hacia una economía de mercado".

El grupo B, "con potencial productivo (suelo, agua, tecnología, capital, organización), pero con limitaciones para incorporarse competitivamente a una economía de mercado".

Y finalmente, los del grupo C, "productores institucionales, altamente tecnificados y capitalizados, integrados a los circuitos regionales o internacionales de comercialización, altamente competitivos en un entorno globalizado".

Para cada uno se plantea una estrategia distinta.

Así, para los campesinos del grupo A, "la actividad agropecuaria podría no ser la única fuente de subsistencia del núcleo familiar o de la comunidad", por lo que es necesario "promover la diversificación productiva", y considerar "la venta de servicios personales a pequeñas industrias rurales o en empresas agrícolas en el país o en el extranjero".

Para el grupo B, "al que iría dirigida la política de fomento agropecuario", el planteamiento es "transformar al productor tradicional en un pequeño o mediano empresario, con aptitud para actuar exitosamente en un mercado fuertemente competitivo".

Y finalmente, a los productores de la tercera categoría -"la de mayor crecimiento en el futuro inmediato"- el gobierno de Fox les ofrecería "claridad en las políticas agropecuaria y agraria que otorguen certidumbre a la inversión".

En este documento se hace un diagnóstico de la situación actual del campo mexicano, el cual enfrenta, según los foxistas, siete problemas torales:

Baja productividad, bajos precios, riesgo elevado para la producción y venta de los productos; escasa competitividad a nivel internacional, desarticulación de las cadenas productivas, uso inadecuado de recursos como agua y suelo, y "una gran proporción de la población rural en condiciones de extrema pobreza".

Este escenario debe cambiar en los próximos cinco lustros, pues según el documento de trabajo, para el año 2025 "existirán servicios educativos, de salud y de abasto a los habitantes del medio rural, quienes percibirán un ingreso y disfrutarán de un nivel de bienestar comparable al de las zonas urbanas".

Esta es la única referencia que se hace sobre los productores agrícolas. El resto del escenario que plantea el equipo foxista alude a "los empresarios agropecuarios", los cuales operarán "en un ambiente de negocios que les brinde seguridad y rentabilidad razonables, virtud a las políticas de largo plazo y a la red de protección que el Estado proporciona a la actividad".

Para conseguir este objetivo se plantean varias líneas estratégicas, como otorgar subsidios "selectivamente sobre los puntos neurálgicos del negocio agropecuario".

Los programas de apoyo "privilegiarán sistemáticamente a aquellos productores que se encuentren agrupados en organizaciones productivas", e incluso se propone "vigilar que la importación de productos no constituya una competencia desleal".

En la comisión foxista también se discute la posibilidad de establecer una lonja (casa de corretaje) de maíz, así como asignar recursos permanentes al Procampo, ajenos a la discusión presupuestal de cada año, de tal manera que los beneficiarios puedan contar con este apoyo de manera definitiva.

El ingreso garantizado de esta forma serviría de respaldo para la obtención de créditos para proyectos productivos. Esto implica, sin embargo, que el padrón del Procampo no podrá crecer.

Otra de las propuestas es descentralizar algunas de las funciones que en política agropecuaria tiene el gobierno federal hacia los estados, además de concentrar en una sola instancia todas las acciones relacionadas con el campo, y que actualmente se encuentran dispersas en varias dependencias.

Así, por ejemplo, se quitaría a la Secretaría de Comercio la tarea de comercializar los productos agrícolas, y a la Secretaría de Medio Ambiente el manejo de la actividad forestal y la acuacultura.

También se discute retirar de la Secretaría de Desarrollo Social los programas de jornaleros agrícolas, crédito a la palabra, Conaza y Fonaes, y transferirlos a la nueva instancia responsable del campo.

De acuerdo con estos documentos de trabajo, todas estas acciones deberán cumplirse en tres años.

*Detrás de los planes

Fox quiere que el campo sea un buen negocio.

Pero el 1o. de diciembre, lo que heredará es una empresa en bancarrota.

Según el investigador Sergio Boltvinik -integrante del equipo foxista de transición-, en el campo vive 78% de los 45 millones de personas en situación de extrema pobreza.

La mitad del territorio nacional es árido o semiárido, reconoce la Sagar. Sólo 21 millones de hectáreas son cultivables, y 80% de éstas son de temporal.

Una quinta parte de esta superficie tiene sistema de riego, y de allí se obtiene 54% de la producción agrícola nacional, que por cierto está a la baja.

El año pasado, según un estudio del investigador José Luis Calva, de la UNAM, las importaciones de alimentos fueron de 8 mil 600 millones de dólares, equivalentes a 97% de las exportaciones de petróleo crudo.

Hasta el año pasado, según la directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Isabel Cruz Hernández, en cuatro años se perdieron 500 mil empleos en el campo, lo que provocó un aumento en la migración, sobre todo a Estados Unidos.

Para sobrevivir, las familias campesinas dependen de los dólares que llegan del norte. En los últimos cuatro años la AMUCSS registró 23 millones de remesas de dinero provenientes de Estados Unidos, lo que representó para el país un ingreso promedio de cinco mil millones de dólares cada año.

* * *

Entre académicos y líderes campesinos prevalece la esperanza de que el Congreso de la Unión matice el proyecto agropecuario de Vicente Fox, aunque también reconocen que es necesario hacer cambios en la geografía agrícola del país.

Alvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), reconoce que a las organizaciones campesinas no les queda otra salida que volver a sus orígenes, es decir, privilegiar el trabajo por la producción antes que la política electoral.

"Tendrá que acercarse a las organizaciones, no hay de otra. Somos imprescindibles", dice.

Pero si esto no sucede, en el medio rural ya se sabe lo que debe hacerse

"Desde el equipo de Usabiaga nos dieron la clave -cuenta un dirigente campesino-. Hay que fajarse, pero de a deveras. Si llegamos nomás a hacer la finta, nos van a poner el pie encima".