VIERNES 1o. DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Crearon el delito "exaltación del terrorismo"
Aprueban diputados endurecer persecución al entorno de ETA
Ť Se incrementaron penas para los españoles menores de 16 años
Ť Rechazan izquierda y tres entes del Poder Judicial la legislación
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 30 de noviembre Ť El Congreso de los Diputados español aprobó hoy el proyecto de reforma legal presentado por el presidente del gobierno, José María Aznar, con el que se modificará el Código Penal y la ley del menor para endurecer la persecución judicial contra la organización armada vasca ETA y "su entorno".
Las modificaciones penales cuentan con al menos dos rubros polémicos: la creación del llamado delito "exaltación del terrorismo", con el que pretenden procesar a líderes separatistas que pronuncien discursos en la línea del grupo armado independentista, y el incremento de las penas para menores de 16 años, por lo que un adolescente de 12 o 13 años podrá ser encarcelado hasta cinco años por actos de vandalismo y violencia callejera.
Los jóvenes de hasta 18 años, podrían recibir condenas de hasta 10 años de prisión por los mismos actos.
La votación parlamentaria contó con el respaldo del Partido Popular (derecha, en el gobierno), el Partido Socialista Obrero Español (principal fuerza opositora), los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió y la Coalición Canaria, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (en el gobierno regional), Izquierda Unida (tercera fuerza en votos) y el Grupo Mixto (formado por nacionalistas gallegos y catalanes de izquierda) votaron en contra, al considerar la citada reforma como "desorbitada", por privilegiar la sanción frente a la "reinserción o educación" del menor de edad.
El texto contiene un conjunto de medidas para endurecer la persecución del entorno de ETA, con el nuevo delito de "exaltación y justificación del terrorismo, que también contempla el incremento de la duración de inhabilitación para ejercer cargo público".
La reforma a la ley del menor recibió severas críticas de tres instituciones oficiales del Poder Judicial: la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
También fue rechazada por grupos civiles y asociaciones internacionales, entre ellas el comité español de Unicef, que exigió a Aznar que se respete la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Angel Acebes, dijo estar "satisfecho", ya que con la reforma "se evitará la humillación de las víctimas o el terrorismo urbano, actitudes que, o no estaban penadas, o no lo estaban suficientemente". Voceros socialistas dijeron que las medidas no son las mejores, pero son necesarias en este momento.
Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, opinó que las medidas son un ejemplo "del gran escepticismo sobre la condición humana" del gobierno de Aznar, ya que no hay "ninguna atención a la reinserción, la prevención y la educación de los menores".