Pese a los augurios de un triunfo fácil para Acción Nacional en la elección realizada el pasado domingo en Jalisco --entidad que gobierna desde hace seis años--, el recuento de los votos funcionó tarde y mal, han tenido lugar diversos señalamientos de irregularidades y el panorama político ha llegado a una crispación inesperada. Los tropiezos del Consejo Estatal Electoral (CEE) cometidos con el telón de fondo de una competencia reñida y de márgenes estrechos entre los candidatos panista y priísta a la gubernatura de la entidad, Francisco Ramírez Acuña y Jorge Arana Arana, respectivamente, así como las anomalías referidas, han creado las condiciones para que el partido tricolor realice una impugnación de los comicios que podría prefigurar un conflicto poselectoral. 

Al margen de las pifias y las expectativas insatisfechas ?creadas por la propia autoridad electoral estatal?, el recuento incompleto proporcionado por el CEE da cuenta de un alto abstencionismo y de un retroceso en las preferencias electorales de Acción Nacional, tendencias, ambas, que parecen indicar, más que una decisión favorable al PRI, un voto de castigo para el gobernador panista Alberto Cárdenas, cuya gestión se ha visto afectada por sucesivos escándalos de corrupción, nepotismo e ineficacia --en el mejor de los casos-- en el combate a la delincuencia y a la inseguridad. 

Parece dudoso que esa reacción crítica del electorado jalisciense llegue tan lejos como ocurrió en Chihuahua hace algunos años, cuando el malestar por las deficiencias gubernamentales de Francisco Barrio confluyó con una campaña novedosa y plausible por parte del candidato priísta. En Jalisco, buena parte de la responsabilidad por el elevado abstencionismo recae en los candidatos y sus respectivos partidos, los cuales realizaron campañas grises, frívolas, dispendiosas y carentes de contenidos. 

En la circunstancia actual resulta evidente la necesidad y la pertinencia de limpiar la elección jalisciense con los instrumentos legales previstos, no postergar más la presentación de los resultados definitivos y resanar, de esa forma, las fracturas en la credibilidad de los procesos e instituciones electorales en el estado.