DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Organizaciones independientes de Chiapas se instalan en congreso permanente
Gonzalo Ituarte pide no provocar a paramilitares
Ť El vicario de San Cristóbal advierte que si las acciones contra grupos armados no son claras se pueden desatar respresalias
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de noviembre Ť El sacerdote Gonzalo Ituarte, vicario de justicia y paz de la diócesis local, afirmó que en la aplicación de la ley a los paramilitares que operan en Chiapas ''se tiene que encontrar un equilibrio entre los riesgos que implican reacciones defensivas de estos grupos y la necesidad de crear bases para que sea posible reconstruir el proceso de paz que ha estado congelado desde hace mucho tiempo''.
Dijo que en el caso de Paz y Justicia ''se tiene que actuar de tal manera que la detención de sus líderes históricos y el ejercicio de la justicia sean lo suficientemente claros para que los que permanecen libres no se sientan tentados a amenazar, actuar o atacar a sus vecinos como represalia o presión para la liberación de sus presos''.
Insistió: "Tiene que ser sumamente firme el proceso judicial y las medidas preventivas para que esto no suceda, dado que históricamente las autoridades municipales han sido protectoras y hasta promotoras de los paramilitares. Se tiene que tener una vigilancia, advertencia y supervisión sobre la acción también de las autoridades locales para que se evite que el ejercicio de la justicia se convierta en un pretexto para nuevas acciones de los paramilitares''.
Ituarte aseveró: ''No se pueden crear condiciones para reconstruir el proceso de paz si existe esta forma tan perversa de conflicto y por lo tanto el gobierno tiene que ser claro de que se ha tomado la decisión de no permitir que se sostenga este modelo de confrontación''.
Los arrestos, tardíos
También sostuvo que quienes pertenecen a esos grupos deben tener claro que no se trata de la negociación de un sindicato con sus líderes, sino que ha habido un nivel de criminalidad grave y que debe visualizarse en las condiciones previas al proceso de paz y después en el de reconciliación en las comunidades.
El vicario aseveró que el castigo a los paramilitares "es una demanda generalizada no sólo de los zapatistas sino de la opinión pública nacional, y no sólo un elemento mínimo necesario para la creación de condiciones que deberán seguirse trabajando para que se restablezca el proceso de paz, que fructifique en un proceso de diálogo y negociación posterior''.
Ese proceso de paz, que no se reduce al diálogo entre el gobierno y el EZLN, es mucho más integral; está la supresión de los paramilitares como una condición elemental para que sea posible avanzar, manifestó quien fue secretario técnico de la disuelta Comisión Nacional de Intermediación (Conai).
Añadió que la detención de los dirigentes históricos de Paz y Justicia es una acción "positiva, aunque tardía" pues las denuncias vienen desde 1995.
"La detención hace posible imaginar que el gobierno mexicano por fin asuma que no puede permitir que se privatice la guerra sacando de las mismas comunidades a quienes confronten, pues ha sido histórica la denuncia de la protección que han dado policías y el Ejército a estos grupos y la opinión general es que los paramilitares se constituyeron como sustitutivos de las fuerzas oficiales del gobierno para detener la insurgencia y la oposición en general".
Ť Buscar condiciones para la reconciliación, el propósito
De la corresponsalía, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de noviembre Ť Setenta organizaciones indígenas y campesinas determinaron instalarse en un congreso permanente, con el propósito de buscar condiciones para la reconciliación entre las comunidades de la entidad.
La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (Coao), las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), el Bloque de Poder Popular, Unión de
Organizaciones de Ejidos y Comunidades, el Consejo Estatal de Transportistas Independientes, la Red de Organizaciones Selva y Frontera y el Centro de Investigaciones Sotz Choj, entre otras, acordaron presentar de manera conjunta un proyecto de trabajo para participar ''directa y activamente en el proceso de gobierno''.
Según lo dieron a conocer los líderes de esas organizaciones, entre ellos Arturo Luna Luján, quien participó en el gobierno paralelo que en 1994 encabezó Amado Avendaño, desde el alzamiento zapatista a la fecha ha habido al menos dos intentos fuertes por unir a las diferentes organizaciones independientes que existen en la entidad.
Los mismos han fracasado, derivado principalmente de las acciones del gobierno para coptar y neutralizar, por medio de la entrega de millonarios recursos, las acciones de los grupos campesinos, subrayó el dirigente.
En este sentido, los representantes de las 70 organizaciones apuntaron que con vistas a los cambios que vendrán con la entrada del gobernador electo, Pablo Salazar Mendiguchía, y del próximo mandatario, Vicente Fox, las organizaciones instalarán su congreso permanente.
La primera reunión será 25 y 26 de noviembre, en la que plantearán las primeras estrategias de acercamiento entre las organizaciones y representantes de comunidades en donde existe confrontación interna, o donde se dieron actos de división.
El ejemplo más claro, subrayó Arturo Luna, es el de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), que luego del 94 se dividió en tres secciones, las cuales participarán en el congreso permanente.
''El objetivo es crear las condiciones necesarias para impulsar la reconciliación y la paz entre la población indígena, campesina y los sectores del movimiento popular del estado''.
Asimismo, sentar las bases políticas para generar condiciones de gobernabilidad y posibilitar una política objetiva para el desarrollo integral de los pueblos, estableciendo una nueva relación con el gobierno estatal y la sociedad en su conjunto.