DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Antonio Gershenson Ť

Reforma eléctrica: qué cambiar

Aunque no ha habido suficiente difusión de los términos precisos del proyecto de reforma anunciado por la fracción panista en el Senado, lo que trasciende públicamente no le augura mucho éxito, por lo menos no en los términos que se infieren de lo declarado. Una reforma constitucional requiere de mayoría de dos tercios en cada una de las dos cámaras federales, y luego de la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales.

Ningún partido tiene, hoy, ni siquiera mayoría simple, en ninguna de las dos cámaras. A juzgar por lo dicho, ni los legisladores del PRD ni los del PRI estarían dispuestos a votar por una propuesta a la que se promueve en nombre de un libre mercado eléctrico para que haya eficiencia , como si no estuviera a la vista la dura lección de la escasez, los apagones y el encarecimiento desmedido de la energía en Estados Unidos y especialmente en California, que fue el laboratorio en el que se probó el modelito en cuestión.

Por otro lado, surgen dudas acerca de si en realidad los panistas que han anunciado la iniciativa, desde el Senado o desde otros puestos, saben exactamente de lo que están hablando. Afirmamos esto porque dicen que no se trata de privatizar, sino de abrir la industria eléctrica a la inversión privada. Tal vez aún no se hayan dado cuenta, porque no han leído ni los periódicos, o tal vez sólo han leído algunos de los que no informan nada, de que casi toda la nueva capacidad de generación eléctrica, no sólo de ahora sino de todos los proyectos del actual sexenio, y de algunos años antes, se han basado en la inversión privada.

Que los funcionarios del régimen saliente no digan cuáles son los verdaderos términos del problema, se explica por lo menos por dos razones. Primera, porque su iniciativa de vender en pedazos la industria eléctrica fracasó estrepitosamente, y algunos de ellos todavía no saben por qué. Y segunda, porque el revelar los verdaderos problemas de una capacidad de generación que, después de años de estancamiento, está creciendo rápidamente, los hubiera mostrado a ellos como unos ineptos, y a su política al respecto a lo largo del sexenio como un grave error que ha afectado a todo el país.

Sin embargo, si supieran de qué se trata, los panistas no tendrían por qué rehuir el planteamiento del problema real. De ahí la duda de si lo saben, o si sólo repiten lo que les han repetido a ellos algunos funcionarios del régimen saliente: que se va a apagar la luz si no se apuran a privatizar sin privatizar, y cosas así.

Finalmente, y como se ha dicho en el Senado, no aclaran para qué -si no se trata de privatizar y si ya hay inversión privada en la industria eléctrica- quieren cambiar la Constitución.

El verdadero problema del esquema manejado en los dos últimos sexenios, y que ya mostró sus consecuencias en el actual, es que la Comisión Federal de Electricidad se queda con todos los riesgos y con compromisos de pago cada vez más difíciles de cumplir en el largo plazo. Ahora se ve eso claramente. El gas cuesta el triple de lo que se dijo cuando se anunciaron costos bajísimos de la energía comprada a particulares, sobre supuestos que ya entonces eran ridículamente bajos. También ha subido, con el petróleo, el combustóleo. Pero ahora la CFE debe pagar el triple por el gas natural. Claro, aparentemente eso no le afecta más que en parte, porque el precio, en las tarifas aplicadas a las empresas, se eleva automáticamente con una fórmula que intenta reflejar la parte del costo de CFE que proviene del combustible. Pero así como ya cerraron sus puertas varias fábricas, incluso algunas de las más grandes, por los altos costos del gas, el mismo peligro se presenta con las industrias que consumen mucha electricidad.

También asumió la CFE el riesgo de posibles devaluaciones. Y como las obligaciones asumidas no se reconocen, hasta ahora, como deuda, aunque haya que pagarlas, ésta de hecho no pasa por el control ni la aprobación del Congreso de la Unión, y el nivel real de endeudamiento, sobre todo si le sumamos el del Fobaproa, el de otros proyectos financiados en Pemex y el débito reconocida como tal, es alarmante. Ese es el problema real, y a sus posibles soluciones dedicaremos la atención en futuros artículos.