JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Paz y Justicia planea "revancha", denuncian campesinos
Alertan sobre posible levantamiento armado de grupos paramilitares
Ť Tratarían de impedir la toma de posesión de Salazar Mendiguchía
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de noviembre Ť El grupo paramilitar Paz y Justicia estaría preparando un "levantamiento armado" para los días 7, 8 o 9 de diciembre, con la intención de impedir o desquiciar la toma de posesión de Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador.
Según versiones difundidas por campesinos priístas que no están de acuerdo, y por las reiteradas amenazas de miembros de Paz y Justicia en la zona norte del estado, se planea una "revancha" por el encarcelamiento de 11 dirigentes y la derrota electoral que sufrió el PRI el 20 de agosto.
Un ominoso clima de descomposición política se extiende por distintas regiones del vasto territorio indígena chiapaneco. En El Bosque hay una ola de asesinatos de extraordinaria crueldad, al mismo tiempo que grupos armados realizan prácticas militares a la luz del día en el cementerio de la cabecera municipal y en las inmediaciones de Las Limas (donde ocurrió la matanza de policías hace más de cuatro meses).
En torno a decenas de comunidades de Tila, Tumbalá y Yajalón se suceden los tiroteos nocturnos, y al menos en Misojá se ha visto la entrega de armas y uniformes a priístas, transportados en un vehículo Hummer del Ejército. La situación en las tierras bajas de Chenalhó también es alarmante. Los paramilitares de Los Chorros, Pechiquil y La Esperanza se muestran amenazantes como no se habían visto desde la masacre de Acteal, en 1998. En el municipio autónomo Moisés Gandhi, cercano a Ocosingo y Altamirano, encapuchados con armas de alto poder han realizado violentos asaltos desde principios de noviembre, mientras decenas de civiles armados se mueven libremente en la región. En muchos casos, sobre todo en la zona norte, los paramilitares visten uniformes de Seguridad Pública sin ser policías; son campesinos conocidos de la región.
Creciente tensión en Tila
La Red de Defensores de Derechos Humanos de Jolnixtié, en la zona alta de Tila, denunció hoy que grupos príistas de la región amenazan con atacar las comunidades en resistencia o secuestrar a miembros del PRD para "negociar" la liberación de su líder, Marcos Albino Torres. De igual manera, los desplazados de Tierra y Libertad en Yajalón denuncian que Paz y Justicia tiene "señalados" para tomarlos como rehenes a Marcos López Pérez, defensor comunitario; a Francisco Mayo Díaz, vocero de los desplazados de Tierra y Libertad (El Paraíso), y a Francisco Arcos Vázquez, vocero de la Red de Defensores.
En las afueras de Patastán, el 27 de octubre, a las 23 horas, se oyeron disparos durante diez minutos, y el domingo 29, a las cuatro de la mañana, un tiroteo de cinco minutos despertó a los habitantes de Corosil Viejo. No lejos, en Corosil Nuevo, donde hay un destacamento de Seguridad Pública desde 1996, miembros de Paz y Justicia han amenazado a los perredistas con "vengar" a sus dirigentes presos.
El 1o. de noviembre llegó a Misojá un miembro de Paz y Justicia, quien reveló allí que su organización "quiere levantar la violencia" en vísperas de la toma de posesión del próximo gobernador. Este hombre, quien dijo no estar de acuerdo, confesó tener un arma "y la quería vender, porque si no la usa se la van a quitar", según relataron después los pobladores de Misojá. El priísta también reveló que el presidente municipal de Tila, Carlos Torres López, había entregado armas a Paz y Justicia.
Una noche, a fines de octubre, un destacamento del Ejército pasó tres veces por la comunidad de Misojá y más tarde ingresó al poblado un vehículo Hummer del cual Evelio López Montero, dirigente priísta, bajó seis armas G-3, de uso exclusivo del Ejército, y sendos uniformes, posiblemente de Seguridad Pública, envueltos con "capas" (mangas de hule). Se conoce el nombre de cuatro de los destinatarios: Jorge López López, Valdemar López Sánchez, Jorge López Ocaña y el mencionado Evelio López. "Están dispuestos a la violencia", afirma un miembro de la Red de Defensores Comunitarios que trabaja en la zona alta, quien además refiere que el 17 en octubre un destacamento del Ejército en tres ocasiones realizó prácticas de tiro en Misojá.
El 29 de octubre, en Emiliano Zapata, zona baja de Tila, a las ocho de la mañana un grupo de soldados cortaba madera en la parcela de Samuel Vázquez, perredista de Paso Chinal, y cuando los indígenas trataron de aproximarse para defender la propiedad del saqueo fueron ahuyentados con cinco tiros al aire.
Otro miembro de la Red de Defensores, que también conversó con La Jornada, asegura: "Recibimos amenazas de Paz y Justicia. Ellos dicen que la sociedad civil quiere hacer problemas, pero ése es su pretexto. Los disparos son para asustar. En esa parte de allá son puros perredistas, y los paramilitares hacen como que van a provocar una guerra".
Ventitrés comunidades perredistas de la zona baja de Tila entregarán próximamente a Pablo Salazar Mendiguchía un pliego con siete demandas urgentes: 1) Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés; 2) Indemnización por la pérdida de 4 mil cabezas de ganado a raíz de los ataques paramilitares en 1996; 3) Permitir el retorno de los desplazados de seis comunidades, víctimas de la ofensiva paramilitar de 1995 y 1996; 4) Libertad a los presos políticos de su región; 5) La cancelación de 25 órdenes de aprehensión contra perredistas, basadas en acusaciones falsas fabricadas por Paz y Justicia; 6) El retiro del Ejército de las comunidades, y 7) Que se cumplan las órdenes de aprehensión contra Sabelino Torres, autor intelectual del asesinato de José Tila Torres García, y contra los autores materiales del crimen.
También en el municipio de Yajalón la beligerancia de Paz y Justicia es preocupante, como lo es la reticencia del gobierno municipal para dar curso a las denuncias hechas por la sociedad civil contra el grupo paramilitar. Aquí también se han registrado tiroteos nocturnos en la proximidad de las comunidades perredistas y en resistencia, siguiendo el patrón de Tila.
El 1o. de noviembre, en la colindancia de Esperanza Takuin'kun, se oyeron descargas de armas largas durante varios minutos. A la noche siguiente hubo disparos sobre San Ramón entre las 7 y las 7:30, y a las 8 cerca de La Peña. Según reportes de la Red de Defensores, esa misma noche un priísta reveló que Paz y Justicia "señalaba" a defensores y desplazados de Tierra y Libertad "para agarrarlos como rehenes para forzar un diálogo" que permita la liberación de Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres y los otros detenidos de la agrupación contrainsurgente.
Manuel Méndez Guzmán, desplazado del predio El Paraíso-Tierra y Libertad, refiere a La Jornada: "Los paramilitares siguen viviendo en El Paraíso y nos están amenazando a todos. Se roban nuestra milpa. Los más amenazados somos los que atestiguamos el ataque del 3 de agosto".
El defensor comunitario Marcos López Pérez confirma las amenazas contra los desplazados y contra él mismo. El ha participado en las fallidas negociaciones (si acaso merecen ese nombre) con el gobierno, "que sólo ha mostrado falta de voluntad". Refiere que los defensores comunitarios estuvieron moviendo el proceso jurídico en el Ministerio Público desde el primer momento. Presentaron videos del día siguiente del desalojo, documentaron los destrozos y levantaron denuncias precisas en la instancia judicial de Yajalón.
Hubo 20 personas que rindieron declaración en el Ministerio Público Federal y 42 mujeres, esposas de los desplazados, dieron sus testimonios en la agencia local. "Tardó hasta el 30 de octubre que notificara el MP todas las declaraciones, y lo hizo hasta después de que la PGR había actuado contra los 11 paramilitares, cuando hace más de un mes que se terminaron de aportar pruebas. Ese día hubo una amenaza de que llegarían los paramilitares a las oficinas del juzgado de Yajalón, así que el edificio fue desalojado", refiere el defensor López Pérez.
"Además se olvida la situación de los desplazados. Siguen en un lugar inadecuado, con hambre y sin resolución de su problema agrario", agrega.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos demandó el 5 de noviembre, ante la Procuraduría General de la República, que ésta "ahonde en sus investigaciones relacionadas con Paz y Justicia (hoy señalados como miembros de la UCIAF), y en consecuencia haga comparecer al general Mario Renán Castillo Fernández, actual comandante de la undécima Región Militar, con sede en Torreón, y ex comandante de la séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre 1995 y 1997; al ex secretario de Gobierno Homero Tovilla Cristiani, y a Uriel Jarquín Gálvez, ex subsecretario de Gobierno, quienes deberían aclarar sobre sus supuestos vínculos con el referido grupo armado o, en su caso, deslindar responsabilidades". Fundamentan la exigencia tomando en cuenta "que los tres participaron en la entrega de recursos a la organización Paz y Justicia en los momentos en que la beligerancia de dicho grupo era mayor". Y enseguida demandan que la PGR "ejerza la facultad de atracción para investigar y consignar aquellas averiguaciones previas relacionadas con actos del grupo Paz y Justicia, que hoy se encuentran estancadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas".
Una exigencia más de la Red es que la CNDH aplique medidas cautelares para que los gobiernos estatal y federal se hagan responsables de la integridad física de los defensores y los testigos. "De otro modo no podrán desahogarse las pruebas. Cada salida y regreso de la gente a rendir declaración implica riesgos".
Los caminos, tierra de nadie
Así transcurre en las comunidades el último mes del gobierno de Roberto Albores Guillén, la última pendiente de la nebulosa transición chiapaneca de poderes. En otros lugares la inseguridad y los riesgos son aún mayores. Por ejemplo, en El Bosque, sobre todo entre la cabecera municipal y Simojovel, la gente recomienda no salir después de las tres de la tarde. Los caminos se vuelven tierra de nadie. La violencia paramilitar (latente y actuante) le pavimenta el terreno a la ingobernabilidad y a la creación de un peligroso estado de emergencia, el más flaco favor de cuantos pueda recibir el interrupido proceso de paz.
Y un caso más: durante el pasado puente de Muertos irrumpió en la proximidades de Cuxuljá, camino a Ocosingo y Altamirano, un grupo armado que asaltó un autobús de la línea Cristóbal Colón, despojó a los pasajeros de dinero y equipajes, violó a cuatro mujeres y se retiró tranquilamente. Al parecer se trata de una banda armada que se mueve en la zona de Abasolo y Moisés Gandhi y que también se presume de tipo paramilitar.