MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Panistas y priístas apoyan iniciativa del PRD
Facultarán al Congreso para evaluar y aprobar el PND
Ť Se pretende que los planes y programas de gobierno tengan contenido social y objetivos concretos, señala Martí Batres
Ciro Pérez Silva y David Aponte Ť La iniciativa presentada por los diputados del PRD para que el Congreso apruebe y evalúe el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Vicente Fox, cuenta ya con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN, por lo que podría aprobarse antes de mayo, mes en que el nuevo gobierno federal debe hacer público dicho documento, informó el coordinador perredista en San Lázaro, Martí Batres Guadarrama.
La iniciativa considera que la participación del Congreso contribuirá a terminar con planes como los presentados por gobiernos anteriores, que se quedan "como un catálogo incompleto de buenas intenciones, cuya ineficiencia se demuestra al recordar que 40 millones de mexicanos se encuentran en el rango de pobreza extrema, a pesar de ofertas como la de bienestar para la familia, que nunca llegó".
Esta reforma pretende incorporar al texto constitucional un párrafo en el que se otorgan facultades al Congreso de la Unión para dictaminar, aprobar y evaluar el PND y sus programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la administración pública federal.
Aunque para algunos legisladores del tricolor, como Oscar Levín, la iniciativa se considera como una "camisa de fuerza" para el gobierno foxista, los diputados del PAN coinciden en la necesidad de acotar las facultades del Ejecutivo y van más allá, al proponer que no sólo se legisle sobre la iniciativa presentada por el PRD, sino que en "paquete" se discuta la supresión de la partida secreta, la reconducción presupuestal, la presentación del presupuesto antes del 15 de octubre y asuntos como plebiscito, iniciativa popular y referéndum.
De acuerdo con la agenda del grupo parlamentario del PAN, una de las prioridades para la 58 Legislatura es el fortalecimiento del Poder Legislativo, por lo que la discusión de estos temas no significa un enfrentamiento con el presidente de la República, sino respuesta a una demanda social.
Respecto de los avances en la negociación, Batres Guadarrama afirmó que cuentan ya con un principio de acuerdo con la bancada priísta para aprobar la iniciativa que presentó en nombre de los perredistas el diputado Jesús Garibay García el pasado 10 de octubre, para que la Cámara apruebe por primera vez el PND, desde que en 1934 Lázaro Cárdenas presentó su Plan Sexenal 1934-1940.
En la exposición de motivos se destaca que el artículo 26 de la Constitución descarga en el Estado la obligación de "organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía". En el segundo párrafo se precisa que "habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal".
Este PND, precisa el texto, no es un programa de gobierno expuesto como propaganda política en busca de adhesiones, sino que debe tener un contenido social y objetivos concretos, "pero no los que sean mejores a juicio de los gobernantes, sino que deben obedecer a un mandato constitucional explícito en el propio artículo 26, que establece que los fines del proyecto nacional contenidos en esa Constitución, determinarán los objetivos de planeación".
De aprobarse las reformas a la ley de planeación, se permitirá la intervención directa a este órgano legislativo en la formulación y aprobación del PND, y compartir una responsabilidad que tiene exclusivamente el presidente de la República.
Se precisa en el texto que, actualmente, la participación del Congreso en el sistema de planeación se restringe a examinar y opinar respecto del plan que emita el Ejecutivo federal, y formular observaciones durante la ejecución, revisión y adecuación del PND.
Asimismo, a que se le informe durante el mes de marzo de cada año sobre las acciones y resultados de la ejecución del PND, además de que el contenido de la cuenta pública tendrá que relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, lo mismo que en los proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
De acuerdo con los perredistas, estas facultades son "restrictivas", y se manifiestan porque sea el Congreso el que no sólo emita recomendaciones, sino que apruebe el PND, como un paso para establecer verdadero equilibrio de poderes.