MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť SETENTA AÑOS DE PRI

Ť En la pobreza, 26 millones de campesinos; un presupuesto en picada

Devastador, el saldo de gobiernos priístas en el campo

Ť Sólo 300 mil productores participan en el mercado; sus ingresos cayeron 70 por ciento Ť Grave dependencia en carne de bovino y arroz Ť La apertura comercial afectó negativamente al sector

Angélica Enciso L. Ť Los gobiernos priístas neoliberales dejaron en el campo un saldo devastador: 26 millones de habitantes en el medio rural, de los 27 millones que ahí viven, están en la pobreza; sólo 300 mil productores participan en el mercado; los ingresos de los agricultores cayeron 70 por ciento, y en alimentos, como carne de bovino y arroz, la dependencia con el exterior es de entre 40 y 50 por ciento.

Además, el presupuesto destinado al agro fue en picada. Tan sólo entre 1994 y 2000, descendió en casi 60 por ciento, al pasar de 6.6 por ciento del total a tan sólo 3.8 por ciento del gasto total programable. Con la apertura comercial, las altas importaciones legales y ''desleales'' afectaron la mayor parte de las actividades agropecuarias.

A partir de 1982, se empezaron a impulsar políticas agropecuarias orientadas a la desaparición de empresas paraestatales, la cancelación de subsidios, lo que colocó a los agricultores en graves problemas de subsistencia. En 1984 había 11 millones de pobres, el equivalente a 16 por ciento de la población total, mientras que para 1997 las personas en esas condiciones sumaron 51 millones, lo que representa 55 por ciento de los mexicanos, señaló Verónica Villaresque, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La pirámide social de la pobreza cambió drásticamente entre 1994 y 1996, precisó la especialista, ya que en 1994 el 40 por ciento de la población -37.6 millones de personas- eran pobres extremos y dos años después el porcentaje se elevó a 55 por ciento -51.7 millones de personas. De ellos, alrededor de la mitad residen en el campo.

Para el todavía titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), Romárico Arroyo Marroquín, el rezago del campo no puede atribuirse sólo a la agricultura y la ganadería, ya que esas actividades ''no pueden resolverlo todo''. Interrogado acerca del saldo que después de 70 años han dejado en el sector los gobiernos priístas, el funcionario federal se deslindó de lo que ocurrió antes de su gestión y se refirió al último sexenio: ''Las cosas había que cambiarlas, porque el contexto cambió, y he acreditado, creo yo, que la tendencia en el acontecer del sector es positiva".

Saldos

Las organizaciones campesinas e investigadores dan cuenta de la difícil situación del sector agropecuario, que en la última década perdió paulatinamente apoyos gubernamentales.

Todo comenzó con la desaparición de los precios de garantía de los granos básicos, para seguir con la venta de las empresas paraestatales, como Fertimex y los Almacenes Nacionales de Depósito, el retiro del apoyo crediticio del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y culminó con la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y el subsidio a la tortilla.

Los campesinos constituyen un tercio de la población nacional y manejan 80 por ciento del territorio, además de que generan 15 por ciento del empleo y aportan más de 5 mil millones de dólares anuales a la economía por concepto de remesas; empero, viven en la miseria, indica información de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC).

Aun con ello, las cifras reflejan que en el agro desde hace seis años no se registra crecimiento económico y que, por el contrario, la tendencia ha sido negativa, ya que mientras el producto interno bruto (PIB) nacional crece en un promedio anual de 1.8 por ciento, en el campo ha sido de -0.3, señala la ANEC. La producción de granos básicos ha permanecido estancada, con un promedio de 30 millones de toneladas, lo cual es similar a lo obtenido a principios de los 80, pero con casi 20 millones de personas más.

En el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se importaron 76.5 millones de toneladas de granos, con un valor de 13 mil 600 millones de dólares, lo cual representa 72 por ciento más que en el sexenio anterior, indica la organización.

Los casi 3 millones de productores de maíz, sorgo y trigo -90 por ciento de ellos de autoconsumo-, en los últimos cuatro años enfrentaron la caída de 50 por ciento en promedio en el precio, al tiempo que los insumos registraron incrementos de hasta 63 por ciento, indica información del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Tan sólo en el caso del maíz, el precio por tonelada descendió 45 por ciento, al pasar de 2 mil 385 pesos en 1996, a mil 350 pesos este año.

La dependencia alimentaria de México con Estados Unidos creció en el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en granos básicos. Las compras de maíz representaron 16 por ciento del consumo nacional, las de trigo, 27, y las de arroz 51 por ciento, indica el especialista Juan José Flores Verduzco, del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial (CIESTAAM).

El café, en problemas

En situación crítica por las cotizaciones, también están los 200 mil productores de café, 85 por ciento indígenas, ya que el descenso en los precios internacionales del aromático ha llevado a que desde hace tres años estén en situación de emergencia. En este momento están en espera de apoyos extraordinarios para comenzar la cosecha 2000-2001, ya que de otra forma no podrán levantarla, informó el Foro de Organizaciones Cafetaleras.

Otro sector en severa crisis es el del azúcar, donde los altos costos de producción de caña, el rezago tecnológico de la mayor parte de los ingenios, la falta de recursos y el gran endeudamiento (2 mil millones de dólares) son problemas no resueltos.

Además, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llevó a los azucareros a un problema adicional: la sustitución de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa proveniente de Estados Unidos, con lo que en los últimos cuatro años en promedio se desplazaron 500 mil toneladas del dulce, en detrimento de los 2.5 millones de mexicanos que dependen de la actividad, señala Luis Ramiro García Chávez, también del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial.

Actualmente, ante la imposibilidad de exportar los excedentes del dulce al mercado estadunidense, los industriales del ramo impulsan la integración de un panel de controversias para dirimir el conflicto, ya que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar más de 200 mil toneladas del dulce, mientras que los mexicanos pretenden vender ahí los excedentes, que suman 500 mil toneladas.

Mercado cerrado

Tanto avicultores, porcicultores como productores de granos afirman que la apertura comercial sólo se ha dado en un sentido: de Estados Unidos a México, ya que las importaciones alimentarias mexicanas han crecido y las exportaciones de esos sectores al país vecino no se han presentado; las ventas mexicanas básicamente han sido de frutas y hortalizas.

Las importaciones agroalimentarias pasaron de mil 790 millones de dólares en 1982, a 7 mil 274 millones en 1994, y a 8 mil 204 millones de dólares el año pasado, lo cual es equivalente a 97 por ciento del valor de las exportaciones de petróleo crudo en 1999, que ascendieron a 8 mil 851 millones de dólares, indica José Luis Calva en un análisis. En tanto que las exportaciones mexicanas en 1999 fueron de 8 mil 204 millones de dólares, con un déficit de mil 150 millones, lo cual ha sido el promedio del último decenio.

Caída en ganadería

En la ganadería se generan alrededor de 4 mil 600 millones de dólares al año, con alrededor de 1.4 millones de unidades de producción y cerca de 4.7 millones de empleos directos; pero las altas importaciones ocasionaron una caída en la producción de 11 por ciento y la pérdida de alrededor de 400 mil empleos, indica información de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado.

México pasó a ser el segundo mercado para la exportación de carne de bovino de Estados Unidos, con lo que desplazó a Canadá, que pasó a ocupar el tercer lugar.

Finalmente, la cartera vencida del sector creció 189 por ciento en 1998, en relación con 1994, mientras que la agropecuaria presentó un aumento de 240 por ciento.

El sector pecuario en general se ha enfrentado a que su producción ha sido desplazada por alimentos importados, gran parte de "desecho" en Estados Unidos, por lo que los porcicultores y ganaderos ganaron sendas demandas y el establecimiento de cuotas compensatorias a esas compras.

Ť Las instituciones, objeto de uso discrecional

La seguridad social, elemento de estabilización política

Ť Estrategia prioritaria de gobiernos herederos de la Revolución

Angeles Cruz Ť El proyecto de vida democrática de los gobiernos herederos de la Revolución concibió a la seguridad social como un derecho del pueblo, con el cual ha estado ligado indefectiblemente para preservar la estabilidad política y el desarrollo económico del país. Así ha sido desde que en 1943 se formalizó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y después, en 1959, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales, 70 millones de mexicanos son derechohabientes de estas instituciones. El régimen obligatorio del IMSS cuenta con 15 millones de asegurados, que junto con sus familias suman 46 millones de personas. El programa IMSS-Solidaridad, que se encarga de dar asistencia médica y servicios hospitalarios a las áreas rurales, beneficia a 11 millones de individuos, mientras que el esquema de Seguro de Salud para la Familia, creado a partir de la reforma del Seguro Social en 1997, agrupa a quienes trabajan por su cuenta. Asimismo, el Programa de Jornaleros Agrícolas, instrumentado en 2000, pretende afiliar a dos millones de personas.

A decir de las autoridades, la reforma a la ley del IMSS resolvió su insolvencia financiera que, en 1995, ponía en peligro su viabilidad. Ahora refrenda su carácter público y la obligación del Estado de ser el garante de la seguridad social.

El ISSSTE, segunda institución pública en importancia del país, atiende a 10.2 millones de derechohabientes (empleados federales y sus familias). A la fecha, enfrenta una seria problemática derivada del déficit en su fondo de pensiones. Las autoridades han reconocido que urgen medidas para evitar una crisis financiera en la institución.

Crece el número de pensionados

La directora general, Socorro Díaz Palacios, habló recientemente sobre el problema y explicó que el grupo de derechohabientes de 60 años y más representa a 13.39 por ciento de la población amparada por el instituto. Este sector -en aumento constante- genera en proporción el mayor número de servicios de salud y presenta una alta incidencia de padecimientos.

El pago de sus pensiones representó al mes de agosto de este año 11 mil 760 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad es subsidiada por el gobierno federal. En cambio, la proporción de trabajadores en activo ha disminuido significativamente en relación con los retirados.

A partir de su establecimiento, la seguridad social ha venido consolidándose y desempeñando un papel preponderante en la vida cotidiana del país, explica el ex subsecretario de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, en su trabajo La seguridad social mexicana en los albores del siglo XXI. Con él coinciden investigadores y académicos como Lorenzo Meyer, para quien la aparición de la seguridad social ocurrió en la época en que la industrialización estaba en su apogeo y los gobiernos federales se esmeraban por fortalecer a las organizaciones sindicales y darles concesiones a cambio de obtener su apoyo.

La función principal de estas instituciones ha sido constituirse como elemento estabilizador y redistribiduidor de la riqueza, al brindar a los trabajadores y sus familias los elementos que coadyuvan a garantizarles los medios de subsistencia y el derecho a la protección de la salud. De hecho, afirma Narro, la participación de la seguridad social en la mejoría de los niveles de salud y bienestar de los mexicanos es indiscutible.

En La seguridad social y el Estado moderno, Roberto Gallaga, ex funcionario del ISSSTE, menciona que al paso de los años, las instituciones de seguridad social han representado ''un mecanismo neutralizador de contradicciones, que ha permitido mantener y reproducir el sistema político, dado que los márgenes de bienestar y los niveles de consenso siempre han estado relacionados''.

La Ssa se ha responsabilizado de atender a quienes quedaron excluidos de las instituciones de seguridad social: los indígenas y campesinos en las áreas rurales, y los desempleados en las zonas urbanas, pero más bien con un carácter asistencial.

El IMSS fue creado en 1943 para solucionar la inseguridad económica de la clase trabajadora y, al mismo tiempo, para mantener el control político y social del país. En tanto, el ISSSTE surgió en 1959 como una ampliación de los beneficios que los empleados gubernamentales recibían desde principios de siglo en la Dirección General de Pensiones.

Otras dos instituciones de seguridad social son la de Petróleos Mexicanos (Pemex), que beneficia a sus trabajadores, y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que atiende a los integrantes de las mismas.

Para explicar la seguridad social desde el punto de vista económico, los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fernando Solís y Alejandro Villagómez, indican que se ha distinguido por la inclusión de un conjunto de progr amas creados y administrados por el Estado, con la finalidad de brindar beneficios económicos y servicios que permitan compensar en parte la pérdida en el ingreso del individuo por la inseguridad económica o resarcir sus insuficientes ingresos.

La investigadora Asa Cristina Laurell comenta que durante años la seguridad social funcionó así, hasta que esta política, que se encaminaba a la universalización de los derechos sociales, se vio truncada por la imposición del proyecto neoliberal, el cual tuvo un impacto negativo sobre el empleo.

Rechaza que la reforma emprendida en el IMSS en 1995 haya tenido su origen en problemas intrínsecos de la dependencia, y asegura que la modificación legal que finalmente entró en vigor en julio de 1997 conduce paulatinamente al desmantelamiento y a la privatización de los servicios.

La académica de la UAM Xochimilco opina que la supuesta escasez de recursos que motivó la reforma fue resultado de la política de restricción del gasto social y el deterioro de los niveles salariales que, entre 1983 y 1994, ocasionó al IMSS una pérdida acumulada de ingresos por un monto equivalente a 5.4 veces su presupuesto total en 1994. De ahí que la institución registrara la peor crisis financiera de su historia, según reportaron las autoridades en el Diagnóstico 1995.

En su análisis La reforma contra la salud y la seguridad social, Laurell apunta que el primer objetivo de la privatización se ubicó en los fondos de pensiones del IMSS, porque representaban enormes recursos financieros. De un sistema solidario se pasó a las cuentas individuales de retiro, administradas por organismos financieros. El segundo gran ámbito de privatización son los servicios de salud, pero ahí el proceso es más complejo, porque requiere de mecanismos para separar lo rentable para el sector privado y retener, reciclar o eliminar lo no rentable al sector público.

Cristina Laurell reconoce, sin embargo, que el mandato constitucional que garantiza el derecho a la salud y a la seguridad social, no se cumple porque la cobertura de servicios no es universal y una parte importante de los asalariados no está asegurada. Aun así, rechaza que los cambios legales realizados al IMSS hayan sido la mejor opción.

El académico y asesor parlamentario Carlos López Angel, opina que el ISSSTE no podrá mantenerse al margen de este proceso de reforma emprendido en la seguridad social. Su capacidad de respuesta, de por sí limitada, se ha visto mermada por la restricción del presupuesto, la caída del salario real y del empleo. Lo anterior, dice, se combinó con una fuerte erosión del salario entre médicos, enfermeras y personal paramédico y administrativo. El ISSSTE no ha podido recuperarse de los efectos de las crisis económicas recurrentes.

De 1990 a 1996, la población amparada por el instituto creció en promedio a un ritmo de 2 por ciento anual, pero registró caídas en 1992 y 1995, años en los que las tasas de crecimiento fueron de 1.6 o 0.8 por ciento. El pago de jubilaciones y pensiones mantiene al ISSSTE al borde de la insolvencia financiera, lo cual ha llevado a la actual directiva a proponer una reforma que incluya un aumento en el nivel de las aportaciones de los trabajadores y la posposición del derecho a obtener una pensión. En estas condiciones encontrará el nuevo gobierno el sistema de seguridad social del país.

Ruta cronológica recorrida por el IMSS y el ISSSTE

El Congreso de la Unión recibe en 1938 una iniciativa de ley para crear el Instituto Nacional del Seguro Social, la cual no es discutida por los legisladores por no contar con los estudios técnicos y actuariales que sustentaran la propuesta. Enseguida, la ruta cronológica del IMSS.

1943. Los legisladores aprueban la ley que da vida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a iniciativa del presidente Manuel Avila Camacho. Su ámbito de acción estaba dirigido principalmente a las relaciones laborales del trabajo urbano, aunque preveía su extensión al régimen rural.

1954. Se implanta el Seguro Social al campo en los estados de Sonora, Baja California y Sinaloa. Las cotizaciones se dan con base en el número de hectáreas laboradas.

1955. Se crean las Casas de la Asegurada, que incluyen acciones de medicina preventiva, educación y recreación, no consideradas en la ley de 1943. Poco tiempo después surgen los Centros de Adiestramiento Técnico para toda la población, asegurada o no, bajo el argumento que se capacitaba al futuro asegurado.

1959. Se reforma la ley para establecer la obligación de los patrones de inscribir a los trabajadores rurales en el IMSS. Los primeros aportan 50 por ciento de la cuota y el resto es obligación de la Federación.

1960. El IMSS inició una nueva prestación: la construcción de conjuntos habitacionales con un enfoque integral que incluye todos los servicios sociales. En esta década el instituto amplió sus prestaciones a los ámbitos cultural, recreativo y deportivo.

1963. Se incorpora al Seguro Social un grupo importante de trabajadores del campo, los productores de caña, quienes cotizan a partir de los kilos de azúcar producidos. Corresponde 50 por ciento a la empresa, 25 por ciento al trabajador y 25 por ciento al gobierno federal.

1965. Se incluye a pequeños propietarios con el pago compartido entre el propietario y el gobierno federal.

1972. Se incorporan los productores de henequén en 58 municipios de Yucatán.

1973. El Congreso de la Unión aprueba una nueva reforma a la ley del IMSS, por la cual se incorporan nuevos grupos de campesinos y del medio urbano. Se establece el concepto de solidaridad social para afiliar a trabajadores del campo sin capacidad de cotización (IMSS-Coplamar, primero, e IMSS-Solidaridad, después).

1997. Entra en vigor la nueva ley del IMSS, que buscó resolver el déficit financiero que enfrentaba la institución, motivado por desequilibrios en la prestación de los servicios médicos, desincentivación del crecimiento del empleo y los salarios y el paulatino envejecimiento de la población, con el subsecuente aumento en los costos de la atención.

Una de las principales innovaciones es la restructuración del esquema básico de seguros; la individualización de las cuentas de retiro de los trabajadores y la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), y la institución del Seguro de Salud para la Familia, de carácter voluntario para las personas que trabajan por su cuenta. Se abre la posibilidad de subrogar algunos de los servicios, como las guarderías, y extender lo que ya existe en la prestación del servicio médico.

El ISSSTE

1925. La Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro tiene como misión otorgar pensiones por vejez, invalidez, muerte o retiro.

1959. Creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual incorpora prestaciones y ámbitos de seguridad social que el resto de los trabajadores había conquistado en 1943 con el IMSS. Inicialmente se contrataban los servicios hospitalarios en instalaciones privadas y posteriormente se inicia la construcción de una red de clínicas y hospitales en toda la República.

1966. Se inaugura el primer taller de manufacturas para pensionistas y jubilados del ISSSTE.

1972. Decreto de creación del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) e institucionalización del Programa de Atención a la Infancia por medio de las Estancias de Bienestar Infantil y los programas de Mejoramiento Administrativo, Cultural y Profesional.

1986. La reforma a la ley del ISSSTE amplía las prestaciones económicas al incorporarse el Sistema de Tiendas y Farmacias.