JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Resolutivo de un foro
Exigen retirar al Ejército de la Sierra Sur de Oaxaca
Los resolutivos del Foro de Comunidades Indígenas en Tierra Blanca Loxicha, de cumplirse, podrían colocar el conflicto de esta microrregión de la Sierra Sur oaxaqueña -"triste tierra arrinconada", en palabras de Donaciana Almaraz- en el centro del debate sobre la desmilitarización, la desparamilitarización y los derechos indígenas.
Los habitantes de la región demandarán que el PRI, el PAN y el PRD retiren las iniciativas que presentaron durante la Legislatura pasada en materia de derechos indígenas, para allanar el camino a la propuesta de la Cocopa presentada en 1996.
Pedirán apoyo y celeridad para que el nuevo gobierno ratifique, a la brevedad, el Convenio 169 de la OIT, dé cumplimiento cabal a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y promueva las correspondientes reformas constitucionales.
Exigirán también la desmilitarización de las zonas indígenas del país y la desaparición de grupos paramilitares, parapoliciacos, brigadas de operación mixta y brigadas blancas.
Junto con Ofelia Medina y Begonia Lecumberri, promotoras del foro, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Acción Católica contra la Tortura, Causa Ciudadana, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, el delegado del Instituto Nacional de Ecología en Oaxaca, José Luis Bustamante y caravaneros de todo tipo (ONG diversas, unameros, uameros, sociedad civil, pacifistas e izquierdistas), firman seis diputados federales del PAN.
A su vez, seis diputados federales, entre ellos el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pablo Arnaud (PAN) y el presidente de ese organismo, Héctor Sánchez (PRD), suscribieron otra declaración en la que se comprometen también a exigirle al secretario de la Defensa una explicación sobre "la integración, funcionamiento y efectivos en activo de las guardias rurales (...) que pueden ser el origen de las denominadas guardias blancas"; a apoyar la iniciativa de la Cocopa y retirar cualquier otra propuesta; a promover una reforma constitucional que garantice la titularidad de las comunidades sobre sus territorios, aguas, bosques y recursos naturales y a demandar la revisión de los turbios procesos judiciales de los 85 presos de Loxicha.