MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Claudia Sheinbaum Pardo Ť
La ''apertura'' del sector eléctrico
La propuesta que en materia de servicio eléctrico ha venido manejando el equipo de Vicente Fox plantea, en términos generales, los siguientes lineamientos: a) desintegración vertical de la industria eléctrica; b) privatización de la comercialización, distribución y de la nueva generación de electricidad; y c) transmisión y regulación en manos del Estado.
Los argumentos que se han dado para plantear esta reforma son básicamente tres: a) sólo con la apertura del capital privado al mercado eléctrico se garantiza el abasto; b) la introducción del mercado y la competencia brindará mejores servicios; y c) no es privatización sino "apertura".
Al analizar la propuesta presentada por el equipo de Vicente Fox se puede reconocer que es prácticamente igual a la presentada en su momento por el presidente Ernesto Zedillo, con la ligera diferencia de que los activos de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro no se venden en un principio. En efecto, la parte medular de las propuestas es la misma: separar la generación, transmisión, distribución y comercialización; promover la competencia permitiendo que las empresas generadoras accedan a los consumidores (previa mediación, para algunos usuarios, de las empresas distribuidoras y comercializadoras) y apostando a una comisión reguladora sumamente fuerte y neutral.
Durante cerca de dos años, el tema de la privatización del sector eléctrico ha estado a debate. En este transcurso diversos técnicos, académicos y analistas han señalado que las tres premisas de las que parte la propuesta (que son las mismas que en su momento presentó Zedillo) son falsas. No es verdad que sólo con la apertura del mercado se garantiza el abasto. Existen diversos mecanismos de financiamiento que han garantizado el abasto y que pueden seguirlo haciendo sin necesidad de recurrir a subsidios. La única explicación para entender por qué éstos no fueron utilizados durante el transcurso de la presente administración, con la excepción del último año, es porque se quería causar una crisis que forzara la privatización del sector. Por otro lado, se ha demostrado en el transcurso de la última década que con la desintegración vertical de las empresas, el servicio es menos confiable y la ocurrencia de interrupciones es mayor, especialmente en aquellos lugares como México donde las redes de transmisión no son suficientemente vastas.
Finalmente, es absurdo decir que no hay privatización porque no se venden los activos. La privatización radica en quién es el propietario de la renta, de las ganancias y no en cuántas plantas se venden. Con la propuesta que presenta el equipo de Vicente Fox, la ganancia generada por la venta de los kilowatt-horas pasa de manos públicas a manos privadas. Por eso se debe hablar de privatización con todas sus letras.
Por si fuera poco, las experiencias internacionales han mostrado que con la privatización y la desintegración vertical de las empresas eléctricas, en poco tiempo el mercado se convierte en un pequeño grupo de generadores extranjeros, que adquieren amplio poder de mercado. Esto significa que en pocas manos estará el poder de alterar los precios. Esto puede hacerse, como explica Rodríguez Padilla, reteniendo la capacidad de generación, es decir, no incluyendo oferta y provocando que las unidades más caras sean las que determinen el precio de equilibrio. Esa manipulación les permite maximizar la renta diferencial y apropiarse de ella. Así, la demanda no participa en la formación de precios; éstos responden a las condiciones de la oferta. Lo malo es que las ofertas en el mercado no reflejan los costos, sino los comportamientos estratégicos de los generadores. Estos escogen la cantidad y el precio a ofertar buscando maximizar sus propias ganancias y no el interés colectivo.
Las alternativas para un mayor abasto y una mejor calidad del servicio no están en propuestas que han demostrado su poca viabilidad y, en cambio, demuestran su enorme vulnerabilidad en términos del servicio y de la pérdida de soberanía para el país. Las alternativas viables están en el sentido de brindar mayor autonomía a las empresas, promover una revisión integral de las tarifas, generar un proceso de revisión de la estructura laboral junto con los trabajadores y revisar los mecanismos de financiamiento como la producción independiente. Esperemos ver cuál es la propuesta.