DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Responsabilizan a caciques protegidos por la PJE y autoridades locales
Denuncian ejidatarios de La Concordia despojo de tierras
Campesinos del ejido Benito Juárez, municipio de La Concordia, Chiapas, denunciaron el despojo de 600 hectáreas por un grupo de ''caciques paramilitares comandados y protegidos por la Policía Judicial del Estado''.
El secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, fue informado de los hechos y de la presunta responsabilidad en éstos del director administrativo de la Procuraduría Agraria en la región, José Luis Orantes Coutiño, quien actuó en contra de los ejidatarios.
Los ejidatarios son apoyados por diversas organizaciones campesinas, como Ugocem, Ugocp, Conospro y Cocyp, entre otras, las cuales se integraron en torno a un Pacto de Unidad a fin de hacer llegar su denuncia a las autoridades federales y a la Cámara de Diputados.
Señalaron que Mario Orantes Balbuena, del ejido Benito Juárez y tío del funcionario de la Procuraduría Agraria, actúa de manera violenta "con el apoyo de autoridades de Chiapas y del gobierno federal, y en complicidad con el gobernador de la entidad Roberto Albores".
Los campesinos exigen el cese inmediato de los actos que consideran intimidatorios y la detención de los responsables del "despojo"; además, respeto a la propiedad ejidal y a las decisiones que toman los ejidatarios en asamblea.
A Robledo Rincón le solicitaron la investigación correspondiente por los presuntos delitos de tráfico de influencias de los servidores públicos. ''Es preocupante para las organizaciones campesinas que representamos que un alto funcionario de la Procuraduría Agraria sea parte de un cacicazgo en Chiapas y desde ahí defienda sus intereses y los de sus familias.
"Ello resulta un pésimo precedente que esperamos que se investigue. El secretario de la Reforma Agraria y el procurador Rafael González Pimienta tienen la obligación de convocarnos a una reunión inmediata para dar solución al conflicto y dar cauce a la demanda correspondiente ante la contraloría interna y de la Federación para que procedan contra los funcionarios involucrados, cómplices de los caciques paramilitares'', afirman los ejidatarios. (Fabiola Martínez)