JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Este mes, la PGR visitó dos veces la sede del diario

El Dictamen, decano de la prensa nacional, objeto de disputa familiar

Ť Despojo y acopio de armas, cargos de tres hermanos desheredados

Ť En el más reciente operativo, 50 agentes no pudieron hallar nada

José Galán, enviado, Veracruz, Ver., 22 de noviembre Ť Con 103 años de edad, el diario decano de la prensa nacional, El Dictamen de Veracruz, es objeto de una disputa testamentaria entre hermanos, rodeada de acusaciones y denuncias por despojo, acopio de armas y contratación de pistoleros, lo que ha obligado a la intervención de la Procuraduría General de la República, cuyo personal ha visitado las instalaciones del rotativo en el puerto jarocho por lo menos en dos ocasiones en el último mes.

La primera fue el pasado 9 de noviembre, y estuvo a cargo del delegado de la PGR en la entidad, Román Ibarra Enciso. Y este martes 20 El Dictamen recibió por segunda ocasión la visita de agentes del Ministerio Público Federal, quienes presentaron un oficio dirigido a la actual directora general, Bertha Rosalía Malpica Martínez de A-hued, para que se les permitiera pasar y revisar las instalaciones en busca de presunto armamento ilegal y gente armada luego de la acusación de sus hermanos Jorge Ignacio, Abel y Margarita, en la edición del 10 de octubre del periódico El Sur, en el sentido de que "había llenado de pistoleros y de armas las instalaciones del diario".

Según Guillermo Ingram García, asistente de la dirección general, hasta el momento los tres tienen prohibida la entrada al rotativo. Agrega que la acción del MPF fue en realidad una respuesta a la petición emitida por la propia directora el pasado 18 de octubre al procurador Jorge Madrazo Cuéllar, a través del subprocurador A de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno Cruz, para revisar el edificio. Como apoyo al MPF fue comisionado desde la ciudad de México un grupo de 50 agentes de la Policía Judicial Federal, que se mantuvo a la espera con sus armas listas.

Revisaron áreas comerciales, redacciones, la oficina de la dirección, la administración general, los talleres y la rotativa. No encontraron nada.

Es una peculiar historia, recuerda Ingram García. Fundado el 16 de septiembre de 1898 por la familia Malpica, que desde el primero de enero de 1868 manejaba El Correo del Sur, diario de Tlacotalpan, El Dictamen fue dirigido por Juan Malpica Mimendi desde 1926 hasta 1998, año en que falleció. En su testamento, con fecha del 22 de febrero de ese año, dejó todas las acciones del diario y los derechos de autor de todos los cabezales de la Editorial Sotavento de Veracruz, S de RL de CV, a nombre de sus hijos Bertha Rosalía y Carlos Antonio, ya fallecido.

Actualmente la empresa editora alcanza un valor cercano a los 40 millones de dólares. El Dictamen dice tirar 40 mil ejemplares de lunes a sábado y los domingos 45 mil en todo el estado. Prácticamente factura 42 por ciento de su espacio y tiene cerca de 250 empleados.

Ingram García informa que en junio de 1998, los tres hermanos no incluidos en el testamento presentaron una impugnación a éste ante los tribunales locales, así como una demanda de carácter laboral. "El problema en el periódico parte de la sucesión testamentaria de don Juan Malpica", agrega. "El tomó esa decisión luego de los hechos acaecidos en agosto de 1991, cuando Jorge, quien era jefe de redacción, atentó a tiros contra sus hermanos Abel y Bertha en las propias oficinas del periódico".

"Entonces Juan Malpica destituyó a su hijo Jorge y le entregó la dirección editorial y administrativa a su hijo Abel, quien junto con su hermana Margarita llevó una pésima administración y provocó un quebranto que estuvo a punto de causar el cierre del diario", recuerda el asistente de la dirección. "Eran enormes pasivos contraídos con Comermex, Bancomer y el Banco Nacional de Comercio Interior".

Según Ingram García, el dueño del diario decidió dejar la dirección en manos de su hija Bertha, quien descubrió que sus hermanos habían hipotecado no sólo los terrenos y el edificio sino también la maquinaria y las dos casas paternas, una en el puerto de Veracruz y la otra en Tlacotalpan, "y luego del error de diciembre de 1994, Bertha logró restructurar los adeudos y liberar las hipotecas de la empresa. Por eso su padre decidió dejarle todas las acciones a ella y a su hermano Carlos Antonio", agrega.

Relata que los hermanos no beneficiados por el testamento interpusieron diversos juicios, y que incluso Jorge Ignacio denunció en 1998 ante el MPF la existencia de "armas de fuego de alto poder" en las instalaciones del diario, lo que llevó a la dirección de éste a presentar una demanda en su contra que dio inicio a la averiguación previa 208/98 por difamación, y lo "obligó a contratar personal de la Policía Bancaria e Industrial de Veracruz, debido a las amenazas no sólo en contra de Bertha, sino también del diario y sus instalaciones", añade Ingram García.

Sin embargo, Jorge Ignacio, Abel y Margarita han denunciado lo que para ellos resultan hechos constitutivos de delito en diversas publicaciones del estado de Veracruz con el fin de hacer público lo que consideran su derecho legítimo a formar parte del diario, y en las que han denunciado "amenazas, presencia de gente armada y armas", al interior de las instalaciones.

El pasado martes a las seis de la tarde ocho agentes del MPF y otros de la Policía Judicial Federal ingresaron a las instalaciones para indagar sobre las denuncias de acopio de armas y fuerte presencia de gente armada. Afuera, en una calle cercana, casi 50 agentes policiacos federales a bordo de diez camionetas Suburban y Grand Cherokee esperaban. Había sido solicitada una orden de cateo y los elementos esperaban entrar en acción. También aguardaban el operativo fotógrafos enviados por los medios de la ciudad de México. No encontraron nada, y el operativo se desmontó.

Pero El Dictamen sigue en pleito familiar.