MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Las bancadas legislativas presentaron la demanda ante el Congreso de la Unión
Interpone PRD juicio político contra Ojesto
Ť Validó una elección impugnada ante los tribunales electorales, argumentan Batres Guadarrama y Ortega Martínez Ť Desconfianza en el sol azteca; temen que el funcionario esté prejuiciado
Ciro Pérez Silva Ť Los coordinadores de las bancadas perredistas en las cámaras de Diputados y Senadores, Martí Batres Guadarrama y Jesús Ortega Martínez, respectivamente, presentaron ayer en el Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, por haber prejuzgado sobre los resultados de las elecciones en Tabasco antes de que el caso se sometiera a su consideración, ''lo que merma la credibilidad del órgano que preside''.
Desde la víspera de la jornada electoral, tanto el PRD como diversas fuerzas políticas denunciaron "el cúmulo de anomalías'' en que se desarrolló el proceso, las cuales ''dieron como resultado una elección fraudulenta, plagada de irregularidades planteadas mediante una red de complicidades en todos los ámbitos del gobierno estatal y federal''.
Otorgó de manera ilegal un triunfo
En la exposición de hechos, Batres Guadarrama y Ortega Martínez detallan que el 22 de octubre el IEE de Tabasco realizó el cómputo correspondiente a la elección de gobernador, ''otorgando de manera ilegal'' el triunfo de esa contienda al candidato del PRI, Manuel Andrade, por lo que en el plazo legal correspondiente recurrieron a la instancia jurisdiccional local, el Tribunal Electoral del estado, para impugnar la validez de los resultados.
Los coordinadores mencionan que cinco días después de realizado el cómputo, el magistrado electoral del TEPJF declaró públicamente haber ''platicado con gente que estuvo en Tabasco, por ejemplo, en donde claramente me dicen que la gente votó sin presiones, que votó sin preocupación; salió el día de la jornada electoral, emitió su sufragio y no hubo anomalías".
Estas opiniones, subrayan los perredistas, implican que Ojesto Martínez Porcayo ''prejuzgó sobre un asunto que se encuentra en diversas instancias, y que será sometido a su conocimiento en fecha próxima, realizando con ello un juicio de valor que de manera directa merma la credibilidad del órgano que preside, faltando con ello a las obligaciones de su investidura de servidor público, obligaciones que juró guardar constitucionalmente para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su alto encargo''.
Tanto Batres Guadarrama como Ortega Martínez insisten en que las declaraciones del presidente del TEPJF fueron realizadas sin que la declaración de validez de las elecciones y la constancia de mayoría haya causado estado, ''es decir, a sabiendas de que existen diversos juicios, incluso uno interpuesto por el PRI, pendientes de resolverse por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco'', en el que el PRD denunció las ''múltiples'' irregularidades ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral del 15 de octubre.
Los coordinadores parlamentarios sostienen que el magistrado incurrió en juicios de valor que descalifican a priori las razones que llevaron a los partidos políticos inconformes a recurrir a la instancia jurisdiccional correspondiente, anticipando un análisis sobre los resultados en Tabasco, basado sólo en presunta información de terceras personas y emitiendo con ello un dictamen respecto de un asunto que deberá conocer en un futuro, según marcas las leyes electorales vigentes.
Ortega Martínez y Batres Guadarrama se manifestaron porque el funcionario se disculpe de conocer del caso que llegará a la instancia que preside, debido a que existe la ''presunción fundada'' de que puede estar actuando de manera parcial, en perjuicio de las organizaciones políticas que impugnaron los resultados electorales en Tabasco.
La demanda fue entregada ayer al todavía secretario general de la Cámara de Diputados, Fernando Franco González Salas, quien a su vez deberá entregarla a las instancias legislativas correspondientes para su discusión y dictamen.
Esta demanda de juicio político es la segunda que se presenta en la 58 Legislatura desde que se instaló en septiembre. Previamente se presentó una en contra del secretario de Comercio, Herminio Blanco Mendoza, por el escándalo del Registro Nacional de Vehículos.