Ť Según la iniciativa foxista de apertura, se eliminaría el apoyo a las empresas 

Subsidio eléctrico sólo para los consumidores de pocos recursos

Ť Propone reformar los artículos 27 y 28 constitucionales para que los inversionistas asuman los riesgos del negocio Ť Con el esquema sugerido, habría intermediarios en el mercado nacional

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas Ť La iniciativa de Vicente Fox para Reorganizar el sector eléctrico impulsará una política de subsidios con recursos fiscales directos para los usuarios de menor capacidad económica, y reducirá paulatinamente, hasta su eliminación total, ese apoyo destinado a las empresas. La propuesta incluye la posibilidad de que se constituyan empresas generadoras y distribuidoras, es decir, intermediarios que actúen en el mercado nacional.

El proyecto, elaborado por el equipo de asesores y colaboradores cercanos al presidente electo, plantea reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear "un mercado de energía abierto que garantice la participación de los inversionistas privados, aliviando el presupuesto del gobierno".

Los ordenamientos constitucionales en cuestión expresan a la letra: artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los tiempos u condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

De aprobarse esa reforma constitucional en el Congreso, refiere la propuesta foxista, "los inversionistas asumirían el riesgo del negocio, en vez de que el gobierno continúe asignando recursos o adquiera deuda, que podría destinar a proyectos de mayor impacto social, como educación, agua y salud. La carga financiera en un mercado eléctrico pasaría del gobierno a los inversionistas".

Terminar un monopolio, y crear otros

La intención del próximo gobierno es terminar con el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo dio a conocer La Jornada, pero el proyecto del equipo de Fox establece la urgencia de abrir la puerta a empresas que controlen la generación y distribución de electricidad en distintas zonas del país. Es decir, fomentar la creación de monopolios regionales aprovechando "lo avanzado" por la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC).

"La división de regiones de distribución garantizaría la viabilidad técnica y económica de las industrias locales. Se consolidarían varias empresas de distribución como unidades de negocios, las cuales comprarían la energía en bloque del mercado mayorista o de cualquier productor, a su conveniencia, pero estarían sujetas a la regulación en los rubros de planes de inversión para extender la cobertura del servicio y modernizarlo; estándares de calidad del servicio, vigilancia de costos y tarifas".

Con el tiempo, las empresas regionales o unidades de negocios se mantendrían como subsidiarias de la CFE y participarían en sus órganos de administración los gobiernos de los estados comprendidos dentro de la región de servicio. "Las compañías distribuidoras estarían reguladas de tal forma que sus ingresos por tarifas cubrirían sus costos totales, sus requerimientos de inversión y una rentabilidad justa y razonable. En varios países como España, esto ha funcionado muy bien, ya que las compañías de distribución son rentables y autosuficientes".

Los pilares de la reforma eléctrica que planteará Fox establecen que la autoridad en materia eléctrica permanecerá en la Secretaría de Energía; la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será reforzada como organismo del Estado con autonomía, porque definirá las reglas del mercado eléctrico y la regulación de la Red Nacional de Transmisión.

Sobre todo, se crearía un nuevo organismo estatal a partir del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), con autonomía bajo las regulaciones, normas y disposiciones de la CRE. Y en ese modelo, la CFE y LFC se reorganizarían como unidades de negocios, bajo el concepto de autonomía de gestión para fomentar la eficiencia y competitividad que asegure un suministro de electricidad con precios competitivos.

La transmisión de energía, que forma parte del eslabón generación-comercialización, quedaría en manos del Estado, y su control estaría a cargo del organismo autónomo que la iniciativa foxista propone. La CFE mantendrá la operación física de la transmisión, y los productores privados podrán construir y operar líneas, pero al conectarse a la red nacional se incorporarán al dominio público.

El destino de miles de millones de pesos al subsidio de la CFE y Luz y Fuerza del Centro "sirve para ocultar sus ineficiencias", señala uno de los documentos elaborados por el equipo de asesores del presidente electo.

"Las tarifas actuales no reflejan los costos reales de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, y mucho menos les permite obtener los recursos para hacer frente a las inversiones que requiere el sector. De mantenerse la actual estructura tarifaría actual, para el 2001 se requerirán aproximadamente 62 mil millones de pesos en subsidios.

"En contraste, los ingresos esperados en estos dos organismos ascenderían a 123 mil millones de pesos, de los cuales el monto de aprovechamiento de la CFE es de 40 mil 600 millones, y el pago por aprovechamiento que debe realizar al gobierno federal es consecuencia de que éste ha absorbido la deuda de la compañía a partir de los 80, estableciendo un mecanismo nivelado que se denominó aprovechamiento, y que en su momento significó el rescate financiero de la CFE".

El proyecto del futuro mandatario da énfasis al necesario subsidio para los pequeños consumidores y el paulatino retiro del apoyo a las empresas: "Al contrario de lo que ocurre actualmente, debe existir una política de subsidios para los usuarios de menor capacidad económica. Si el apoyo se asigna sólo a los usuarios domésticos de menor consumo y al riesgo agrícola, su monto ascendería a 17 mil 500 millones de pesos para el próximo año. Por lo tanto, estos desembolsos, de carácter social, deberán cubrirse con recursos fiscales y no con cargo a la CFE y Luz y Fuerza del Centro.

La iniciativa de reforma constitucional que presentará Vicente Fox después de su toma de posesión no pretende desregular el sector eléctrico nacional, señala el estudio elaborado por sus asesores, "por el contrario, la participación pública y privada requiere de una regulación sólida y adecuada".

La lógica del próximo gobierno apunta a que el inversionista asuma riesgos con leyes claras que beneficien y protejan a los usuarios: "a pesar de los problemas naturales y crisis específicas en los sistemas eléctricos en proceso de reorganización, y que son los que realmente llaman la atención, existen evidencias de que el cambio al esquema de mercado ha traído beneficios tangibles en calidad de servicio, disponibilidad en el suministro, crecimiento en la capacidad instalada y, por lo tanto, en la inversión".

En los casos de la CFE y LFC, sus ingresos, aseguran los estudios de los asesores de Fox, son insuficientes para cubrir el nivel de costos de inversión y operación requeridos para incrementar la reserva de megavatios: "aun cuando se lograra el fortalecimiento financiero y operativo de ambas empresas en un plazo mínimo, éstas no tendrían recursos suficientes para satisfacer la demanda de generación, transmisión y distribución de energía".

Gas natural, fuente de electricidad

Los estudios hechos por el futuro gobierno señalan que, a corto plazo, el gas natural se mantendrá como el energético preferente para generar electricidad, porque las plantas que lo utilizan se construyen en menor tiempo, son más eficientes, el impacto ambiental es menor y los costos de la generación, transmisión y distribución son menores.

Los foxistas consideran otro problema que el suministro de ese energético no es suficiente en el país, y para buscar la autosuficiencia será necesario dedicar más inversiones en exploración, producción y transporte, y Pemex requiere "cambios significativos como la autonomía de gestión, nuevo régimen fiscal y orientar su actividad en el marco de una política energética integral".