LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť La situación actual limita los esfuerzos, aseveran

Piden ONG reconocimiento legal para ampliar sus labores

Ť Existen más de 15 mil organizaciones no gubernamentales en México Ť Niegan que realicen sus acciones con fines partidistas

Víctor Ballinas Ť Las organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron en la mesa de estudios para la reforma del Estado "una nueva legislación que las reconozca y les otorgue seguridad jurídica, las promueva y estimule por todos los medios", para lo cual se hace necesario efectuar adiciones al artículo 25 constitucional para que se les conceda reconocimiento, y se modifiquen además el 26, 39 y 41, incorporándoles el concepto de participación ciudadana.

Este planteamiento lo formularon las organizaciones de asistencia social, en virtud de que en la actual legislación se reconoce la existencia de este sector de las organizaciones filantrópicas, "pero de una manera dispersa, ambigua, poco clara y con más énfasis en su vigilancia y control que en su promoción y desarrollo", aseveran.

Hoy, aseguran esas organizaciones, existen más de 15 mil asociaciones de este tipo en el país, de las cuales 7 mil están identificadas, y de ellas sólo 4 mil 500 tienen reconocimiento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como "donatarias autorizadas" exentas de impuestos y aptas para emitir recibos de donativos deducibles de impuestos.

Las organizaciones filantrópicas o de la sociedad civil como se les denominaría en la nueva legislación, de acuerdo con la propuesta que hicieron, presentaron un diagnóstico de la situación social en el país, la cual se ha agravado en los últimos años: "26 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema, 15 millones de ellos se ubican en la zona rural; 25 millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua potable en sus domicilios, 40 millones no cuentan con las condiciones mínimas de higiene ambiental".

Esta situación provoca que grandes grupos de la población queden al margen del desarrollo social provocando la expansión de comunidades no sanas, "que dificultan cada vez más su propio avance y, por lo mismo, el de todo el país", apuntan las ONG en su propuesta de reconocimiento constitucional.

Sumar la participación ciudadana

Para enfrentar y superar esta problemática, aseguran, "no basta la sola acción del gobierno", es necesario sumar la participación de toda la sociedad a este propósito, pero ello requiere una nueva visión social en la que todos los actores: gobierno, empresas y organizaciones de ciudadanos, desde su propio ámbito de responsabilidad y autonomía, orienten sus esfuerzos a la solución de los problemas de la marginación, la miseria y la pobreza.

Las ONG subrayan que a partir del 2 de julio se abrió "una oportunidad inédita para revisar a fondo las estructuras que como sociedad hemos diseñado para el Estado y sus formas de gobierno.

"Es fundamental que en la reforma del Estado, en particular en lo que hace a la relación de la sociedad civil organizada con el gobierno, se aliente el espíritu de corresponsabilidad y coperación, sin subordinación", agregan en el documento.

Actualmente hay en el país miles de organizaciones que trabajan comprometidas en la búsqueda de soluciones a los problemas de pobreza y marginación, de respeto a los derechos humanos, de valoración de las minorías, de apoyo a los desvalidos, del cuidado de los niños y niñas, de la protección del medio ambiente, el acceso a la educación, la cultura, la capacitación y las oportunidades de trabajo, sostienen.

Este conjunto de instituciones y organizaciones al que todos pueden pertenecer resulta por sus aportaciones no sólo deseable y complementario para el gobierno y las empresas, sino necesario en la búsqueda del bien común, por ello, "este sector debe ser promovido y estimulado por los gobiernos y las empresas, ya que articulados socialmente traerán beneficios para todos".

Estas organizaciones no lucrativas de la sociedad civil se reconocen como independientes del gobierno y de los partidos políticos, atienden necesidades sociales y han demostrado eficiencia para atender causas sociales emergentes y para poner en marcha obras de beneficio colectivo.

No obstante la labor altruista de las ONG, es un hecho que "hasta el momento nuestra participación en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas ha tenido una dimensión poco relevante, significando sin duda una pérdida enorme de talento y creatividad sociales. Este es el tipo de relación que se ha establecido históricamente en el país entre gobierno y sociedad civil".

Por su propia vocación, apuntan las ONG, las asociaciones voluntarias no hacen política partidista, hacerla significaría poner la benevolencia que generan en la comunidad a su favor, desvirtuando su intencionalidad y distorsionando el sentido profundo de su trabajo.

Sin embargo, resaltan, evidentemente que las ONG "si pueden y de hecho hacen política, en el sentido amplio de la palabra. Ejercen un poder social a favor de las causas por las que fueron creadas. Ello les permite luchar por conseguir, por ejemplo, una legislación favorable a sus causas; luchan por mejores condiciones de salud, de educación, de medio ambiente, de vivienda, entre otras".