Ť Las recientes aprehensiones, antesala de la amnistía 

Sospechosas acciones oficiales contra el paramilitarismo

Ť El gobierno golpea los grupos que promovió y fomentó en Chiapas para desestabilizar las transiciones local y nacional

Ť Los intereses oligárquicos de la región se aprestan al relevo de poderes mediante recomposiciones y creación de conflictos

Carlos Fazio /I Ť La detención de 11 miembros del grupo Paz y Justicia ha vuelto a reactivar el tema de la paramilitarización del conflicto en Chiapas. En principio, el hecho es positivo, pero quedan algunos cabos sueltos. Mucho se ha especulado, por ejemplo, acerca de por qué a menos de un mes de concluir el sexenio, la Procuraduría General de la República removió un asunto acerca del cual el presidente Ernesto Zedillo y el alto mando castrense habían mantenido una cerrazón que los hacía cómplices.

La primera conclusión que se deriva del hecho es contundente: los paramilitares, tantas veces negados por el Ejecutivo federal, el gobierno local y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existen.

El principal damnificado de esta evidencia es el general diplomado de Estado Mayor Mario Renán Castillo, ex comandante de la séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y actual comandante de la decimoprimera Región Militar, en Torreón, Coahuila.

Experto en contrainsurgencia, graduado de un curso de guerra sicológica en Fort Bragg, Carolina del Norte, el general Castillo, aspirante a ocupar el cargo de secretario de Defensa en el gabinete foxista, es sindicado como el ''padre'' de los grupos paramilitares en el sureste mexicano.

Según versiones legislativas que parten de fuentes castrenses, Castillo, coautor del Plan Cóndor durante el sexenio de Miguel de la Madrid, tradujo al español los manuales estadunidenses sobre contrainsurgencia y los adecuó a la doctrina militar mexicana. Ello dio origen a la publicación de los dos tomos del Manual de guerra irregular, editados por la Sedena. Ese y otros manuales militares, como el Plan de Campaña Chiapas 94, atribuido también a la secretaría castrense, contemplan la creación de grupos paramilitares o fuerzas de ''autodefensa'' integradas por civiles reclutados entre la población ''amiga'', como estructura paralela subordinada al Ejército y dedicada a operaciones de contraguerrilla y restauración del orden. En el caso de Chiapas, los paramilitares quedaron subordinados a la Fuerza de Tarea Arcoiris, grupo de elite aerotransportado, similar a los Boinas Verdes estadunidenses.

Durante el periodo que el general Castillo estuvo al frente de la séptima Región Militar (1995-1997), en Chiapas surgieron por lo menos cinco grupos paramilitares: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista. Sus documentadas matanzas, las violaciones masivas de derechos humanos (torturas, mutilaciones y violaciones) y la provocación del desplazamiento interno forzoso de casi 10 mil campesinos de las zonas Norte y los Altos, que huyeron ante el acoso del terrorismo de Estado y la guerra sucia oficial, se inscriben en lo que en la jerga castrense se conoce como la táctica de "yunque y martillo". Esa táctica supone la ''asociación'' y ''cooperación'' entre elementos militares, policiales y civiles; en el reparto de funciones, soldados y policías actúan como fuerzas de contención (yunque), mientras los grupos paramilitares se dedican a golpear (martillo) a las milicias del EZLN y sus simpatizantes.

¿Clima de guerra civil?

El reconocimiento oficial acerca de la existencia del paramilitarismo en Chiapas ?aunque oficialmente se le llame ''grupos civiles armados''?, a pesar de que es importante, no logra despejar la incógnita sobre la oportunidad del hecho, a menos de un mes de que concluya el sexenio de Ernesto Zedillo.

Dado que en México ?y en particular en Chiapas? no impera el estado de derecho, no puede hablarse de un acto de aplicación de la ley. ¿Qué hay, entonces, detrás de la detención de 11 integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia? Sorprende, por otra parte, que a los detenidos ?según reportó el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Henríquez? se les acuse de delitos de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo. Y no es que esos cargos no les sean aplicables; lo son y más. Lo nuevo es que la PGR dirija esos cargos no contra opositores del régimen, como ha sido habitual, sino contra integrantes de un grupo armado semiclandestino que pertenece de manera pública a Solidaridad Campesina Magisterial (Socama), una organización estatal del PRI que cobró auge y poder durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que se desarrolló al amparo de su programa Solidaridad.

Algunas interpretaciones señalan que se trató de una ''aprehensión pactada'', en el marco de la preparación de una amnistía al vapor para los ''grupos civiles armados'' de extracción priísta. Según esto, se estaría cocinando una ley de punto final; un conciliatorio borrón y cuenta nueva en la antesala del foxismo gobernante.

Sin embargo, según Samuel Sánchez, uno de los fundadores de Paz y Justicia, ahora detenido ?y que según denunció en el Congreso el ex senador Carlos Payán ostentaba el grado de "general" en esa organización criminal?, se trata de una ''venganza polít  ica''. Sánchez, ex diputado local del PRI, acumula en su contra diversas denuncias de afectados por las acciones de terror paramilitar. Se estima que en la región chol, que comprende los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, se han registrado 300 muertes (incluidos miembros de Paz y Justicia) y hay ocho mil desplazados internos.

Desde la prisión de Cerro Hueco, donde está recluido, Sánchez advirtió que en Chiapas podría desencadenarse una ''guerra civil''. Acusó al gobernador Roberto Albores de haber ''dividido'' a Paz y Justicia, para luego apoderarse de su control en alianza con el empresario cafetalero Jorge Ultrilla, conocido cacique de la zona. Según Sánchez, el dúo Albores-Ultrilla pretende ''desestabilizar'' la región chol para obstaculizar al gobierno entrante de Pablo Salazar.

La versión se refuerza con la denuncia de otro miembro de Paz y Justicia que alertó sobre un posible ''levantamiento armado'' de grupos paramilitares para impedir o desquiciar la toma de posesión del nuevo gobernador (La Jornada, 9/XI/2000). La fuente dijo que a finales de octubre, un grupo de soldados que ingresó a la comunidad de Misojá en un vehículo Hummer entregó armas G-3 de uso exclusivo del Ejército y uniformes, presumiblemente de Seguridad Pública, a elementos de filiación priísta de la localidad.

Los señalamientos anteriores permiten conjeturar sobre una eventual recomposición de las alianzas de poder entre los grupos oligárquicos y caciquiles locales. Otra variable, que no excluye a la anterior, podría ser que poderosos intereses ?locales y nacionales? podrían estar alentando un recalentamiento del conflicto chiapaneco en el periodo de transición de un gobierno priísta a otro panista. ¿Por qué? Todo cambio o transición genera cierto vacío de poder y hay quienes se estarían preparando para llenarlo. La pregunta es quién o quiénes podrían beneficiarse con el estallido de una ''guerra civil'' en Chiapas. ¿A quién le conviene la reactivación de un caos aparentemente incontrolado en esa zona del país? ¿Al ganadero Albores, a su socio Ultrilla y a otros poderosos locales como la familia Orantes, presuntamente ligada con la matanza de Acteal? ¿Al sindicato de gobernadores priístas del sureste? ¿Al Ejército? ¿Cómo y por qué?

Y finalmente, ¿qué tendrá que ver todo esto con la expansión del capitalismo en Chiapas? ¿Con la enorme riqueza en biodiversidad, agua y minerales estratégicos que existen en ese estado mexicano? ¿Con los apetitos de la transnacional Savia del empresario mexicano Alfonso Romo? ¿O con los renovados afanes desarrollistas de Lorenzo Zambrano (Cemex) y el Fondo Chiapas de Carlos Hank González en esa zona del país? ¿Será pura casualidad que algunas ramas industriales de los oligopolios que encabezan esos tres oligarcas mexicanos tengan que ver con la ingeniería genética, el nuevo patrón tecnológico revolucionario del siglo XXI?

Los descendientes de la Brigada Blanca

Las preguntas no son ociosas. El paramilitarismo tiene que ver con la guerra de contrainsurgencia que se libra en Chiapas desde el "¡ya basta!" zapatista del 1o. de enero de 1994. Es un elemento esencial, propio de una determinada fase de la guerra sicológica y el terrorismo de Estado, que en el caso de Chiapas se hermana con las acciones paramilitares de los miembros del Batallón Olimpia en Tlatelolco (1968) y la guerra sucia de Los Halcones y la Brigada Blanca en los años 70, como respuesta armada estatal, de carácter clandestino e ilegal, inscrita en su origen en la doctrina de la seguridad nacional y hoy renovada con los lineamientos de la llamada guerra de baja intensidad.

El paramilitarismo, utilizado por el Pentágono a partir de la guerra de Vietnam; reproducido después en Guatemala y el Cono Sur mediante los escuadrones de la muerte, y una vez más actualizado en sus formas de operar y funciones específicas en El Salvador y Nicaragua (la contra) en los ochenta y hoy en Colombia y México, genera o dinamiza otros procesos de trascendencia estratégica que generalmente se mantienen ocultos.

Por lo general, la estrategia de desestabilización y caos consustancial a la actividad de los grupos paramilitares surge en un determinado momento: cuando un movimiento social adquiere perspectiva de cambio revolucionario. En tales circunstancias, la violencia parainstitucional garantiza, complementa y transforma los mecanismos que posibilitan la estructuración de un patrón de sociedad que se afirma en los poderes omnímodos privados, cuando el Estado se convierte en un obstáculo o se reconocen limitaciones en las funciones de garante de los procesos violentos de acumulación del capital.

En el caso de Chiapas, el proyecto paramilitar ?de la mano del general Mario Renán Castillo y la asesoría militar estadunidense? formó parte de una estrategia de descomposición del conflicto interno, a fin de impedir que éste alcanzara dimensiones mayores. En diciembre de 1997, la matanza de Acteal ?como la más sangrienta operación de "yunque y martillo", seguida después por las masacres de El Bosque y El Charco (Guerrero)? marcó el punto de inflexión de la lógica militar impulsada por el alto mando castrense para Chiapas, que siempre predominó sobre la vía política en la que estaban inscritos los diálogos de San Andrés.

Si bien en el nivel propagandístico el renovado discurso oficial siguió un patrón tendiente a modificar el estatus y los actores del conflicto, la masacre de Acteal marcó el pasaje de una fase militar preventiva a otra ofensiva signada por la paramilitarización del conflicto.

Según el gobierno, Acteal fue producto de un viejo conflicto ''intercomunitario'' con visos ''religiosos''. En ese escenario, el gobierno y el Ejército dejaron de ser, supuestamente, parte del conflicto y se transformaron en la solución de una "guerra" que se da entre distintos grupos irregulares armados. "El EZLN es el mayor grupo paramilitar de Chiapas", dijo poco después en Venezuela el presidente Zedillo, olvidándose de la ley que él mismo palomeó en 1995 y donde los reconocía como "un grupo mayoritariamente indígena que se inconformó".

Siguiendo los manuales sobre guerra irregular de la Sedena, la acción criminal de Acteal fue ejecutada por un grupo de "autodefensa" formado por indígenas "amigos", cuya misión es limpiar el territorio del "terror e influencia" zapatista. Con esa acción típica del terrorismo de Estado, los mandos militares en Chiapas se propusieron "equilibrar" las fuerzas en contienda y convertir un fenómeno revolucionario con profundas raíces sociales, en una guerra civil, con una ventaja adicional: la creación de una contra mexicana para hacerla pelear contra el EZLN sirve de coartada ideal al Ejército, que no tiene que pagar los costos políticos de encabezar directamente la guerra sucia. La propaganda hace el resto: el Ejército, que hasta la matanza de Acteal y como parte del conflicto aparecía como una fuerza de contención y represión, se ''transformó'' por obra y gracia del bombardeo propagandístico oficial en una instancia "neutral" e incluso "arbitral" y "reconciliadora", lo que coloca a las fuerzas armadas en una pendiente resbalosa: la de creerse ''los salvadores de la patria'', síndrome que aún perdura en varios ejércitos de la región.