JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť ONG tiene prohibido el acceso a penitenciarías por órdenes del gobierno panista
NL: piden instalar módulos de AI en cárceles
Ť Cientos de testimonios prueban que los reos son tratados a golpes Ť Las tapadas, los cuartos fríos y la agresión con perros dentro de sus dormitorios son los tres tipos de tortura que padecen los internos
Jaime Avilés, enviado, Monterrey, NL, 22 de noviembre Ť "Amnistía Internacional debería instalar módulos de observación permanentes dentro de las cárceles de Nuevo León, donde la tortura es una práctica cotidiana e indiscriminada", asegura la hermana Consuelo Morales Elizondo, titular de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac), organismo no gubernamental que por órdenes del gobierno panista de Fernando Canales Clariond tiene prohibido el acceso a los centros penitenciarios del estado.
Tratados por lo regular a punta de golpes, como lo prueban cientos de testimonios, los internos padecen tres tipos de tormentos habituales: los aíslan en celdas de castigo conocidas como tapadas -cubos de cemento de un metro de ancho, sin luz, donde permanecen desnudos hasta por una semana-; los esposan de pies y manos para mantenerlos hasta por 48 horas en los cuartos fríos -habitaciones refrigeradas con el aire acondicionado a todo lo que da- o los agreden con perros dentro de sus dormitorios, cuando los custodios realizan inspecciones sorpresa a media noche.
Todos los reos que trabajan en los talleres del antiguo penal de Topo Chico y del Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio conurbado de Apodaca, "son explotados en forma alarmante pues les pagan 50 pesos semanales, muy por debajo del salario mínimo", denuncia la directora de Cadhac. Pero el gobierno estatal, agrega, "está por inaugurar la cárcel de Cadereyta que cuenta con 14 naves industriales y entonces nosotros inferimos que los grandes empresarios de la ciudad van a aprovecharse de toda la mano de obra cautiva, por decirlo así, en su propio beneficio".
El modelo, opina, "ya fue ensayado con éxito". Fomento Laboral Penitenciario (Folapac), una asociación civil de "caridad" recientemente creada, reporta que en sus primeros cinco meses de existencia recabó 795 mil 856 pesos, de los cuales, de acuerdo con un informe publicado el pasado 7 de agosto en la prensa local, sus directivos se quedaron con más de 50 por ciento.
En el penal de Topo Chico, Folapac invirtió 33 mil 179 pesos en el pabellón de mujeres ("construcción de un gimnasio e instalación de un salón de belleza y de una pequeña cocina"); 99 mil 850 en "pavimentar los talleres"; 16 mil 766 en "actividades culturales" y 19 mil 725 en el Patronato de Apoyo (que "otorga despensas a los que obtienen su libertad").
En la cárcel Tutelar para Menores, Folapac gastó 14 mil 460 pesos en la "compra de cuatro televisores y 20 camas". Al Cereso de Apodaca destinó 79 mil 934 pesos, pero el documento no entró en más detalles. Al sistema de Prisión Abierta -donde los reclusos duermen después de salir a trabajar en el día- le concedió 78 mil 284 pesos para adquirir "camas, refrigeradores, armarios y otros muebles".
Los 453 mil 685 pesos restantes -más de la mitad del total-, Folapac los usó para "acondicionar" su propio local con "muebles, aire acondicionado, equipos de cómputo", etc. "Como se puede apreciar, son cuentas muy sospechosas", apunta la hermana Morales Elizondo.
ƑNuevo León, estado de derecho?
Para quienes viven en Monterrey hay tres verdades elementales: la policía es corrupta, el ministerio público es corrupto y los jueces son corruptos. "Si eres católico, panista y rico, despreocúpate de la ley: saldrás sin problemas", me dice un estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. "Si no, preocúpate", subraya.
El joven abogado en ciernes relata el caso que está llevando: su cliente, un hombre de 28 años, fue detenido con 33 gramos de mariguana (equivalente en tabaco al contenido de dos cajetillas de cigarros). Recluido en Topo Chico, un juez de primera instancia lo condenó a 15 años de encierro; su hermana, desempleada y madre soltera, ha vendido prácticamente todas sus pertenencias para sufragar los gastos del juicio de apelación.
"Ya hice mis cuentas", dice la muchacha. "Para juntar los billetes que me piden por debajo del agua, tendría que jalar (trabajar) como un año de teibolera" (o bailarina de table-dance).
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revelan que en el Ministerio Público de la entidad hay un rezago de 40 mil expedientes y otros 40 mil esperan su turno en los archivos del poder Judicial: éste recibe un presupuesto anual de 100 millones de pesos, mientras el de la PGJE asciende a mil 100, pero ambas instancias, me dice el estudiante, "son inútiles porque no están a la altura de las exigencias de la sociedad: son dos burocracias corruptas que aplican la ley a su antojo y lo que da por resultado es que en Nuevo León el estado de derecho es nulo".
En entrevista por separado, tercia la hermana Consuelo Morales: "La justicia en Monterrey no está avanzando en técnicas de investigación científica; la tortura es la práctica más socorrida, pero en estos tiempos de modernizaciones la policía ha adoptado un nuevo método: los perros de ataque".
La semana pasada, en efecto, los diarios locales informaron que un grupo de agentes de Seguridad Pública irrumpió en la discoteca Kambalay de la exclusiva Colonia del Valle, con una jauría adiestrada en la búsqueda de drogas. Los jóvenes asistentes, los meseros y los sacaborrachos debieron someterse a las habilidades olfativas de los canes que, por cierto, se fueron en blanco.
"Monterrey es un punto estratégico en el camino de la droga hacia Estados Unidos; los cuerpos policiacos están bien relacionados con los traficantes y no los molestan. Por eso organizan estas redadas con perros, o persiguen a los muchachos en las colonias populares, para decir que hay un fuerte combate al narco, pero nadie se los cree", afirma la religiosa.
Capital financiera... de la tortura
A finales del mes pasado, Amnistía Internacional (AI) inició una campaña mundial contra la tortura. Cadhac, con la hermana Consuelo a la cabeza, militantes de El Barzón y estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que acaban de fundar el Capítulo Monterrey de AI, realizaron un mitin frente al penal de Topo Chico en defensa del reo Héctor Pérez Córdoba.
El 26 de octubre, al día siguiente del evento, los activistas conocieron la reacción demencial de las autoridades de la cárcel: enfermo de esclerosis múltiple, una suerte de parálisis progresiva, Pérez Córdoba fue remitido a una de las pavorosas tapadas, donde permanecería desnudo, sin más alimento que algún pedazo de pan y, sobre todo, sin las medicinas que debe suministarse a diario. El castigo se prolongó una semana.
Pero desde el instante que se puso en marcha la represalia, AI emprendió una "acción urgente" solicitando a sus simpatizantes en todo el mundo que enviaran cartas de protesta al buzón electrónico del gobernador Canales Clariond. El número de e-mails fue tan abrumador que el domicilio cibernético del hombre de las macrocejas quedó saturado y fue dado de baja.
Cuando un alto funcionario de AI se comunicó personalmente con la embajada mexicana en Londres, el diplomático que atendió la llamada prometió interceder por el detenido pero formuló una súplica: "Por favor, digan que hay tortura en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, špero no en Monterrey! šEs la capital financiera del país!", cuenta la hermana Consuelo.
Breve catálogo de suplicios
En los archivos de Cadhac hay cientos de cartas de hombres y mujeres recluidos en Topo Chico y Apodaca. El tema es el mismo: los abusos que les infligen cotidianamente los custodios. Esta es una mínima antología de aquellos horrores, contra los cuales poco o nada pueden hacer los organismos humanitarios, toda vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es presidida por Ninfa Delia Domínguez, quien antes de ocupar ese puesto fue directora de Prevención y Readaptación Social del gobierno panista.
El 26 de febrero de 1998, en el municipio neoleonés de Linares, cinco elementos de la Policía Judicial del estado detuvieron y asesinaron a golpes a Gerardo Villarreal Rodríguez, cuyo cuerpo fue reclamado por el gobierno de Estados Unidos porque el hombre vivía en Dallas, Texas, y tenía doble nacionalidad.
El 27 de abril de este año, Hilario Mendoza Guillén fue arrestado al salir de su domicilio en Apodaca por agentes de la Policía Ministerial a las órdenes del comandante Jaime Alanías, quienes lo torturaron con saña para obligarlo a declararse culpable de un delito de violación en perjuicio de una joven esquizofrénica. Siete meses después fue liberado cuando se "desvirtuaron" las acusaciones.
El jueves 31 de agosto de 2000, Juan Salvador Mata Morales, de 20 años, fue capturado por agentes ministeriales por el robo de 10 mil pesos en la colonia La Fe, de Monterrey. Su madre, la señora Velia Morales, con un embarazo de 8 meses, acudió a la Policía Ministerial a preguntar por el muchacho y lo vio amarrado de manos, encapuchado con una bolsa de plástico y tirado en el suelo. Entonces comenzó a gritar para que no siguieran martirizándolo. Cuando al fin logró hablar con él, éste presentaba el rostro deshecho a golpes; fue su impresión tan grande que días después parió antes de término y el bebé nació muerto.
Por lo que toca a las torturas que sufren los reos sentenciados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció recientemente que, en el Cereso de Apodaca, sus visitadores comprobaron que los internos son esposados de pies y manos en forma habitual; que en el servicio médico "los golpean, les aplican una inyección que los duerme hasta por dos días y los enganchan, es decir, los mantienen esposados de las manos y a veces también de los pies durante 5 días por lo que se ven obligados a ingerir sus alimentos en una escudilla depositada en el suelo y hacer sus necesidades fisiológicas sin quitarse la ropa".
Otros, de acuerdo con la CNDH, son "castigados en el cuarto frío, una habitación desocupada en la que los meten desnudos y esposados y prenden el aire acondicionado de tal manera que durante 2 días sufren por el frío, además de tener que comer en un recipiente en el piso como los perros".
A partir de esos testimonios, la CNDH emitió su Recomendación número 42/99, dirigida a Canales Clariond, misma que no ha sido acatada por el gobierno panista ni mucho menos. "Por las últimas cartas que hemos recibido, tanto de Apodaca como de Topochico, sabemos que los siguen torturando igual", dice la hermana Consuelo.
"Yo estoy muy preocupada", insiste. "En estos días no hemos oído nada de ellos, y por experiencia, cuando están tan calladitos, es cuando la represión se pone más fuerte. Por eso yo sueño: ojalá Amnistía Internacional tuviera un módulo de observación allá adentro".