MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Empleados argentinos rechazan privatizaciones
Decenas de burócratas heridos tras la represión en Córdoba
Ť Ilegal, la huelga nacional convocada para el jueves y viernes, dice De la Rúa Ť Obligará a trabajar al transporte público
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 21 de noviembre Ť La brutal represión de la policía en la ciudad argentina de Córdoba contra empleados municipales que participaban en una asamblea contra la privatización, en el palacio municipal, dejó hoy decenas de heridos, mientras el presidente Fernando de la Rúa aseguraba que la huelga nacional convocada para el jueves y viernes próximos es ilegal, aunque algunos funcionarios sostuvieron lo contrario.
Para De la Rúa, el paro contra las medidas económicas neoliberales es de "una clara ilegalidad", pues fue convocado "porque venía una misión del Fondo Monetario Internacional, que no ha venido, así que la causa desapareció". El portavoz presidencial, Ricardo Ostuni, no excluyó la declaración de ilegalidad del paro por este motivo, pero el jefe de gabinete, Cristian Colombi, sostuvo en cambio que el gobierno no ha decidido hasta el momento declarar ilegal la protesta contra los últimos ajustes, que incluyen la eliminación del sistema jubilatorio estatal y la reducción de las futuras pensiones. Sin embargo, el gobierno dijo que obligará a trabajar al transporte público.
Entre tanto, en la capital de la central provincia de Córdoba, "traidores, vendepatrias" fue la respuesta de los trabajadores municipales cuando la policía entró a desalojarlos con perros, gases lacrimógenos y balas de goma, pese a que la asamblea contra planes de privatización de múltiples servicios locales se había desarrollado pacíficamente.
La represión se da cuando se prepara el paro que comenzará con movilizaciones al mediodía del próximo 23 de noviembre, bajo la dirección de la Confederación General del Trabajo-línea disidente y la izquierdista Central Argentina de Trabajadores (CTA). El 24 se unirá al conjunto la CGT oficial, lo que preanuncia una huelga importante, que cuenta además con el apoyo de organismos rurales.
De su lado, organismos humanitarios preparaban notas de protesta con- tra el gobierno justicialista (peronista-oposición a nivel nacional) de Córdoba, y en especial contra el intendente Germán Kammerath, sobre quien pesan desde hace años acusaciones de corrupción por su desempeño en diversos cargos oficiales durante el anterior gobierno de Carlos Menem.
Las repetidas escenas de represión en el país en los últimos años han creado alarma en estos organismos, empeñados también en otro tema al que nadie da respuesta, como es la huelga de hambre de los presos políticos de La Tablada, que se acerca a los 80 días. Los 13 presos han sido internados en dos hospitales, en grave estado.
El gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que acaba de tomar fuertes medidas de ajuste, se ve paralizado en este dramático caso, colocando al país en términos de incumplimiento de las recomenda- ciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
La Alianza gobernante (centrista Unión Cívica Radical-centroizquierdista Frente País Solidario) se presentó en sociedad en 1997 bajo la bandera de la lucha anticorrupción y de la defensa de los derechos humanos.
Pero ahora De la Rúa aparece atrapado, cuando el Partido Justicialista (PJ) se niega a tratar en el Congreso la recomendación de la CIDH, de realizar un nuevo juicio ante las graves irregularidades del gobierno anterior, ya que no se permitió una apelación, y hubo torturas y desaparecidos cuando los ahora detenidos por el ataque al cuartel militar de La Tablada se rindieron, después de un cruento enfrentamiento en enero de 1989. El PJ parece jugar con la idea de que si uno de los detenidos muere, el gobierno se verá en dificultades ante la comunidad internacional. En agosto, los cadáveres de Iván Rujiz y Carlos Alberto Burgos, tomados prisioneros después del ataque al cuartel, fueron finalmente reconocidos después de haber sido enterrados como NN (desconocidos). Ambos fueron capturados vivos y se confirmó que fueron torturados. Resta a la fecha identificar otros tres cadáveres exhumados.
En su alegato, el abogado de los presos de La Tablada, Rodolfo Yanzón, recuerda los hechos que se produjeron el 23 de enero de 1989, cuando un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), al tener información -dice- de que se estaba gestando un golpe militar, atacaron el cuartel.
De los líderes del ataque, Francisco Provenzano está muerto y Carlos Samojedny, desaparecido. "Berta Calvo, que también se rindió, estaba muy mal herida y la golpearon hasta la muerte. Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que estaban en la guardia, fueron detenidos vivos", señala Yanzón.
Sometidos a un juicio hoy considerado irregular, todos los prisioneros fueron condenados a severas penas, tras violarse "las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y la garantía de la doble instancia". La CIDH consideró al tribunal que había dictado la sentencia como "parcial", y formuló al Estado argentino sus recomendaciones, hasta ahora incumplidas. Entre tanto, la salud de los detenidos se deteriora minuto a minuto.