MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Observadores por la paz emiten segundo informe
Las indias, principales víctimas de 7 años de guerra en Chiapas
Ť Incumplen gobiernos federal y estatal obligaciones Ť Tocará a Fox y a Salazar probar su voluntad de una solución de fondo, anotan
Juan Antonio Zúñiga M. Ť La Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil por la Paz en Chiapas afirmó que después de 78 meses de guerra en esta entidad "la situación que guardan los derechos económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, es alarmante" y consideró que los gobiernos federal y estatal "han incumplido sus obligaciones de garantizar el respeto y la promoción de los mismos".
Al dar a conocer su segundo informe, A Siete Años de la Guerra, esta misión, en la que participaron 14 representantes de 13 estados de la República y tres países, pertenecientes a 60 organismos civiles y políticos, puntualizó que las mujeres han sido el sector de la sociedad chiapaneca que "ha sufrido los peores estragos del conflicto", y señaló que "ellas han sido y son quienes en estos casi siete años de guerra han padecido las más graves violaciones a sus derechos con todas las formas de violencia".
La Misión Civil por la Paz, que realizó un trabajo de observación multidisciplinario entre mayo y agosto de este año, delineó la situación de las mujeres indias en Chiapas: "No pueden desarrollar sus labores cotidianas de subsistencia, tales como ir por agua, por leña, cuidar sus animales y cultivos; en ellas recae también la violencia intrafamiliar ocasionada por las tensiones; a menudo son hostigadas sexualmente, y su participación en la vida económica y cultural se ha visto reducida por la avasalladora presencia del Ejército, y por la inseguridad impuesta por los grupos paramilitares".
El informe, que será entregado al presidente electo, Vicente Fox, y al mandatario estatal electo, Pablo Salazar, considera que los gobiernos de ambos "tendrán la responsabilidad de probar con hechos su postura y su voluntad en una solución política de fondo, lo que implica el reconocimiento de la otra parte del conflicto y de las partes estructurales que originaron el levantamiento armado".
Precisan que "los recursos gubernamentales, destinados a construir infraestructura militar y al sostenimiento del gran número de efectivos militares en la región, exceden con mucho a la inversión visible en gasto social", y alertan "que en las regiones de conflicto se ha impuesto un modelo de desarrollo e inversión pública que excluye a una gran parte de la población, y que alimenta una profunda polarización económica y social que, de no rectificarse, no sólo impedirá la resolución del conflicto actual, sino que alimentará una interminable cadena de resentimientos y violencia".
Los observadores de la Misión Civil por la Paz caracterizan la lógica militar empleada en Chiapas: "Es un conjunto de dispositivos materiales, económicos, jurídicos, políticos, culturales y religiosos que atenta estructuralmente contra los derechos económicos, sociales y culturales de la población civil, pues reordena territorios, desplaza población a través de operativos policiaco-militares y paramilitares, controla la producción y el libre tránsito de personas y mercancías, e inyecta o controla recursos económicos clientelares a través de diversas instancias y dependencias públicas, estatales o federales".
Estiman en 20 mil el número de personas desplazadas, quienes desde hace más de 30 meses no pueden regresar a sus parcelas, milpas, cafetales y pertenencias, "simplemente porque el Estado mexicano no ha trabajado por crear condiciones para su retorno".
Proponen que, a partir de que Vicente Fox y Pablo Salazar asuman sus respectivos gobiernos, se elabore un diagnóstico de la situación "que priorice la lógica política y el establecimiento de condiciones para el cumplimiento de todos los derechos de todos los chiapanecos por encima de una lógica militar".
Apuntan que es necesario generar condiciones de diálogo y negociación; plantear una nueva estrategia de Estado "sustentada en una lógica política de solución a las causas mediante la amplia participación de todos los actores necesarios para resolverlas", y aceptar que el reconocimiento y las garantías para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indios, no son sólo ejes para la paz, "sino exigencias cruciales para la reforma del Estado y la recomposición de todo el país".