MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000

PAGINA 9

Ť Lourdes Galaz Ť

Control a la prensa

Ť Fox y la reforma del Estado mexicano... Ť Urge hacer efectivo el acceso a la información pública... Ť Clinton veta una ley del Congreso para frenar a comunicadores Ť Aquí, confusión en el debate sobre medios y periodistas

Con todo y las acostumbradas filtraciones en los medios afines al gusto del filtrador o de su jefe, se anuncia para hoy la presentación "oficial" de las conclusiones de la comisión de estudios para la reforma del Estado que, con toda la parafernalia de los setenta tan pasada de moda (tiempos echeverristas, claro), coordinó Porfirio Muñoz Ledo. Y vale la referencia, porque entre otras propuestas de la comisión foxista se incluye una referente a legislar sobre una nueva relación del Estado -particularmente del gobierno- con los medios de comunicación. Reforma de trascendencia, porque va mucho más allá de la urgencia de ordenar y transparentar los gastos por unos 4 mil millones de pesos (o más, mucho más, suma nada despreciable en el austero 2001) de publicidad y propaganda del Poder Ejecutivo Federal, cosa que incluye el presupuesto de egresos de la Federación desde 1992, con adecuaciones de la Cámara de Diputados para el 2000, que por cierto pocos conocen y nadie cumple. La reforma tiene que ver con los derechos humanos y las libertades públicas, con el derecho a la libre expresión y el derecho a la información garantizados en la Constitución, pero no reglamentados en leyes ad hoc, aunque sí establecidos en tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo con la autorización del Congreso, que c omo advierten los juristas, su vigencia y aplicación tienen rango constitucional. Además tienen relación con el derecho de réplica y el derecho a la privacidad, igual que con los derechos laborales y profesionales de los periodistas y la confidencialidad de sus fuentes de información, que entre otros asuntos urge garantizar a esa sociedad que votó por el cambio.

Sobre estos temas se ha bordado mucho en los últimos meses. Un senador panista que pretende ser el líder del derecho a la información -con la ayuda de ciertos amigos más que interesados en el control de los medios- cuenta en 25 los foros, asambleas, congresos, seminarios habidos del 4 de septiembre a la fecha, actos todos con diversos patrocinios y muy similares avales académicos y políticos. Estos tiempos de cambios sexenales, de ríos revueltos y ganancias de oportunistas, son buena temporada para el debate de temas, como la libertad de expresión y el derecho a la información, sobre todo cuando el próximo equipo de gobierno ha mostrado ser tan sensible a la influencia y presencia de la prensa, la radio y la televisión. Tan es así, que el 6 de noviembre pasado, medios afines al foxismo difundieron un proyecto de decreto presidencial para concentrar en la casa presidencial el manejo de la información de todo el gobierno federal y de los recursos presupuestales (4 mil millones de pesos y mucho, mucho más) que autorice el Congreso para publicidad, propaganda y operación de entidades paraestatales como Notimex, Imer, Canal 11 y 22. El proyecto de decreto fue presentado exactamente a un mes del cambio de banda presidencial. La vocera Martha Sahagún explicó a diputados panistas la nueva "Política de Comunicación Social del Gobierno Federal 2000-2006" y les dijo que el foxismo "tiene claro que los medios son un buen negocio" y aunque "no estamos en contra de su derecho lícito a obtener utilidades... es claro que los medios también tienen una responsabilidad social" (sic). Así, de acuerdo con el proyecto de decreto, se crearía una Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, que concentraría no sólo las estrategias, pautas y recursos presupuestales para publicidad de todo el gobierno, sino también se encargaría de coordinar la operación de los medios del Estado y, lo que es más serio, definiría qué información se difunde y de qué manera se hace, y hasta decidiría qué información no se hace pública "por razones de Estado o de seguridad nacional".

Y aunque luego de que algunos legisladores del PAN, y con gran lucidez ciertos periodistas, cuestionaron la sensatez del proyecto, la propia Martha Sahagún negó que el nuevo gobierno pretenda centralizar en Los Pinos la política de comunicación social. Bueno, hasta Vicente Fox tuvo que salir al paso de las críticas, como siempre responsabilizando a los periodistas: "Son malas interpretaciones de algo al revés que señaló la señora Sahagún... (cuando) es clarísima la explicación de la señora, porque estamos por la libertad total de expresión". Y más aun el presidente electo recomendaría a los periodistas: "...ejérzanla (la libertad) porque luego la misma prensa se limita". Mientras estos dimes y diretes ocurren, a ocho días del cambio de banda en la Presidencia, lo que está en el ambiente de los comunicadores y de los diputados y senadores es que no existe ningún impedimento y sí un aparente consenso de que el Estado debe poner a disposición de todos los ciudadanos la información de interés público que produce en todas sus entidades y a todos los niveles de gobierno. Es garantía constitucional tener acceso a la información, no sólo a los boletines de prensa y a los mensajes propagandísticos del gobierno en turno. Se trata de toda la información disponible, salvo la relacionada con la seguridad nacional.

Sobre la información reservada sí es urgente legislar, que el Congreso y el Ejecutivo Federal acuerden qué asuntos deben reservarse por seguridad del Estado y por cuánto tiempo, y cuáles no. Ciertamente, se advierte una gran trampa en este debate coyuntural: garantizar el derecho a la información es obligación del Estado (artículo 6o. de la Constitución), que no debe confundirse con la responsabilidad de los medios a hacer transparente, menos corrupta, su relación con el gobierno. El ejercicio del gasto público en publicidad y propaganda oficial debe sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad y disciplina que establece el Congreso cuando aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sólo hay que cumplir esas normas, no tratar de concentrar en la casa presidencial, como en regímenes autoritarios y antidemocráticos, la información pública a que tienen derecho los ciudadanos todos. Ni confundir el asunto con la necesaria reglamentación del trabajo periodístico, por ejemplo, con una norma que haga efectivo el derecho de réplica. Tampoco impulsando, sin más, la creación una procuraduría, un ombudsman o una comisión exótica ( como un "IFE de la comunicación", afirman los que dicen que saben) para regular, transparentar y, por supuesto, controlar a los medios. Hay mucho que debatir, por lo pronto le cuento que allá en el país de la democracia y el libre mercado, donde a 14 días de la elección presidencial todavía no saben quién ganó, cuatro de los principales medios de prensa: CNN, The Washington Post, The New York Times y The Newspaper Association of America, pidieron al presidente el veto a una ley, ya aprobada por el Congreso, que penalizaría la divulgación de "secretos de Estado". Bill Clinton vetó la ley, porque "podría impedir actividades legítimas que están en el corazón de una democracia" y el libre flujo de información es esencial para una sociedad democrática... Experiencia en cabeza ajena.

En 3 tiempos

Ť Fox y sus head hunters: Ƒdónde encontró AMLO tantas mujeres?

Ť La Corte de Florida podría fallar hoy... Jeb Bush saldría mal parado

Ť Los caminos de la pasión en las bodas sagradas, también en las profanas

Muy interesante, la composición del equipo de trabajo del jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo, porque se trata de profesionales, con poca o escasa experiencia administrativa. Claro, hay gente como César Buenrostro, Leonel Godoy, Laura Itzel Castillo y Alejandro Encinas, quienes mostraron capacidad en la primera administración perredista de la capital. Otros son académicos, abogados y demás, gente honrada, dicen. Pero lo que más sorprendió, y no a los electores de López Obrador, sino a Vicente Fox y sus head hunters, fue la incorporación de nueve, sí, šnueve mujeres! Todas con expedientes de primera y reconocimientos profesionales. El presidente electo que ruega -en privado, claro- que le ayuden a hallar mujeres con capacidad y decisión para integrarlas a su equipo... Eso dice, hay que ver si quiere mujeres en el gabinete presidencial.

Todo Estados Unidos fue ayer testigo de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de Florida, y los estadunidenses seguían esperando anoche el resultado de la pugna por la Casa Blanca. En vísperas del día de Acción de Gracias, este jueves, ni Al Gore ni George Bush tienen aún nada que agradecer. Se niegan a hacer declaraciones sobre la controversia, y sus colaboradores dan la batalla ante la opinión pública... Mientras, Jeb Bush, gobernador de Florida desde 1998, está en un dilema del que puede salir mal parado gane quien gane. Si Gore gana Florida, los republicanos reprocharán a Jeb no haber podido entregar ese estado a su hermano mayor. Si Bush vence, los demócratas podrían acusar al gobernador de parcialidad y aun de fraude electoral y a George de llegar manchado a la Casa Blanca.

Hoy se presenta Encendida, libro de Patricia Gaxiola, que muestra no sólo algunos de los caminos de la pasión, sino también consigna las similitudes entre lo que podríamos llamar las bodas sagradas y las bodas profanas. Ambas, formas de entrega que suponen un compromiso y despiertan la expectativa de una renovación interior y exterior. La autora alude a esta circunstancia desde una perspectiva cuya mordacidad desemboca a veces en el humor negro, y la convierte en la base de sus peculiares relatos. Todo por aquello de las bodas que se anuncian en la casa presidencial. La presentación de Encendida (Ed. Océano) conjuntará la actuación de la actriz Julieta Egurrola, los cantos gregorianos de Mario Avila, los comentarios de Enrique Márquez, Rubén Aguilar y José Ramón Enríquez. La cita, en el Museo Del Carmen que dirige Virginia Armella, por San Angel.

Ť Ilustraciones: Luis Fernando /Serie: Cambio de piel

Ť Fax: (5)262 4332 Ť [email protected]