DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Otorgará el consulado mexicano los permisos
Podrán 10 mil migrantes introducir al país sus vehículos el fin de año
Antonio Castellanos, enviado, Dallas, Texas, 18 de noviembre Ť El consulado general de México en Dallas inició un programa piloto para proteger a los trabajadores migratorios que retornan al país todos los fines de año. El cónsul general, Luis Ortiz-Monasterio, dijo que se otorgarán 10 mil permisos para que puedan internar sus vehículos en territorio nacional sin ser molestados.
La única condición es que los mexicanos que hagan esa solicitud no tengan un vehículo en México o que no lo hayan regresado. Se utilizará un banco de datos para revisar si el solicitante viajó en 1998 o 1999 con un automotor y regresó sin él. Si es el caso no se otorgará el permiso que ya se ha empezado a tramitar a partir de este fin de semana.
Con un territorio que incluye 90 condados en el norte de Texas, 75 en Oklahoma y 40 en Arkansas, la acción del consulado general de México en Dallas abarca una población de casi 122 millones de personas, de las cuales 650 mil son mexicanos y, como consecuencia de ello, una tarea inmensa para defender los derechos laborales y humanos de sus connacionales.
En la actualidad, hay 11 mexicanos que podrían ser sentenciados a la pena de muerte y que lamentablemente, indicó, ninguno podrá cambiar su destino. La mayoría enfrenta situaciones difíciles, pero el consulado agotará todas las instancias legales para defenderlos o condonar la pena. Entre estos se encuentran Javier Suárez Medina, Rafael Camargo Ojeda, Oswaldo Torres Aguilera, y Oswaldo Soriano.
Según dijo el funcionario diplomático, otros mexicanos que serían sentenciados a la pena capital son Carlos Sánchez, Jorge Torres, Alfredo Aguilar, Ernesto Bailón, Daniel Lemus Ríos y Artemio Torres Magaña.
Ortiz-Monasterio agregó que de acuerdo con el informe binacional sobre migración, formulado por las autoridades oficiales, los problemas o relaciones de la migración de México y Estados Unidos datan desde 1870, cuando se reclutaron trabajadores mexicanos para trabajar en los ferrocarriles del sudoeste y en la agricultura de Estados Unidos, hasta los años 90 en que se firma el Tratado de Libre Comercio fue entonces cuando los estadunidenses reforzaron el control fronterizo.
Nuevas leyes, dice el informe, aceleran la remoción de migrantes no autorizados y restringen las prestaciones de asistencia social a los migrantes autorizados. Además, surgen nueva presiones como la de los rancheros en Texas que decidieron impedir la entrada y convocaron a matar mexicanos.
De acuerdo con el documento, la relación fronteriza no está exenta de tensiones. Los delitos menores, el vandalismo y el vicio transfronterizo son causas constantes de preocupación en muchas comunidades de la frontera.
La violencia hacia y en la frontera misma se cuenta entre los efectos más negativos de la migración entre los dos países y está relacionada en gran parte, aunque no exclusivamente, con los movimientos no autorizados. Señala que los migrantes son víctimas de una gran variedad de delitos, que van desde ataques y abandono por parte de los coyotes o polleros hasta el robo, la violación e incluso el asesinato.
Agrega que las muertes registradas y no registradas que se relacionan con intentos por cruzar la frontera son preocupantes. También inquietan los ataques violentos de los coyotes y otros individuos a funcionarios que son responsables de las operaciones fronterizas en ambos países.
Al respecto, el diplomático dijo que su representación no escatimará ningún recurso legal para defender a los mexicanos de las vejaciones tanto en Estados Unidos como en México, donde funcionarios fronterizos o policiacos les exigen dinero para poder internar sus vehículos.
Por último, manifestó que es preocupante la presión a que se ven sometidos los trabajadores migratorios y empieza a observarse un fenómeno en el que ya no quieren regresar a México. El riesgo es que ya no lo hagan y que a cambio paguen el pasaje para que sus familiares los vayan a visitar.