DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Increíble, que niegue el genocidio en Guatemala, dijo el jurista argentino


Mezquina, la actitud de la fiscalía española: Slepoy

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 2 de diciembre Ť El jurista argentino Carlos Slepoy, responsable de exponer un resumen de los argumentos de la acusación popular de Guatemala, en un esfuerzo por llevar ante la justicia a represores de la dictadura militar, calificó de "mezquina" la actitud de la fiscalía española en este proceso, que se negó a reconocer como "genocidio" la aniquilación de más de 200 mil personas, en su mayoría de origen de maya, al pretender aplicar el "derecho en guerra" para justificar lo que llamó "la más grave aniquilación étnica cometida en América Latina en este siglo".

La defensa de la acusación popular en el caso Guatemala defendió el viernes en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España la competencia de los tribunales españoles para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y tortura que sufrieron las víctimas de los 36 años de dictadura militar en el país centroamericano.

La querella criminal fue presentada en diciembre del año pasado por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

A lo largo de este año, las víctimas de la represión militar en Guatemala han "vestido" un sumario que ya supera los 5 mil folios con testimonios e informes que documentan matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad a las órdenes de los ex presidentes militares Fernando Romeo Lucas, Humberto Mejía Víctores y Efraín Ríos Montt, y cinco subordinados más.

La vista sobre el recurso de apelación presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairinno, finalizó el viernes con un áspero enfrentamiento entre la parte acusadora --los defensores de las víctimas-- y el defensor de la tesis oficial del órgano judicial, Pedro Rubira, quien aseguró que "no hay indicios" de genocidio en el proceso y que, en todo caso, las decenas de miles de víctimas se justifican bajo la "situación en guerra" en la que se encontraba el país.

En entrevista con La Jornada, Slepoy, quien ha sido una pieza esencial en los casos de las dictaduras de Argentina y Chile, explicó que se expusieron ante la Audiencia Nacional informes de las comisiones del Esclarecimiento Histórico y de la Recuperación de la Memoria Histórica, según los cuales fueron asesinadas unas 200 mil personas, 440 aldeas fueron arrasadas, se perpetraron 626 matanzas y hubo destrucción deliberada de valores culturales y religiosos del pueblo maya, "por lo tanto me parece increíble que la fiscalía considerara que no hay indicios de genocidio".

En cuanto a que Rubira apelara al "derecho en guerra", Slepoy afirmó que "había un conflicto armado pero de ninguna manera una situación de guerra", pero que aun cuando esto fuera cierto, "no justifica la existencia de un genocidio, pues en muchas situaciones de guerra se producen genocidios y el arquetipo de eso es la Segunda Guerra Mundial".

La impulsora de este proceso, Rigoberta Menchú, sostuvo en entrevista con La Jornada que la llegada a los tribunales internacionales de etnocidio en Guatemala permitirá que se abra "una discusión universal sobre el racismo" en el país, y sostuvo que los indígenas padecen no sólo la marginación o la intolerancia, sino que durante la dictadura se intentó aniquilar a una cultura.

"Tendremos que demostrar al mundo el grado de ese racismo; se destapa una olla histórica nunca reconocida y es simbólico que esto ocurra en España, pues siempre se ha dicho que el primer genocidio que sufrió el pueblo maya fue en la Colonia".

Agregó que "esto hizo que muchos guatemaltecos se quedaran atrincherados en lo que pasó hace 500 años, pero no fueron capaces de reconocer su genocidio actual, y al comienzo de un nuevo milenio".