MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Propondrá reformar la ley de responsabilidades
La corrupción cuesta al país 9.5% del PIB: Barrio
Ť Sugiere crear un seguro para proteger a burócratas que cometan errores Ť En áreas conflictivas se aplicarían programas de choque
David Zúñiga Ť La corrupción cuesta a México 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), calculado en 5 billones 237 mil millones de pesos, aseguró Francisco Barrio Terrazas con base en un estudio del Banco Mundial (BM).
En una reunión con la directiva de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el coordinador de combate a la corrupción del equipo de transición de Vicente Fox recordó que México sigue reprobado en la evaluación que desde 1995 realiza Transparencia Internacional: en una escala del uno al diez, la calificación promedio ha sido de 3.3.
En 1998, abundó, México ocupaba el lugar 55 en una lista de 85 países y para este año se ubica en el sitio 59 entre 90 naciones; es decir, continúa entre los más corruptos del mundo.
Ante este panorama, Barrio Terrazas --a quien ya se ha mencionado como candidato a ocupar la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo-- anunció que propondrá al próximo gobierno un plan que buscará reducir la corrupción y la impunidad mediante el mejoramiento de la administración pública, el desarrollo de recursos humanos, la participación de la sociedad y la defensa de los usuarios de servicios públicos.
Dicho plan se basará en algunas líneas estratégicas: primero, la restructuración del marco jurídico y un programa nacional anticorrupción que haga de esta tarea una prioridad; integrar todas las acciones en un programa para todas las áreas de gobierno, y modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Secodam, aseguró, ha perdido muchos casos contra funcionarios corruptos debido a las deficiencias de procedimiento de las leyes actuales.
En contraparte, existen cientos de reglas que exponen a los servidores públicos a caer en errores y omisiones involuntarias que pueden acarrearles sanciones administrativas e incluso penales, y debido a este temor buscan protegerse con autorizaciones, firmas, escritos y demás trámites que se han convertido en un lastre para la eficiencia administrativa. Por ello, el equipo a cargo de Barrio Terrazas propondrá la creación de un seguro que proteja a los empleados de gobierno que incurran en fallas, siempre que no hayan actuado con dolo.
El también ex gobernador de Chihuahua se refirió constantemente a su trabajo en esa entidad para explicar cómo se propone combatir la ilegalidad. Señaló que no se puede aplicar el mismo enfoque en todas las áreas de la administración pública, pues mientas en algunas basta con aplicar medidas preventivas, en otras hay que aplicar medidas de control y en algunas más recurrir a sanciones; no obstante, reconoció que la corrupción es un cáncer que se ha extendido a toda la administración pública.
Pizzas y casinos
Ante presidentes de cámaras industriales, Barrio aseguró que no existen diferencias significativas entre la administración pública y la privada. Al respecto, recordó que en Chihuahua los trámites burocráticos se agilizaron a raíz de que aplicó una especie de promoción: no cobrar los trámites que duraran más de 30 minutos, "como le hacen las pizzerías", bromeó. Ahora la expedición de licencias, dijo, tarda en promedio 12 minutos.
También puso como ejemplo los sistemas de control y vigilancia que operan en los casinos de Las Vegas y que impiden que los talladores y otros empleados roben a la casa.
Otras propuestas del colaborador de Vicente Fox son aplicar "programas de choque" en áreas del gobierno donde la corrupción sea grave. En este caso se formarían grupos especiales dedicados a investigar y perseguir a funcionarios corruptos, pero "sin incurrir en cacerías de brujas".
Asimismo, planteará facilitar a los ciudadanos el acceso a la información sobre el uso de recursos públicos, un programa de servicio civil de carrera a 10 años, consistente en capacitar cada año a 10 por ciento de los burócratas, diseñar un sistema de rendición de cuentas y evaluación de resultados con indicadores claros, crear consejos que vigilen los procesos de licitación y privatización y promover la firma de "pactos sectoriales" entre cámaras empresariales con autoridades de Hacienda, Comercio y Contraloría para combatir el contrabando y la subfacturación, una campaña de medios y un código de ética para los trabajadores de gobierno.
Por su parte, Juan Sánchez Navarro, directivo de Grupo Modelo y fundador del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la lucha anticorrupción debe hacerse extensiva "a todo el sistema priísta" y no limitarse al gobierno saliente, pues si no se combate a fondo puede causar problemas sociales aún más graves.
El empresario reconoció que el próximo gobierno se enfrentará con resistencias e intereses creados durante décadas de gobiernos priístas; no obstante, perseguir y encarcelar a funcionarios deshonestos sería una meta "excelente".