JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2000
El Gobierno del DF buscará amparo por las auditorías
El fallo sólo favorece a Espinosa
Jesús Aranda Ť La decisión del décimo tribunal colegiado en materia administrativa de confirmar la "ilegalidad" de la auditoría que sirvió de base para acusar al ex oficial mayor del gobierno capitalino, Manuel Merino, podría no sólo beneficiar al ex regente Oscar Espinosa Villarreal sino dejar sin efecto las cerca de 500 auditorías (de las más de 3 mil realizadas) en las que el gobierno perredista detectó irregularidades y dieron lugar incluso al cese y consignación de decenas de funcionarios de la última administración priísta.
Fuentes judiciales señalaron que la resolución del décimo tribunal colegiado, en la que confirmó el dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es "definitiva e inatacable".
Trascendió que el gobierno capitalino aún busca resquicios legales para interponer un recurso de revisión, con el argumento de que las auditorías realizadas a la administración de Espinosa Villarreal se llevaron a cabo con base en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
Fuentes cercanas a la defensa de Espinosa Villarreal indicaron que esta decisión del tribunal colegiado será utilizada a favor del ex regente prófugo, en el juicio de amparo que interpuso contra la orden de aprehensión por el delito de peculado que le imputan las autoridades capitalinas.
En este sentido, se dijo que si bien la sentencia de los magistrados del décimo tribunal favorece a Merino, lo cierto es que la misma auditoría sirvió de base para acusar a Espinosa Villarreal por el delito de peculado, superior a 420 millones de pesos, y será aprovechada por la defensa del ex regente.
Funcionarios del gobierno capitalino aceptaron que la anulación de la auditoría da lugar a que todos aquellos funcionarios cesados o consignados en procedimientos similares, aprovechen los argumentos de los magistrados para desvanecer las causas en su contra.
La razón es que se consideró que el entonces director general de Auditoría del Gobierno del Distrito Federal, Roberto Muñoz Leos, no tenía atribuciones legales para ordenar la investigación de las dependencias, sino que el indicado era Gastón Luken, quien era contralor del mismo gobierno.
Trascendió que al menos 500 de las más de 3 mil auditorías que han llevado a cabo los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles en los últimos tres años fueron ordenadas por Muñoz Leos, por lo que, siguiendo el mismo criterio de los magistrados, corren también el riesgo de ser declaradas ilegales.
Para dar una idea del asunto, el controvertido caso de más de 20 comandantes de la Policía Auxiliar que fueron acusados de peculado, se basó en auditorías ordenadas en su momento por el propio Muñoz Leos y no por Luken,
Sin embargo, para la Contraloría capitalina el fallo de los magistrados no fue correcto, toda vez que Muñoz Leos actuó con base en el artículo 70 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece, entre otras puntos:
-Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la administración pública del distrito Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, vigilando que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del DF, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la administración pública del DF.
-Vigilar el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de información, organización y procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales del DF, así como la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución o supervisión de obra pública.
-Realizar visitas e inspecciones en el ámbito de su competencia a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del DF y asistir a los comités y subcomités que en el ámbito de su competencia le corresponda, así como solicitar a los servidores públicos, proveedores, contratistas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Para las autoridades capitalinas, el procedimiento para realizar las auditorías fue el correcto y buscarán hacer valer su opinión en las instancias correspondientes.