JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Tan sólo en la revista vehicular se evitó la fuga de 320 millones de pesos

El SUTGDF dejó de obtener tres mil mdp por actos de corrupción

Ť Enfrentó el gobierno perredista una estructura de poder muy grande, afirma Ricardo Pascoe

Ť El manejo de refacciones automotrices y vestimenta le representaba ganancias millonarias

Raúl Llanos /I Ť Durante los últimos tres años, las prácticas de corrupción le hubieran reportado al Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) hasta 3 mil millones de pesos, principalmente por conductas irregulares en las secciones de transporte, tesorería y servicios urbanos, pero detectadas las redes y rutas que durante años marcaron los sindicalizados las autoridades evitaron la obtención de ganancias ilícitas.

Más aún, en dos años y medio de esta administración, tanto el SUTGDF como el sindicato del Metro se vieron beneficiados al manejar discrecionalmente las millonarias adquisiciones de juguetes, medicamentos y, sobre todo, vestimenta que hicieron las autoridades y que después eran entregados a esas representaciones sindicales para su reparto; éstas, previamente, recomendaban ciertas características de esos bienes, con lo que llevaban ya "nombre y apellido".

Falsificación de documentos fiscales, alteraciones en el padrón de contribuyentes, tráfico de firmas en el proceso de revista vehicular, desvío de recursos tributarios, alteración de vales de gasolina, asignaciones directas, manejo discrecional de rutas en el servicio de limpia, extorsión a transportistas y venta de plazas, entre otras, constituyeron --y en algunos casos constituyen-- las formas más recurrentes de apropiarse ilegalmente cantidades importantes de dinero por parte de trabajadores sindicalizados, coludidos en los más de los casos con organizaciones delictivas, creando verdaderos cotos de poder.

Una investigación realizada a partir de las denuncias de ex dirigentes sindicales, trabajadores en activo y autoridades revelan la forma en que operaban el SUTGDF y el SMSTC con las administraciones priístas y cómo reprodujeron los mismos esquemas a partir de 1997 con el gobierno perredista, sobre todo por el hecho de que esta administración no quiso confrontarse con esos sindicatos ante el "temor" de que paralizaran la ciudad, según reconocen funcionarios locales.

Cobijados durante muchos años por administraciones priístas, los integrantes del SUTGDF y del Sindicato Metropolitano del Sistema de Transporte Colectivo-Metro (SMSTC) fueron ocupando puestos de confianza en las entidades públicas, y quien más ha avanzado en esto es el sindicato del Metro, "yo diría que en un porcentaje muy alto controla a la empresa, y esto ha hecho que, por ejemplo, exista una situación poco clara en muchas licitaciones que ha realizado", afirma el oficial mayor del gobierno capitalino, Ricardo Pascoe Pierce.

"A veces --dice-- uno siente que la administración del Metro está al servicio del sindicato y no al revés, y eso es un problema muy serio, muy serio porque no admite la posibilidad de ofrecer un servicio absolutamente confiable al público, pero no porque haya peligro en las vías, sino porque la propia pugna política puede desbordarse y tener otras repercusiones".

Fue a partir de septiembre de este año cuando las autoridades locales comenzaron a tomar cartas en el asunto del manejo discrecional de la ropa y determinaron entregarla directamente a los propios trabajadores, "saltando" a los líderes sindicales. También en octubre los delegados le arrebataron a la sección 1 del SUTGDF los nombramientos de los jefes de limpia.

En el caso del sector transporte, tesorería y servicios urbanos, desde 1997 se instauraron diversas acciones para disminuir la corrupción en diversas áreas de la administración pública, que permitieron que las mafias dejaran de "ganar" más de 3 mil millones de pesos, de acuerdo con cálculos hechos a partir de los documentos e informes obtenidos de las distintas dependencias públicas.

Pascoe Pierce puntualiza que la relación viciada que fomentó el entonces DDF llevó a que por "usos y costumbres" el sindicato nombrara a los encargados de limpia, alumbrado público, parques, panteones, mercados y que controlara los Centros de Desarrollo Infantil y los baños públicos de mercados.

De hecho, la situación llegó al extremo de que en 1992, las autoridades firmaron con la sección 17, Tesorería, el acuerdo 00.92, para que una parte del dinero que se recuperara por multas se repartiera entre los trabajadores, "y me parece que esa es una de las expresiones más perversas del sistema", puntualiza el funcionario, quien asumió su cargo en septiembre pasado.

La influencia del SUTGDF llegó a grado tal, afirma Ricardo Pascoe, que los jefes de unidades departamentales obtuvieron el manejo de los vales de gasolina, refacciones --"que es un tema millonario"--, llantas, acumuladores, horas extras, vestimenta, rutas. "Nuestra opinión es que nos hemos topado con una estructura sindical de poder y corrupción muy grande, es una estructura que tiene raíces muy abajo".

Y esto se justifica al ver la forma en que se manejaban las cosas en la Dirección de Servicios al Transporte, donde la revista vehicular constituía la mayor fuente de ingresos ilegales. Ahí, aseguran autoridades de esa dependencia, los certificados de no adeudo se vendían de 250 a 500 pesos, mientras que la firma del perito, para garantizar que el vehículo pasara la revisión, se ofrecía a 800 pesos. Entonces, esto multiplicado por las 400 mil unidades de transporte público que circulan por la ciudad (micros, taxis y de carga) revelan que cada año las mafias obtenían hasta 320 millones de pesos por estos trámites.

En el caso de Tesorería, anualmente dejaban de ingresar al menos 15 millones de pesos por comprobantes de verificación apócrifos; hasta 200 millones por comprobantes de pago de predial falsos, cheques sin fondos y manipulación de información sobre adeudos, y en los vales de gasolina, las autoridades capitalinas detectaron un sobregiro de 400 millones de pesos. Una cantidad aún no cuantificada representaba la ganancia que dejaban a líderes sindicales las asignaciones directas, cuando debían someterse a licitación.

Los puestos más cotizados en las secciones del SUTGDF

Dantes: Eran inspectores sindicalizados de la Dirección General de Transporte, quienes en su mayoría extorsionaban, con el apoyo de madrinas, a los choferes del transporte público de pasajeros, taxis, microbuses y de carga. En mayo de este año se trasladó a los 233 elementos de ese grupo a los paraderos y al Instituto del Taxi, pero ya sin facultades para remitir al corralón ni pedir documentación a los transportistas. También se les cambió el nombra y son identificados hoy como Anáhuac.

Peritos de revista vehicular: Durante años estos sindicalizados tuvieron las atribuciones para firmar los documentos que avalaban que un vehículo estaba en condiciones de pasar a la revista vehicular. Su firma se cotizaba hasta en 800 pesos por unidad. Autoridades del sector transporte aseguran que el salario de estos peritos es de 2 mil a 3 mil pesos, en promedio, pero algunos de ellos "viven algunos en zonas residenciales". La responsabilidad que tenían recae hoy en el jefe de revista, que depende del director General de Transporte.

Checadores de tiempo: Son personal sindicalizado de base que en diversas dependencias del gobierno capitalino controlan los relojes checadores y las horas extras. En algunos casos llegan a controlar los tiempos de hasta 300 personas. Varios de ellos reciben una "gratificación" por parte de aquellos trabajadores que llegan tarde, faltan a su trabajo o bien que quieren horas extras. Hasta la fecha siguen con sus mismas atribuciones. De hecho, el pago de horas extras constituye uno de los rubros que implica una alta erogación.

Cajeros de oficinas recaudadoras: En la Tesorería del DF se llegó a detectar empleados de estas áreas que a cambio de dinero aceptaban cheques sin firma o sin fondo en el pago de impuestos; también hacían aplicación de pagos a otros contribuyentes, incurrían en mal manejo de formas valoradas y órdenes de cobro y desviaban dinero en efectivo. A la fecha, se definieron cajas en las cuales sólo se recibe pagos con cheques y otras en efectivo; se cambiaron las cajas mecánicas por computadoras, y se eliminaron las formas valoradas.

Administradores tributarios: Hasta 1999 estos puestos eran puestos ocupados por gente sindicalizada, y las autoridades de Tesorería decidieron nombrar a gente de confianza al detectarse casos en los cuales estos servidores públicos conocían y participaban de las anomalías que se cometían y que generaban importantes recursos ilegales.

Actuarios fiscales: Lo integran cerca de 200 empleados de base de Tesorería, quienes tienen bajo su responsabilidad de entregar requerimientos o "declarar el embargo" de una empresa por no pagar sus adeudos tributarios. De acuerdo con sindicalizados, se dan casos en que estos empleados llegan a determinada empresa y con la amenaza de embargar llegan a acuerdos para que a cambio de la entrega de dinero reduzcan los recargos; para ello se coluden con gente del área de informática y desaparecen montos a pagar.