Anoche, el presidente electo, Vicente Fox, anunció que el día que tome posesión enviará al Congreso de la Unión la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para convertir en reformas constitucionales los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. 

Cabe recordar que, a fines de ese mismo año, el presidente Ernesto Zedillo rechazó el documento de la comisión parlamentaria y se negó a presentarlo al Legislativo; con ello desconoció, en los hechos, los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, y se inició un largo e incierto empantanamiento en las gestiones pacificadoras para Chiapas, así como un inexorable proceso de descomposición social y política en esa entidad. 

En los cuatro años transcurridos desde que el Ejecutivo federal cerró la puerta a la posibilidad de un acuerdo histórico con los indígenas rebeldes de Chiapas ocurrieron matanzas como las de Acteal y El Bosque, se perseveró en el cerco militar contra las comunidades zapatistas, proliferaron los grupos paramilitares como Paz y Justicia --dos de cuyos líderes acaban de ser sometidos a juicio, a pesar de las afirmaciones en el sentido de que tales grupos "no existen"-- y se desaprovechó la oportunidad para construir un nuevo estatuto de justicia y dignidad para los pueblos indios de México. 

El anuncio de Vicente Fox es, con estos antecedentes, por demás esperanzador en la perspectiva de reactivar el proceso de pacificación en Chiapas y de construir, en esa entidad, un verdadero estado de derecho. 

No debe perderse de vista, sin embargo, que en el tiempo transcurrido desde que la primera Cocopa redactó la iniciativa mencionada han ocurrido grandes cambios en el país y en el escenario chiapaneco, los cuales pueden traducirse en obstáculos adicionales en el camino de la paz, la integración social y el desarrollo. Por principio de cuentas, el mapa político contemporáneo es, hoy, radicalmente distinto al de fines de 1996, y la composición plural del Congreso demandará una intensa negociación política para sacar adelante la propuesta de reformas constitucionales. En otro sentido, en los cuatro años transcurridos el conflicto chiapaneco se ha profundizado y diversificado, y ha generado nuevas situaciones de tensión social en la entidad. 

En suma, con todo y lo plausible de la decisión del presidente electo de enviar el documento de la Cocopa al Legislativo, tal medida debe considerarse un primer paso en la solución del problema. Una vez realizada, habrá de empeñarse toda la voluntad política en la negociación para la paz.