VIERNES 1o. DE DICIEMBRE DE 2000
Ť No cree Menchú que se declare la incompetencia
Comenzó vista en España contra tres ex dictadores guatemaltecos
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 30 de noviembre Ť La Audiencia Nacional de España empezó hoy la vista que resolverá si da luz verde a la querella por genocidio que presentó la premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, contra ex jefes militares de su país.
Contraria a la apertura del proceso, la fiscalía española apeló al principio doctrinal ius inbello (derecho en guerra) para justificar el genocidio perpetrado en Guatemala en los 36 años de dictadura militar, que según los informes de organismos humanitarios se saldó con más de 200 mil víctimas, la mayoría de ellas de origen maya.
El sumario del caso acusa a los ex presidentes castrenses Fernando Romeo Lucas (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986) de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, así como de la desaparición forzada de 45 mil personas.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional debe analizar ahora si aprueba la competencia de los tribunales españoles en el proceso o se archiva la querella, pero esta última posibilidad es una opción remota dados los precedentes, pues ha aceptado casos de genocidio contra miembros de juntas militares que gobernaron Argentina durante 1976-1983 y contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, destacaron especialistas consultados por La Jornada.
La celebración de la vista de hoy responde a un recurso de apelación presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el conservador Eduardo Fungairiño, que ha mantenido su negativa a la apertura del proceso, junto con el fiscal Pedro Rubira.
Del otro lado están los familiares de las víctimas de la represión militar, bajo el liderazgo de Rigoberta Menchú.
Rubira afirmó que los tribunales españoles no son competentes en este proceso, pues lo que se pretende juzgar es "ya cosa juzgada" en virtud de los acuerdos de paz de Guatemala firmados en 1996.
Además, consideró que la respuesta violenta de las fuerzas armadas guatemaltecas respondió al citado principio de "derecho en guerra", es decir, que estas acciones quedan justificadas debido a que el país centroamericano se encontraba en una situación de enfrentamiento militar.
El abogado de la acusación popular, Carlos Vila, explicó que la defensa mantuvo la tesis de que "la ley de reconciliación nacional no es un juicio, es una ley política que, por tanto, no es vinculante", y señaló que el delito de genocidio "está en el Código Penal español desde 1971 y además de perseguir los crímenes contra la humanidad es un principio de justicia universal, apoyado por el pacto internacional de Nueva York contra el genocidio", ratificado por España en 1968.
En este sentido, Antonio García, abogado del sindicato mayoritario español Comisiones Obreras, afirmó que "si en el caso de Chile y Argentina el concepto de genocidio se interpretó por parte de la sala en sentido amplio, comprendiendo a un grupo nacional opositor, en este caso el genocidio además de pretender exterminar a esa población opositora se dirigió directa y violentamente contra el pueblo maya".
A la salida del pleno judicial, Rigoberta Menchú dijo a La Jornada que "no hay ninguna razón por la que el tribunal dictamine incompetencia en el caso Guatemala, ya que podemos demostrar fehacientemente que el plan contrainsurgente del Estado, del ejército y del sistema en general intentó masacrar la cultura maya (...) Aquí el agravante es que efectivamente 83 por ciento de los crímenes más horrendos se cometió en contra del pueblo maya".
El caso Guatemala cuenta con el sustento de dos informes, el elaborado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas, y el de la Comisión Recuperación de la Memoria Histórica, en los que se documentan los casos de las 200 mil víctimas, 626 matanzas colectivas y el arrasamiento de 440 aldeas.
"Hemos cumplido una misión, que es haber dado la oportunidad a los genocidas que se defiendan (...) cosa que ellos jamás hicieron con los nuestros", dijo Menchú, tras señalar que la causa abierta en la Audiencia Nacional no es únicamente suya o de su pueblo, sino también una causa a nivel nacional "pues aquí se relata, por ejemplo, el descabezamiento masivo que se hizo al movimiento sindical guatemalteco o contra el sistema educativo, o las masacres de los menores".
Terminada la vista judicial, Menchú y una decena de víctimas de la represión militar se dirigieron al madrileño monumento a Cristóbal Colón, donde prendieron veladoras que representan la esperanza de justicia que su pueblo reclama.