MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Uno de los focos rojos que debe atender de inmediato el gobierno de Fox

El conflicto azucarero con EU afecta la soberanía y el desarrollo de México

Ť La crisis se agravó por la sustitución del endulzante nacional por alta fructosa Ť En riesgo, los 110 mil empleos que generan 22 ingenios Ť Necesario, que los estadunidenses respeten el TLC

Rosa Rojas Ť El conflicto azucarero entre México y Estados Unidos es parte de las "guerras" del maíz y de los hidrocarburos que se libran a escala mundial, y en cuyas batallas están involucradas cuestiones de soberanía nacional, nacionalismo, desarrollo sustentable y muchos miles de millones de dólares.

Esta guerra del azúcar es uno de los muchos focos rojos en el campo que deberá atender prioritariamente el gobierno de Vicente Fox para evitar que desaparezcan los 110 mil empleos que generan los 22 ingenios azucareros -de un total de 60- que están en peligro de cerrar.

El riesgo es tan real -acentuado por la huelga que estalló el pasado día 16- que las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión ya fijaron sendas posiciones en defensa de la agroindustria azucarera mexicana.

El conflicto se relaciona con anteponer a la ganancia comercial el interés nacional, lo que significa, en materia de esta actividad económica, defender el casi medio millón de empleos existentes en una agroindustria vital para la economía de 227 municipios en 15 estados del país, de los que dependen 2.5 millones de mexicanos. Esta rama industrial representa el 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del sector alimentos.

La problemática también está relacionada con el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que Estados Unidos interpreta de acuerdo con sus intereses a la hora de aplicarlo, coinciden representantes de industriales y de productores cañeros, porque la crisis de la agroindustria azucarera, "la peor de su historia", se ha visto agravada por la sustitución de azúcar nacional en la industria refresquera -el principal mercado- por la alta fructosa, un edulcorante que se extrae del maíz amarillo.

Ofensiva de la alta fructosa

Desde 1994 México ha importado 1.3 millones de toneladas de alta fructosa de Estados Unidos. Si bien la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) -gracias a la presión de industriales azucareros y de campesinos cañeros- determinó imponer aranceles a ese producto, lo que ayudó a frenar la importación, en el país aún se producen 280 mil toneladas de alta fructosa con maíz amarillo subsidiado en Estados Unidos "e importado indebidamente a México con tasa cero", de acuerdo con las fracciones parlamentarias representadas en el Senado.

Paradójicamente, algunos de los principales grupos de industriales propietarios de ingenios -Caze, Aga, Piasa- también son importantes productores de refrescos que adquirieron los ingenios durante la privatización realizada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la idea de autoabastecerse a precios de ganga de uno de sus principales insumos: el azúcar.

La guerra del azúcar está relacionada además con el desarrollo y la utilización de productos sustitutos de los hidrocarburos fósiles por otros que provengan de fuentes renovables, y con la salud de millones de connacionales que están siendo afectados por el uso del aditivo éter metil terbutílico (MTB, por sus siglas en inglés) que se importa de Estados Unidos y que Petróleos Mexicanos (Pemex) utiliza como oxigenante en sus gasolinas Magna y Premium.

Esa sustancia, asegura el Gobierno del Distrito Federal, se importa a un costo de mil 500 millones de dólares anuales y puede ser sustituida ventajosamente por el etanol, que ya está siendo fabricado en ingenios azucareros mexicanos y que en un futuro podría sustituir a las gasolinas, de las cuales México es también importador.

Con el agua hasta el cuello, la agroindustria azucarera está urgida de una restructuración a fondo en campo, fábrica, comercialización y financiamiento.

De acuerdo con diferentes actores que intervienen en esta agroindustria, se requiere restructurar la deuda de los propietarios de los ingenios con Financiera Nacional Azucarera (Finasa) -que supera los 22 mil 500 millones de pesos-, lo que ocasionó que dicha institución, cuyo futuro es ser liquidada, cortara el flujo de financiamiento al campo cañero, que tradicionalmente se ha canalizado por la vía de los ingenios.

En muchas de estas factorías hace tres años que los cañeros no reciben los créditos necesarios para el cultivo de la gramínea. En otros, los menos endeudados, el crédito cubre apenas entre 60 y 80 por ciento de los requerimientos, y todo esto ocasiona el "envejecimiento" del campo cañero y una concomitante reducción de su productividad.

Ante esa problemática, señalan industriales y cañeros, urgen nuevos mecanismos de crédito. Lo ideal sería crear una nueva y saneada institución de fomento para reactivar el campo cañero y modernizar los ingenios, ya que muchos operan con maquinaria obsoleta, así como reorganizar las relaciones laborales en fábrica. Además, indicó el diputado perredista Arturo Herviz, se debe echar a andar la diversificación en los ingenios para aprovechar cerca de 108 subproductos de la caña, entre ellos el etanol.

De hecho, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Az ucarera y Alcoholera, se requerirían unos 8 mil millones de pesos para enfrentar los principales problemas de la agroindustria.

Sobre todo, y en esto coincidieron los dirigentes cañeros -ambos diputados federales priístas- de la Confederación Nacional Campesina (UNPCA-CNC), Francisco Castro, y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNC-CNPR), Miguel Ortiz Jonguitud, entrevistados por La Jornada, urge clarificar la conflictiva relación entre México y Estados Unidos respecto de los edulcorantes en el marco del TLC.

En el mismo tenor se expresó Herviz -quien infructuosamente ha buscado durante años crear una tercera organización nacional cañera para combatir "los abusos y corruptelas de la UNPCA y la UNC contra los cañeros".

Herviz también mencionó que "hubo empresarios que compraron ingenios que no era su ramo, los dejaron caer y quebraron la industria. Hubo empresarios que se pasaron de listos, que tenían otras industrias aparte de los ingenios, pidieron créditos y les dieron créditos que se llevaron a otras industrias y dejaron a la industria azucarera embarcada". Mencionó entre ellos al Grupo Caze, así como al ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro.

Sobre el particular, Ortiz Jonguitud admitió: "definitivamente, eso fue en el sexenio anterior, no hubo la acuciosidad adecuada para decir 'estamos vendiendo las paraestatales adecuadamente'. No nomás fue esto, lo estamos viendo en el rescate carretero, con la venta de ingenios, con la venta de paraestatales" y se ha caminado "a contracorriente en cuanto a cómo recupere el gobierno los adeudos que tienen los ingenios con él".

Opinó que "quizá sea estridencia innecesaria decir que hubo desvíos; no lo puedo asegurar", pero subrayó la necesidad de una revisión a fondo de a dónde fueron a parar esos créditos y sugirió que antes de liquidar Finasa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe dar a conocer un análisis cuidadoso y profundo de los "apalancamientos y sobreapalancamientos" (deudas) de los grupos industriales.

"Con esa información, yo considero que la presencia de dichos grupos industriales como administradores de los ingenios y en algunos casos como dueños de los mismos se tendrá que definir. La depuración de la industria es estrictamente necesaria, no podemos seguir pensando en que al paso del tiempo las cosas mejoren de manera mágica... creo que la decisión se tiene que tomar y si no se toma en lo que resta del sexenio se tendrá que tomar al principio del próximo."

Indicó que sobre esos asuntos se ha estado hablando con el equipo de transición de Vicente Fox, así como de la necesidad de que se haga cumplir a Estados Unidos el TLC en materia azucarera.

Exige el Senado respetar el TLC

El clamor en este sentido llegó el pasado 10 de octubre a la Cámara de Senadores mexicana, donde los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y PVEM aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo "en defensa de la industria azucarera mexicana y por el legítimo cumplimiento" del texto del TLCAN aprobado por el Senado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993.

Presentado por el senador priísta Fidel Herrera y firmado por 80 legisladores, el punto de acuerdo explica que según el texto original del TLC, a partir de octubre del 2000 México tiene la posibilidad de exportar libre de aranceles todo su excedente de azúcar a Estados Unidos y desconoce cualquier legitimidad a las denominadas cartas paralelas, que "pretenden limitar nuestro derecho a exportar al introducir un cálculo distinto al concepto de exportador neto que incluyen (en) la diferencia entre la producción estimada de azúcar y el consumo proyectado de azúcar, el consumo de alta fructosa".

Se refiere al conflicto originado por la importación de dicho edulcorante y apunta: "La industria azucarera se enfrenta así a una crisis adicional de coyuntura, caracterizada por un superávit sustancial que tiende a crecer, en función de la competencia de fructosa importada o elaborada domésticamente de maíz subsidiado importado con arancel tasa cero".

El punto de acuerdo establece:

"Primero.- Que los documentos llamados 'cartas paralelas' no fueron sometidos a la consideración o aprobación del Senado de la República, y por lo tanto no cumplen con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Segundo.- El Senado de la República, en uso de sus facultades constitucionales en materia de política exterior, exige al Poder Ejecutivo, a efecto de que impulse las medidas, mecanismos y acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos incluidos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte para permitir la exportación de los excedentes de azúcar mexicana al mercado norteamericano y que de inmediato se apliquen los aranceles pactados para la importación de maíz, particularmente el dedicado a la fabricación de alta fructosa doméstica.

"Tercero.- Asimismo el Poder Legislativo determinará aplicar cuotas compensatorias temporales a la importación de maíz que exceda la cuota establecida en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que sea utilizado para la producción de alta fructosa e internado al país sin pagar arancel."

Interrogado respecto de la postura del equipo de Vicente Fox frente al problema de las cartas paralelas, Carlos Blackaller, secretario de Finanzas de la organización de cañeros de la CNPR, informó que "con base en la interpretación de los americanos, ellos (gente del equipo de Fox) dijeron que es un pleito muy difícil de remontar. No las dan por válidas, pero en Estados Unidos las hacen válidas y hay que allegarse a una negociación, hay que irnos haciendo a la idea. Nos dijeron: estamos con ustedes, tenemos que defender el punto una vez que seamos gobierno. Allá son plenamente válidas y en México plenamente nulas".

Las guerras del maíz y del azúcar

En relación con la denominada guerra del maíz, que involucra la producción de alta fructosa, el dirigente de los cañeros de la CNPR, Ortiz Jonguitud, indicó que Estados Unidos es un productor superavitario de ese cereal, con 300 millones de toneladas de maíz o más, "que prácticamente podría abastecer al mundo", mientras que México produce sólo 18 millones de toneladas.

El país vecino no utiliza el maíz para consumo humano y ha diversificado la fabricación de subproductos industriales: almidones, aceites, cascarilla, gluten, fructosa... China socialista, en este momento, ya tiene 22 empresas fructoseras de capital estadunidense establecidas en su territorio para beneficiar maíz amarillo exportado de Estados Unidos a China.

"Es una guerra mundial de acomodo del maíz con una tecnología de punta que supera con mucho a la agroindustria azucarera mundial." Con el agravante de que mucho de ese grano es maíz transgénico, sin que se advierta de ello a los consumidores tanto de ese cereal como de los productos que se fabrican con sus subproductos. Tal sería el caso de los refrescos que se envasan en México y que se endulzan con fructosa en lugar de azúcar.

Por lo que se refiere al endulzante, Ortiz Jonguitud explicó que Estados Unidos y Canadá, o los países de la Unión Europea, producen azúcar de remolacha, igual que los del bloque de la desintegrada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), con un costo de producción de hasta el doble que el producto elaborado con caña.

En los páneles internacionales en los que interviene la Organización Mundial de Comercio (OMC) se ha visto que 30 por ciento de las 121 millones de toneladas de azúcar que se producen, es decir, 40 millones de toneladas, son de remolacha producida con subsidios que han llegado a ser hasta de 500 dólares por tonelada y que se vende en sus países de origen al doble de precio en el mercado que el azúcar de caña en los nuestros.

Esa es, agregó el legislador Ortiz Jonguitud, una de las asimetrías de los tratados de libre comercio que se cierran con la tesis globalizadora de liberación de mercados, que viene a ser aquello de "hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre".

No se vale, afirmó, que haya 40 millones de toneladas de azúcar de remolacha cuyos excedentes se ponen en el mercado mundial a precios dumping, que en el caso de la Unión Europea -que coloca en ese mercado hasta 3 millones de toneladas de los 30 millones que se comercializan en él- "llegan a ser del 25 por ciento de lo que en realidad les cuesta producirla. Eso es un dumping que no se toca en los tratados de libre comercio ni con América del Norte ni con la Unión Europea", si bien Canadá y la UE dejaron fuera el renglón azucarero.

Se le indicó que esas medidas hablan de una política agrícola que privilegia la soberanía alimentaria y defiende los empleos nacionales, a lo que Ortiz Jonguitud asintió y subrayó que "es nuestra soberanía alimentaria la que deberíamos de guardar y fortalecer", porque, además, "si nosotros permitimos que se sepulte la industria azucarera nacional, el caos social que se produciría con la economía de esas regiones, que iría a la baja, sería de consecuencias desastrosas en materia de inconformidades y de inestabilidad social".

Pero además las empresas fructoseras que se han instalado en México no crean arriba de 80 a cien empleos en fábrica, nada en campo y representan una fuga de divisas por la importación de maíz de Estados Unidos.

Y si hablamos de globalización...

El dirigente de los cañeros de la CNPR cuestionó que con la globalización "se protege extraordinariamente y hay extraordinarias oportunidades en materia comercial para los grandes brokers comerciales del mundo, pero no existe ese acceso (a los mercados) a favor de los productores de los países de origen".

En relación con la propuesta de algunos industriales de reducir entre 7 y 10 por ciento la producción nacional de azúcar para "reordenar la producción del dulce en el mercado de América del Norte", mencionó que sería una incongruencia reducir la producción en algo que somos competitivos, y en todo caso debería dejarse de producir azúcar de remolacha en el mundo, por ser incosteable.

Luego de subrayar la desigualdad y asimetrías existentes entre México y Estados Unidos, "pese a lo cual la agroindustria azucarera es competitiva frente a la del vecino país", Ortiz Jonguitud comentó que "es una verdad absoluta y clara" que la industria azucarera mexicana podría venderle a las industrias refresqueras afincadas en el país, azúcar a precios competitivos con la fructosa -que en promedio es 35 por ciento más barata que la primera- "y serían mejores esos precios que los del mercado mundial".

"Pero luego aquí empiezan las mismas compañías transnacionales refresqueras, por ejemplo, Coca Cola nos dice, bueno: Ƒy la ley de competencia que se aplica en México y no permite tener acuerdos de esa índole para afectar a la industria fructosera? Entonces entendemos que más allá de la ley de competencia en México está el interés nacional y nosotros sí podríamos estarles vendiendo azúcar en lugar de la fructosa que consumen esas industrias refresqueras a precios más bajos que la fructosa y el beneficio comparado en materia de precio con lo que es el mercado mundial.

"Vamos a suponer que la fructosa en México tuviera un valor de adquisición de hasta 400 dólares la tonelada, nosotros podríamos hablar de 350 a 360 dólares, es un precio comparativo con el mercado mundial que llegó a estar a 7 centavos de dólar la libra el año pasado"

-Eso sería debajo de sus costos de producción.

-Pero yo pregunto: Ƒy si estamos vendiendo debajo de nuestros costos de producción de azúcar al mercado mundial y así lo hacen todos los países por necesidad? Yo creo que es comparativo. Entonces entendemos que más allá de la ley de competencia, en México está el interés nacional y nosotros sí podríamos estarles vendiendo azúcar en lugar de la fructosa que consumen esas industrias refresqueras a precios más bajos que la fructosa, con un beneficio comparado en materia de precio con lo que es el mercado mundial .