JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Repudio al paquete económico de De la Rúa

Protestas caldean el ambiente político y social en Argentina

Ť Advierte el presidente sobre la extrema vulnerabilidad del país

Ť Intelectuales y ONG piden solución a los presos de la Tablada

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 15 de noviembre Ť Las protestas sociales en reclamo de trabajo y contra el nuevo paquete de medidas económicas del gobierno, entre ellas el proyecto de eliminar la jubilación estatal vigente, caldearon hoy aún más el tenso ambiente político y social en Argentina.

Miles de estatales se movilizaron ante el Congreso y advirtieron sobre posibles despidos de las cajas de jubilados oficiales. En el mismo lugar también protestaron los sindicados en la Unión del Personal Civil de la Nación y los bomberos voluntarios, que hicieron sonar sus sirenas en rechazo al proyecto de eliminar un subsidio que permite mantener los cuarteles de la fuerza en todo el país.

Al mismo lugar llegaron organismos humanitarios, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y grupos de intelectuales que exigen una "acción inmediata" para solucionar la situación de los 13 presos por el ataque al cuartel de la Tablada (enero de 1989), hospitalizados después de más de 70 días de huelga de hambre para reclamar que se revisen sus condenas en una segunda instancia, como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Horas antes, el presidente Fernando de la Rúa advirtió sobre la extrema "vulnerabilidad" de la república, y esta noche no logró concretar un acuerdo sobre las medidas económicas con los gobernadores del opositor Partido Justicialista (peronista), ahora la mayor y casi única esperanza del gobierno para enfrentar la crisis. Desde el exterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió un mensaje preocupante en las últimas horas, prácticamente condicionando sus préstamos para que Argentina logre un blindaje financiero, al resultado de estas negociaciones.

El país es una postal del incendio. En la mayoría de las provincias se multiplicaron los cortes de ruta, después que ayer durante horas Buenos Aires fue literalmente tomada por los trabajadores estatales, en un esquema de movilización constante y cortes de acceso a la capital, que culminará con un paro general por 36 horas el próximo 23.

Atrapado por sus constantes concesiones tanto a los organismos financieros externos como a los sectores más conservadores de la centrista Unión Cívica Radical (UCR) -el partido mayoritario de la Alianza gobernante-, la administración de De la Rúa parece haber perdido el rumbo ante la magnitud de la crisis. Los analistas hablan de su "extrema debilidad" para enfrentar las tormentas internas, a las mafias surgidas durante la última década, a las presiones de los organismos financieros internacionales y a los "gurúes del poder económico mundial, cuyas opiniones tremendistas no son casuales".

"Si ellos (el FMI) vienen por más, nosotros iremos por más, y el gobierno y todos deben entender que esto es una resistencia ante la inmoralidad y la indiferencia frente a la vergonzosa situación de que uno de los países más ricos y despoblados del mundo, tenga millones de personas en la indigencia y el hambre", dijo Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) rebelde, convocante del paro general, al que se sumará el ala dialoguista de la CGT, la Central de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa del noroeste.

"La directiva política es de una mediocridad absoluta, tenemos una directiva de m...." dijo por su parte el ex aspirante justicialista a la presidencia, Eduardo Duhalde, quien advirtió que el país se encuentra en "una situación preanárquica".

Sin embargo, los pasos del gobierno lo alejan cada día más de la gente y las encuestas revelan una caída asombrosa de la imagen presidencial, ahora en su punto más bajo a menos de un año de su llegada al poder. En Jujuy, al norte del país, el sindicalista Carlos Perro Santillán lanzó un ultimátum para que antes del fin de semana se dé respuesta a los trabajadores estatales, que no cobran sus salarios desde hace meses, y a los piquteteros que siguen cortando rutas para reclamar fuentes de empleo.