LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Percibe doble salario: como legislador y como empleado del sistema, afirman
Demandan trabajadores del STC-Metro retirarle a Espino el fuero de diputado
Ť Entregaron al pevemista Max Fernández la denuncia y el expediente del caso para que proceda
Ť Piden al presidente de la Mesa Directiva de la ALDF no convertirse en cómplice del legislador
Raúl Llanos Samaniego Ť En clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el "líder moral" y dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, recibe salario no sólo como representante popular, sino también como empleado del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que sin mayor trámite deberá retirársele el carácter de diputado.
Así lo solicita un grupo de trabajadores del Metro, que, encabezado por Raúl Montero e Ignacio Iyescas, entregaron el jueves pasado la denuncia y un expediente del caso al presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, el pevemista Max Fernández, en la que le piden su intervención para que, conforme lo establece la ley, le declare la "pérdida del encargo de diputado" a Espino Arévalo.
De acuerdo con los documentos, el artículo 122, base primera, fracción II y 62 de la Carta Magna, así como el artículo 37, fracción IX, inciso c, del Estatuto de Gobierno, y el artículo 19 de la Ley Orgánica, establecen la prohibición expresa de que los diputados propietarios desempeñen alguna otra comisión o empleo de la Federación, Estados o del Distrito Federal por los cuales disfrute sueldo, sin licencia previa, y deja en claro que "la infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado".
Los inconformes presentaron al diputado Max Fernández las copias de los recibos de nómina de Fernando Espino Arévalo, para comprobar que el legislador del PRI ocupa una plaza de "Técnico Profesional A" en el STC-Metro, bajo el expediente 03025, puesto al cual "no ha renunciado ni solicitado licencia", incluso "cobró la segunda catorcena del mes de octubre del año corriente".
De ahí que, consideran, "al mantener un empleo y el cobro de su salario hasta el día de hoy en una entidad del gobierno del Distrito Federal, como es el Sistema de Transporte Colectivo, y en el entendido de que asumió el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa el pasado 15 de septiembre, ha caído en el ilícito expresamente prohibido y castigado".
Incluso, la Constitución Política "castiga claramente este ilícito, sin la necesidad de ningún procedimiento adicional ni requisito que el probar que se ha cometido, con la pérdida inmediata del carácter de Diputado", expresan los empleados del Metro.
Como parte del mismo texto de denuncia, se remarca que Espino Arévalo es actualmente secretario general del Sindicato Metropolitano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTC), "posición que de acuerdo a los Estatutos sindicales, reserva exclusivamente a los trabajadores activos del Sistema de Transporte Colectivo".
Piden que no haya complicidades
La denuncia entregada a la Mesa Directiva de la ALDF fue entregada el pasado jueves 23, a las 16:07 horas, y la integran un texto de seis cuartillas dirigido a Max Fernández, así como 129 hojas que van desde los recibos de nómina del diputado priísta en el STC hasta recibos firmados y sellados de diversas cantidades entregadas al sindicato del Metro por diversos conceptos. También se anexa las firmas de los empleados, quienes ocupan diversos cargos, tales como inspectores de transportes y operadores.
En el primer texto, los trabajadores le expresan al máximo responsable de la ALDF en estos momentos: "Diputado presidente de la Mesa Directiva no puede hacerse cómplice de esta flagrante violación, por lo cual solicitamos atentamente se proceda de inmediato a garantizar que se respete la Constitución Política. El patrimonio de la ciudadanía debe ser una de las principales preocupaciones de la Asamblea, de la que usted es ahora presidente".
Raúl Montero, quien encabeza la lista de firmantes, puntualizó en entrevista que existe la plena confianza en que la Asamblea Legislativa habrá de atender su denuncia y llevará el asunto al pleno para que se emita la declaratoria que corresponde, pues está totalmente comprobada la conducta ilícita de Espino Arévalo.
Respecto al Estatuto de Gobierno del DF, en su artículo 37, inciso C, es claro al señalar que: "los diputados propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación".
Aunado a ello, la última parte del artículo 19 de la Ley Orgánica de la ALDF, puntualiza: "La inobservancia de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se sancionará con la pérdida del encargo de diputado mediante la declaratoria de la misma Asamblea, en los términos previstos en el Reglamento para el Gobierno Interior".
Dar parte a la Contraloría
Dentro del texto de los sindicalizados del Metro se presenta una serie de denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos del STC por parte de varios de sus ex directores, quienes entregaron cantidades diversas al sindicato, algunas con fines no aclarados y otras para instalaciones que en su opinión no existen o no se han destinado para tal fin. Por ello, solicitan a Max Fernández, presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, analice los documentos y "dé parte a la Contraloría del Distrito Federal".
Así por ejemplo, en 1993 "el Organismo" (STC-Metro) le entregó a la representación sindical un millón 749 mil 999 pesos, que según sería para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), en la calle de Carracci número 13, sin que éste se haya concretado.
Suman los 600 mil pesos que entre 1989 y 1996 también la dirección del Metro autorizó entregar a la parte sindical para la construcción de un Centro Vacacional en el poblado de Yecapixtla, Morelos, "que sería propiedad de los trabajadores, y que hasta el día de hoy desconocemos la existencia del mencionado centro vacacional", señalan.
Más adelante, subrayan que en 1993, el organismo le entregó al STSTC un millón 100 mil pesos "con lo que compró un autobús que le serviría seguramente para su campaña como candidato a diputado, con lo que surge la pregunta de que si los fondos del Metro son para ayudar las campañas de los candidatos del PRI. Debe quedar claro, y encontrarse dicho autobuses, y confirmar que dicha unidad no tenga ni haya sido utilizada en actividades políticas".
Finalmente, en su denuncia los trabajadores hacen votos porque "esto no traiga como consecuencia el despido de los que estamos haciéndola, como ha sucedido en ocasiones anteriores (en) que el Departamento Jurídico del organismo procesa despidos por encargo".
Fundamento legal de la petición
Artículo 122, base primera, fracción II, de la Constitución: "Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51,59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución".
Artículo 62: "Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. (...) La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador".
Artículo 37, fracción IX, inciso C, del Estatuto de Gobierno del DF: "Los diputados propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación. (...) La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado".
Artículo 19, de la Ley Orgánica de la ALDF: "Los diputados, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión, servicio o empleo remunerado de la federación, de las otras autoridades locales del Distrito Federal, de los estados o municipios con cargo a sus respectivos presupuestos de egresos, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa; en cuya hipótesis, cesarán en sus funciones representativas durante el tiempo que ejerzan la nueva ocupación. (...) Se exceptúan de lo anterior las actividades docentes, académicas y de investigación científica. La inobservancia de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se sancionará con la pérdida del encargo de diputado mediante la declaratoria de la misma Asamblea, en los términos previstos en el Reglamento para el Gobierno Interior".