DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť José Antonio Rojas Nieto Ť
Cuatro retos urgentes del sector energético
Se ha dado más énfasis a la nominación de personeros para el nuevo gobierno que a la discusión de los grandes problemas, los grandes retos y, sin duda también, los grandes recursos que se tendrá para enfrentarlos. No hay que olvidar que sólo una discusión abierta a toda la sociedad y una decisión ampliamente consensuada garantizará que México ingrese en una fase de transición que le permita -se escuchó a Vicente Fox decirlo así en Canal 11- trazar su perspectiva estratégica para los próximos 25 años. Lo que se haga en energía es fundamental. En esta área hay retos que deben ser atendidos con urgencia pero con profundidad, con cuidado técnico pero con cuidado social para garantizar estrategias que cuenten con legitimidad y consenso sociales. El sector energético constituye uno de los aspectos de nuestra vida en los que somos altamente sensibles. Nuestras ideas y sentimientos tradicionales de autodeterminación, de soberanía y de nación se han vinculado -con mucha razón- a nuestro petróleo y a nuestra electricidad. No lo olvidemos. Nuestra modernización y nuestra nueva forma de inserción al mundo no pueden ser razón ni circunstancia para ignorarlo.
Cierto, México posee una de las reservas más importantes de hidrocarburos en el mundo (recuantificada hoy en 34 mil millones de barriles de crudo y 43 billones de pies cúbicos de gas natural); y, sin embargo, corre el riesgo de dilapidarlas si no redefine su política de extracción y de exportación, con una visión de largo plazo que permita garantizar la autosuficiencia nacional de crudo y gas natural para producir refinados de calidad industrial y ambiental; fortalecer el consumo de gas natural para los sectores residencial, comercial, industrial e, incluso, del transporte; apoyar la expansión óptima de la planta de generación de electricidad, y garantizar la materia prima necesaria para el fortalecimiento de la industria integral de la química de los hidrocarburos. Evidentemente, esto exige una estrategia también de largo aliento para fortalecer el desarrollo industrial energético en petróleo, gas natural y su química integral, y en la industria eléctrica, sin renunciar a la propiedad nacional de los recursos naturales, al papel del Estado en las áreas estratégicas y su ineludible responsabilidad de prestar el servicio público de electricidad, lo que le obliga a impulsar esquemas de fortalecimiento financiero, incluyendo formas de participación coadyuvante del capital privado que sea capaz de trascender su visión de corto plazo y su práctica especulativa y rentista, y acepte asociarse con empresas estatales autónomas, supervisadas y vigiladas, incorruptibles y comprometidas con una visión de largo plazo del desarrollo nacional, en la que la sociedad también trabaja e impulsa nuevas formas de consumo eficiente y limpio de energía.
La autosuficiencia de combustibles y el fortalecimientos industrial exigen renovar los esquemas de precios internos considerando costos internos de producción y reconociendo costos de oportunidad, menos para imponer un esquema único de cotizaciones internas con base en precios de transferencia, más para determinar, con inteligencia y cuidado, esquemas flexibles de precios diferenciales sustentados en compromisos de inversión y de desarrollo sectorial y regional comprometidos con la visión de largo plazo. Asimismo, hay que redefinir la política de precios de la electricidad, lo que supone acuerdos sociales fundamentales sobre tres aspectos: mecanismos de determinación de costos y fijación de precios de la electricidad para fortalecerla y permitir la participación privada, sin renunciar a la obligación estatal de proporcionar este servicio público con calidad, confiabilidad y al más bajo costo; grupos y sectores que recibirán en su factura eléctrica el subsidio otorgado por la sociedad; monto de este subsidio y forma de financiarlo.
Finalmente, y sin duda con íntima vinculación con todo lo anterior, es preciso redefinir la estrategia fiscal para las industrias petrolera y eléctrica, en el primer caso, para lograr una participación óptima de los ingresos petroleros en el presupuesto gubernamental, sin cancelar la capacidad financiera de Pemex para su fortalecimiento extractivo e industrial, y en el segundo caso, para terminar con el denominado aprovechamiento y garantizar que la industria eléctrica estatal determine el nivel real de su capacidad para financiar su expansión y modernización, y con ello se establezca con nitidez y claridad la mayor o menor necesidad de la participación privada en la industria. Garantizar autosuficiencia, fortalecer el desarrollo industrial, renovar esquemas de precios y redefinir estrategia fiscal con cuatro de los grandes retos que enfrenta, más que el nuevo gobierno, la nueva sociedad mexicana que anhela superar la pobreza, acceder a estándares superiores de bienestar y gozar de una vida democrática plena. La energía es clave para ello. No puede quedar en manos de las renovadas asociaciones de tecnócratas con negociantes sin escrúpulos. De veras que no.