A 20 días de realizadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la determinación de la secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, de dar como vencedor en la elección en ese estado a su correligionario republicano George W. Bush, y la reacción del aspirante demócrata, el vicepresidente Al Gore, de impugnar tal decisión, han abierto una crisis política sin precedentes en el vecino país del norte.

Tal situación tiene, en Washington, una vertiente inmediata de confrontación: mientras que Bush exige el inicio de los trabajos de transición --lo que, en la práctica significaría que él y su equipo empezarán a tomar posesión del Poder Ejecutivo--, el presidente Clinton sostiene que tal proceso no puede dar inicio en tanto no haya un ganador claro y definido de los comicios presidenciales del pasado 7 de noviembre.

Pero, más allá de la coyuntura incierta, el empantanamiento postelectoral tiene consecuencias mucho más graves a largo plazo. Lo expresado ayer por el actual vicepresidente, en el sentido de que los conteos de los sufragios en los condados de Palm Beach, Miami-Dade y Nassau "incluyen votos ilegales y no agregan votos legales que fueron rechazados inadecuadamente", es una manera apenas velada de decir que en la organización electoral --al menos en Florida-- hubo maniobras para distorsionar el veredicto ciudadano, es decir, que se cometió fraude. Esa alusión a la irregularidad comicial, que en otras naciones podría parecer hasta rutinaria, en Estados Unidos tiene implicaciones históricas, por cuanto constituye la primera grieta en el pacto bipartidista que ha dominado al país durante siglo y medio y representa una descalificación no sólo al proceder del gobierno republicano de Florida, sino también a las reglas del juego que, hasta ahora, han sido el consenso más preciado de la clase política y de la institucionalidad en ese país.

Hasta antes del 7 de noviembre, las fallas del sistema electoral estadunidense y las sospechas sobre su pregonado carácter democrático y representativo eran un asunto de especialistas e investigadores. Pero en los días transcurridos desde esa fecha, la sociedad estadunidense y el mundo entero ha podido enterarse que la democracia de las barras y las estrellas no sólo es obsoleta e ineficiente sino también que sus imperfecciones ofrecen margen para maniobras orientadas a torcer el sentido de la voluntad popular.

Independientemente del desenlace de la crisis actual, temible e indeseable por sus posibles consecuencias de inestabilidad financiera y vacío de poder en el terreno internacional, es claro que tanto los estadunidenses como las sociedades de otros países deberán revisar y cambiar profundamente sus percepciones tradicionales acerca del país que se proclamaba a sí mismo baluarte mundial de la democracia.