MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Buscan racionalizar el presupuesto del 2001


Piden diputados del PRI revisar salarios del Ejecutivo y gabinete

David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť A unas horas de quedar en la oposición política, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó en tribuna un punto de acuerdo en el que plantea revisar los salarios del presidente de la República, miembros del gabinete y mandos medios y superiores de la administración federal, "en la perspectiva de la racionalidad económica y la equidad" en el presupuesto del año 2001.

En el terreno de las entrevistas de prensa, legisladores panistas aseguraron que harán públicas las nóminas de todas las instituciones del Estado para que la sociedad conozca los nombres de quiénes y cuánto cobran. "Una de las cosas que queremos introducir en la Cámara de Diputados, en el próximo decreto, es que ninguna institución gubernamental, ningún funcionario gane más que el presidente de la República, o sea que el tope salarial a cualquier funcionario sea el sueldo" del jefe del Ejecutivo. "Como en cualquier institución, los colaboradores no deben ganar más que el director", expuso el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el panista Luis Pazos.

De acuerdo con el presupuesto del año en curso, aprobado en 1999 por la Cámara de Diputados, el jefe del Ejecutivo tuvo un salario mensual neto de 106 mil 375.47 pesos mensuales, y un secretario de Estado recibió 127 mil 381 pesos al mes, entre percepciones y bonos.

El grupo parlamentario del PRI presentó en la sesión plenaria de este martes cifras que rebasan en mucho las contenidas en el presupuesto del 2000, para argumentar la necesidad de revisar los salarios del próximo mandatario Vicente Fox Quesada y los integrantes de su gabinete.

La diputada priísta Josefina Hinojosa Herrera dijo que los directores de área perciben 92 mil 753.53 pesos mensuales y los subsecretarios 265 mil 51.50, según el Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal.

Explicó que la plantilla laboral del gobierno federal suma 47 mil mandos en estos rangos: 17 secretarios de Estado, 106 subsecretarios, 170 oficiales mayores, 464 coordinadores generales, 2 mil 336 directores generales y 27 mil 898 jefes de departamento.

Las percepciones de los jefes de la burocracia contrastan con los salarios mínimos de 37.90 pesos diarios, con los mínimos profesionales, cuya escala más alta está en 3 mil 403.50 pesos al mes y los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado, que oscilan entre 2 mil 500 y 9 mil pesos mensuales, manifestó.

La diputada del PRI propuso un punto de acuerdo para "que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública revise los criterios bajo los cuales se determinan los sueldos y salarios del personal de mandos medios y superiores de la administración pública federal, y establezca si es conveniente mantenerlos en los mismos niveles hasta ahora aprobados, en la perspectiva de asegurar la racionalidad económica y la equidad en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001".

El punto de acuerdo suscrito por la bancada priísta fue turnado a dicha comisión.

Durante la sesión, la Comisión de Equidad y Género presentó al pleno, en primera lectura, una iniciativa de ley para la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El nuevo instituto, cuya paternidad y funciones disputan legisladores de PRI y PAN, tiene como objetivos el impulso y fortalecimiento de las políticas gubernamentales a favor de la igualdad jurídica de las mujeres.

Por otra parte, el Senado envió a San Lázaro la minuta con proyecto de decreto para la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, los llamados autos chocolates, que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial para la elaboración del dictamen correspondiente.

En el curso de la sesión ordinaria, cientos de ahorradores defraudados instalaron un campamento en varios accesos del Palacio Legislativo en demanda de la aprobación de una ley que permita recuperar sus bienes. Los manifestantes proponen la creación de un fondo de 2 mil millones de pesos en el presupuesto del 2001.