VIERNES 1o. DE DICIEMBRE DE 2000

Ť SETENTA AÑOS DE PRI

Ť El último presidente priísta trabajó afanoso por la alternancia en el poder

Zedillo, la obsesión de trascender a la historia

Ť Mucha administración y poca política, signo del sexenio que hoy concluye Ť Pragmatismo económico, restricción a los programas sociales y recurrentes tanteos, su forma de gobernar

Rosa Elvira Vargas Ť Circulaba sotto voce en los círculos políticos como una más de las especulaciones previas al 2 de julio: ''Ernesto Zedillo busca asegurar su lugar en la historia entregando el poder a un partido de oposición''.

Nadie recibió ese rumor con indiferencia. Pocas semanas después, cuando el PRI fue derrotado en las urnas, todos recordarían esa frase y le dieron sentido. La ligaron al recuento instantáneo de un mandato de distancia y terquedad; de lejanía y dogmatismo; de mucha administración y de poca, muy poca política.

Esos mismos priístas aseguraban, aún lo hacen, que Zedillo no sólo se perpetuó por esa vía en las crónicas del México moderno, sino que incluso trabajó para ello.

Y lo explicaban por su estilo personal de gobernar, por su permanente contradicción entre discurso y práctica respecto del PRI e incluso por no definir más virtud en el aspirante de su partido, Francisco Labastida Ochoa, que la ''prudencia'', como él alguna vez dijo.

El presidente Zedillo comenzó el último y crucial año de su gobierno dando forma a su empeño de que la transición sexenal se hiciera sin las crisis económicas que se vivieron en los últimos 25 años.

Para ello reforzó los controles al gasto público y el combate a la inflación; de igual modo, basado en los ajustes presupuestales que en diciembre de 1999 le impuso el Congreso, canceló proyectos de infraestructura y pagó por anticipado créditos del Fondo Monetario Internacional.

No obstante que en el 2000 los precios internacionales del petróleo -incluida la mezcla mexicana- alcanzaron elevadísimas cotizaciones, lo que implicó ingresos adicionales para el gobierno, Ernesto Zedillo no modificó un ápice su diseño presupuestal en favor de los programas sociales.

Sin embargo, sí mantuvo como férreo compromiso la erogación, para este ejercicio, de 34 mil millones de pesos hacia el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Ese organismo tuvo este año venta de activos por medio de los cuales recuperó 23 mil millones de pesos y aportaciones de bancos por más de 4 mil millones de pesos.

Así, mientras la obsesión por mantener una sólida macroeconomía y conjurar los fantasmas de la crisis absorbieron su mayor empeño, Zedillo acometió acciones no menos rotundas, como la invasión de las instalaciones de la UNAM por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP), el 9 de febrero.

Por la vía de la fuerza, el mandatario puso fin a una huelga que se prolongaba ya por diez meses y produjo, en algún momento, cerca de mil detenidos, la mayoría estudiantes. Fue este, sin duda, el acto de fuerza estatal más grave contra una institución de educación superior pública a las que ya de por sí habían golpeado los últimos gobiernos -el suyo incluido- por la vía presupuestal.

En el segundo semestre de este año, el descubrimiento del pasado genocida del argentino Ricardo Miguel Cavallo, d irector del Registro Nacional de Vehículos (que hoy enfrenta un juicio de extradición a España), concesión privada que otorgó la Secretaría de Comercio, terminó por sepultar las expectativas de un buen negocio (el Renave) y suscitó un escándalo que habría conducido al subsecretario de Secofi, Raúl Ramos Tercero, al suicidio.

Quedarán en la memoria de este año hechos que si bien no caían en el ámbito de competencia del gobierno federal, lo tocaban en sus consecuencias o llamaban a la voluntad de aquel para darles salida: la masacre en Chimalhuacán, las inundaciones en Chalco, el encarcelamiento de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por presuntos vínculos con el narcotráfico, y el proceso y fuga de Oscar Espinosa Villarreal. En este último caso, Zedillo aparentemente no entorpeció la justicia, aunque siempre rompió lanzas por su viejo amigo.

Pero difícilmente el hasta ayer presidente será recordado por otras disposiciones que no sean la elevación del IVA a 15 por ciento, el escándalo del rescate bancario (Fobaproa-IPAB), los asesinatos de Aguas Blancas, en Guerrero, y de Acteal, en Chiapas, y la poca disposición para solucionar el conflicto armado en esa entidad. También, claro, por sus chistes.

Sexenio de desatinos

En su expediente quedarán anotados casos como la operación Casa Blanca, orquestada por la DEA y la FBI, en 1997, que significó una violación a la soberanía nacional; el encarcelamiento y sentencia a Raúl Salinas de Gortari, en 1995; el enjuiciamiento del fiscal antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, en 1997; la persecución y fuga del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, en 1999; el auge y caída del secuestrador más sanguinario de la historia nacional, Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, en 1998, y el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas en Ciudad Juárez, en 1999.

Tampoco dejarán de sumársele, como hechos relevantes de este sexenio, la salida a la luz pública de las jubilaciones que recibían José Angel Gurría Treviño y Oscar Espinosa Villarreal, secretarios en este sexenio de Hacienda y de Turismo, respectivamente, y antes directores de Nacional Financiera.

No obstante que en el discurso oficial se insistió en el compromiso de esclarecer los asesinatos políticos del salinismo, el curso de las investigaciones en los casos Posadas, Colosio y José Francisco Ruiz Massieu no satisfizo a la opinión pública.

En plenas fiestas de la Independencia de 1999 se difundió la noticia del suicidio de Mario Ruiz Massieu, primer fiscal en el caso de su hermano y más tarde perseguido por la justicia mexicana, la cual realizó varios intentos fallidos para extraditarlo de Estados Unidos.

El de Zedillo fue un gobierno marcado por la crisis económica, por la permanencia -y aun agudización-- de conflictos regionales, por las contradicciones y los vaivenes políticos. También, por la impresión de amplios sectores sociales y aun de especialistas de que Ernesto Zedillo llegó al más alto cargo de la República prematuramente y sin una preparación suficiente.

Todavía no cumplía un año en la silla presidencial, cuando surgió el rumor -apuntalado desde Estados Unidos por los servicios informativos de la empresa Dow Jones- de que el mandatario estaría entregando el poder al Ejército, dada la dimensión de la crisis. Un golpe de Estado, pues.

Desde agosto de 1995 el mandatario tuvo que enfrentar insinuaciones en ese sentido. Y en la última de las tres conferencias con la prensa que ofreció en su mandato, realizada en la Barranca del Cobre, pidió: ''estén tranquilos'', cuando fue interrogado sobre el tema.

El cash, los malosos y la piedrita

La persona y las actitudes del hoy ex presidente lo hicieron blanco de innumerables ocurrencias populares. Quizá por eso, es mera especulación, habría decidido hacer sus propias chanzas y chistes, ninguno de los cuales, por cierto, alcanzó la posteridad, salvo cuando se podían aplicar a él mismo.

Está el famoso ''no traigo cash'', cuando una anciana le ofreció una servilleta bordada. O cuando aseguró que en el país operaba ''un grupo de malosos''. O cuando comentó: ''traigo una piedra en el zapato, y no es precisamente el subcomandante Marcos''.

Zedillo siempre fue enfático y poco comedido para deslindarse de algún asunto que no consideraba de su responsabilidad e incumbencia.

Era frecuente en sus giras que cortara seca y rápidamente a cualquiera que le pedía su intervención en algún caso de justicia: ''no soy juez'', ''no soy policía'', ''eso no me compete'', ''hable con el gobernador''...

El presidente siempre se dijo renuente a asumir facultades metaconstitucionales. En octubre de 1995 salió al paso de quienes aseguraban que en México había vacío de poder. Entonces hizo un deslinde que a lo largo de su mandato repetiría: ''quienes añoran el autoritarismo, el control vertical, el tótem... están equivocados; todos debemos participar para que se acelere el cambio democrático. El pueblo está harto de ese tipo de presidencialismo; ya no cabe''.

Unos días antes de terminar 1999, el mandatario declaró que en México la democracia y el equilibrio de poderes ''trabajan bien''. Ese fue también, en la segunda mitad de su administración, discurso recurrente: ''el país consolidó su estructura democrática con comicios disputados pero sin conflictos posteriores; en la existencia de gobiernos locales de todo signo, y en la conformación actual del Poder Legislativo''.

No rehuía otros que consideraba también sus grandes triunfos: la conformación autónoma del Instituto Federal Electoral y el invariable respeto al Poder Judicial, que incluso emitió un histórico fallo en su contra. Ostentaba para sí el merecimiento de impulsar la democratización del PRI.

En lo económico, decidió blindar al país e inocular a la economía de ''episodios traumáticos y de nerviosismo'', pues éstos acababan siendo el principio ''de situaciones mucho más graves para cualquier país''. En 1999 diseñó hacia ese objetivo un saco financiero con el único fin de ''romper el ciclo sexenal de crisis económicas''.

Su gobierno negoció entonces acuerdos por diversos montos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Eximbank de Estados Unidos, así como una reafirmación y revalidación del convenio financiero en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Si algo caracterizó al último jefe del Ejecutivo de la era del PRI fue su determinación para aplicar las fórmulas que consideraba correctas en materia económica. Nada lo hacía dudar o rectificar. Varias veces convocó a debatir, a fijar acuerdos hacia una política económica de Estado, pero los acotó previamente, marcó las premisas y los límites. Entonces, casi nadie le hizo eco.

En esa misma lógica se inscribieron medidas como el llamado rescate carretero y la privatización de los ferrocarriles, puertos, terminales aéreas y comunicación satelital.

Tres semanas después de asumir la Presidencia y al estallar la crisis conocida como el error de diciembre, los mexicanos conocieron los alcances de la determinación del Ejecutivo cuando de políticas económicas se trataba.

Zedillo no sólo hizo renunciar a su primer secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, dispuso también un ''programa de ajuste'', pues desde entonces aseguraba que la confianza hacia México retornaría en la medida en que aquel paquete hiciera sentir sus resultados. Y estos no se dejaron esperar: finanzas públicas sanas, inversión extranjera, elevadas exportaciones y menor inflación.

En contrapartida, hoy, 1o. de diciembre, la población en condiciones de pobreza asciende a 72 millones y los salarios mínimos bordean apenas los 100 dólares mensuales. Asimismo la emigración hacia Estados Unidos se incrementó en forma notable y, en general, los niveles de vida de 80 por ciento de la población se encuentran estancados desde 1994.

Por otro lado, cuando en 1995 las tasas de interés bancarias alcanzaron 130 por ciento y la cartera vencida de los bancos se duplicó en sólo seis meses, el gobierno de Zedillo emprendió un programa de rescate de la totalidad de las instituciones del sistema financiero a un paso entonces de la quiebra.

Ese rescate bancario comenzó como un plan para dar liquidez a bancos con pasivos de corto plazo y se convirtió a la postre en una deuda avalada por el gobierno que actualmente alcanza 850 mil millones de pesos, lo que representa 20 por ciento del producto interno bruto y que ha comprometido recursos fiscales para los próximos 30 años.

Esta acción gubernamental de salvamento de la banca distó de ser sólo un pasivo económico en la gestión zedillista. Lejos de ello, su implicación política constituye el verdadero hoyo negro de una administración. En pago, aquellos votaron por el PAN el 2 de julio.